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Según el TAR del Lacio, un visado turístico no puede denegarse con dudas genéricas sin respetar las garantías del procedimiento

Las autoridades consulares italianas pueden denegar un visado cuando aprecian, a partir de datos concretos, un riesgo de que la persona solicitante no abandone el espacio Schengen al terminar su estancia. Pero ese poder de valoración no permite convertir una sospecha genérica en una resolución inmune a las garantías del procedimiento. El Tribunal Administrativo Regional del Lacio (TAR Lazio), sección V-quater, en su sentencia n.º 15120 de 22 de septiembre de 2026, anuló una denegación de visado turístico por carencias en la instrucción, la motivación y la participación de la interesada.

Una solicitud tramitada ante el consulado italiano en Erbil

El asunto se refería a una ciudadana iraquí que había solicitado un visado de turismo para viajar a Italia. El consulado italiano en Erbil denegó la solicitud el 5 de diciembre de 2023. La razón indicada consistía, sustancialmente, en que había dudas razonables sobre la intención de la solicitante de salir del territorio de los Estados miembros antes de la caducidad del visado.

La interesada recurrió ante la jurisdicción administrativa italiana. Alegó que no se le había comunicado previamente la intención de rechazar la solicitud, que no había existido un verdadero intercambio contradictorio y que la motivación no descansaba en una investigación suficiente de sus circunstancias. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia compareció en el proceso para defender la actuación consular.

En la sentencia de 22 de septiembre de 2026, tras una vista celebrada el 26 de mayo, el TAR consideró fundadas las objeciones y anuló la denegación.

El principio afirmado por el tribunal

El tribunal observó que el supuesto riesgo migratorio se había presentado con formulaciones excesivamente hipotéticas y sin una base suficientemente individualizada. Además, el consulado no había dirigido a la solicitante el preavviso di rigetto previsto en el artículo 10-bis de la Ley italiana n.º 241/1990, que el tribunal consideró obligatorio conforme a la normativa aplicable temporalmente al caso. Tampoco había habido siquiera el mínimo diálogo administrativo que podía proporcionar una entrevista consular.

La consecuencia conjunta de estas omisiones fue un déficit de instrucción y de motivación. Según el razonamiento judicial, la interesada no había podido presentar sus argumentos durante el procedimiento antes de recibir una decisión desfavorable. El juez no sustituyó su criterio por una valoración propia del riesgo migratorio; controló que la decisión fuera adoptada respetando las garantías legales pertinentes.

Es importante reproducir el alcance del fallo con exactitud. La resolución no afirma que toda denegación de visado turístico deba ser precedida siempre, sin excepciones y cualquiera que sea el régimen aplicable, de un preaviso idéntico. El propio tribunal habla de la obligación ratione temporis, es decir, atendiendo a la legislación aplicable cuando se tramitó esa solicitud concreta. La compatibilidad entre la normativa italiana, el Código de Visados Schengen y las reglas procedimentales debe examinarse en cada supuesto.

Qué significa una motivación individualizada

Una mención abstracta al riesgo de permanencia irregular no explica por sí sola qué circunstancias específicas llevaron a la autoridad a desconfiar del propósito declarado del viaje. El análisis de un visado turístico puede comprender el itinerario, la situación económica, los vínculos familiares y profesionales, la documentación del viaje, antecedentes migratorios y otros factores relevantes. Ninguno de esos elementos garantiza automáticamente la concesión del visado, pero tampoco debe ser sustituido por fórmulas vacías.

El solicitante tiene interés en conocer la razón efectiva del rechazo para decidir si puede aportar una explicación, corregir una información inexacta o impugnar la decisión. La calidad de la motivación facilita también el control judicial posterior: permite identificar si se realizó una valoración concreta o se utilizó una presunción no explicada.

La diferencia entre anular el rechazo y conceder el visado

El fallo del TAR fue favorable a la recurrente: anuló la denegación y condenó al Ministerio al pago de 1.500 euros en concepto de costas, además de los accesorios legales. Sin embargo, el tribunal no concedió directamente un visado turístico ni declaró que toda sospecha sobre la salida de la solicitante fuese necesariamente imposible. El efecto directo de la sentencia es eliminar el acto administrativo ilegal y obligar a la Administración a cumplir el pronunciamiento.

