Italia revoca la ciudadanía obtenida con documentos falsos: una señal clara del Consejo de Estado
Un reciente dictamen del Consiglio di Stato lanza un mensaje claro y contundente: la ciudadanía italiana no puede sostenerse sobre bases falsas, y el paso del tiempo no protege a quien la haya obtenido mediante documentación irregular.
El caso examinado se refiere a un ciudadano extranjero que obtuvo la ciudadanía italiana en 2017. Años después, las autoridades comprobaron que el certificado de nacimiento y el certificado de antecedentes penales presentados con la solicitud eran falsos. Sobre la base de este hallazgo, la administración anuló el decreto de concesión de la ciudadanía, ejerciendo su potestad de autotutela.
El interesado impugnó la decisión alegando que había transcurrido demasiado tiempo y que la anulación vulneraba los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. También afirmó haber actuado de buena fe y no ser responsable directo de la falsificación de los documentos.
El Consejo de Estado rechazó estos argumentos y confirmó una línea interpretativa rigurosa pero coherente. Cuando un acto administrativo favorable se obtiene sobre la base de documentos falsos, no puede surgir ninguna expectativa legítima. El transcurso del tiempo no sana una ilegalidad que afecta al fundamento mismo del acto.
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es la afirmación de que resulta irrelevante distinguir entre falsedad material o ideológica, así como la existencia o no de responsabilidad penal. Lo determinante es que la administración haya sido inducida a error y que la decisión se haya adoptado sobre la base de documentos objetivamente falsos.
El Consejo de Estado abordó también la cuestión de las garantías procedimentales, señalando que la comunicación previa de inicio del procedimiento puede omitirse cuando la participación del interesado no pueda modificar razonablemente el resultado. Cuando la falsedad de los documentos está acreditada en su núcleo esencial, la participación procedimental se convierte en un mero formalismo.
Más allá del caso concreto, la decisión tiene un alcance general. Refuerza una jurisprudencia que sitúa el principio de legalidad por encima de la mera estabilidad de los actos administrativos, incluso cuando estos afectan a un estatus tan relevante como la ciudadanía. La nacionalidad italiana, deja claro el Consejo de Estado, no es intocable si su concesión estuvo viciada desde el origen.
Para solicitantes y profesionales, el mensaje es inequívoco: la veracidad y autenticidad de la documentación no son requisitos secundarios, sino condiciones esenciales. La ciudadanía obtenida sobre presupuestos falsos sigue siendo revocable, incluso muchos años después.
Avv. Fabio Loscerbo
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