Al reexaminar una solicitud, la autoridad consular debe respetar el marco jurídico aplicable y no repetir los vicios que motivaron la anulación. Esto no impide que, si existen razones legalmente válidas, suficientemente comprobadas y motivadas, la decisión final pueda seguir siendo desfavorable.

Cómo preparar una reacción frente a una denegación

Cuando una persona recibe una denegación de visado para Italia, el primer paso es conservar la resolución completa y la fecha exacta de su notificación. Debe identificarse la categoría del visado, el motivo marcado o expresado en el documento, el consulado competente y las pruebas ya aportadas. También conviene reunir la documentación relativa al alojamiento, al desplazamiento, a los recursos económicos y a las circunstancias que apoyan la intención de regresar al país de residencia.

Si la motivación es escueta o se apoya en dudas sobre la salida del espacio Schengen, el análisis jurídico debe comparar esas dudas con los datos efectivamente disponibles. Una reclamación rigurosa no se limita a invocar la buena fe del solicitante: expone documentos, hechos comprobables y, cuando proceda, las garantías omitidas durante el procedimiento. Es preciso distinguir la insuficiencia de motivación de la inexistencia de los requisitos sustantivos del visado.

Según la información institucional publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, frente a una denegación ordinaria de visado cabe acudir al TAR del Lacio dentro de los 60 días desde la notificación; los litigios sobre visados de reagrupación familiar tienen un régimen judicial distinto. La verificación de la vía, el plazo y las condiciones del recurso es esencial: presentar una nueva solicitud no debe asumirse como suspensión automática del plazo para impugnar el acto anterior.

La importancia institucional de la sentencia

Este caso ilustra que el control migratorio y las garantías procedimentales no son objetivos incompatibles. Una administración puede examinar rigurosamente el riesgo de permanencia irregular y denegar solicitudes que incumplan las condiciones legales. Lo que no puede hacer, cuando la ley exige una valoración específica y participación previa, es resolver mediante afirmaciones puramente hipotéticas sin permitir que la persona afectada aclare los hechos.

La lección práctica del TAR Lazio es, por tanto, doble: las solicitudes de visado deben prepararse con pruebas consistentes, pero también las denegaciones deben superar un control de legalidad sobre sus razones y sobre el procedimiento seguido. La discrecionalidad administrativa no equivale a ausencia de motivación.

Sentencia analizada: TAR Lazio, Roma, Sezione V-quater, 22 de septiembre de 2026, n.º 15120, presidente Arzillo, ponente Giordano. Texto íntegro de la sentencia. Información oficial sobre recursos: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

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Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal de Casación italiano (Avvocato Cassazionista)
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados de Italia en materia de inmigración
Grupo de presión inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea con el número 280782895721-36, en materia de migración y asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Artículo redactado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.

Secondo il TAR Lombardia, il diniego di registrazione della convivenza va contestato davanti al giudice ordinario

Una sentenza sulla competenza del giudice che incide anche sui percorsi di soggiorno. Il TAR Lombardia, Milano, Sezione I, con sentenza 1° luglio 2026, n. 3494, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso proposto contro il rifiuto comunale di registrare un contratto di convivenza. La decisione affronta un problema ricorrente nelle vicende dei cittadini stranieri: non basta individuare il diritto che si intende proteggere; occorre anche scegliere il giudice competente e formulare una domanda coerente con la natura dell'attività amministrativa contestata.

La vicenda: due conviventi, residenze anagrafiche non coincidenti e diniego del Comune

Nel caso esaminato, due persone avevano sottoscritto un contratto di convivenza ai sensi della legge n. 76 del 2016. Successivamente era stata richiesta al Comune la registrazione del contratto e l'esecuzione degli adempimenti anagrafici collegati. L'amministrazione comunale aveva negato la registrazione perché uno dei conviventi risultava iscritto nell'anagrafe di un Comune diverso da quello di residenza dell'altra persona.

Il ricorrente aveva sostenuto di vivere stabilmente con la partner e aveva rappresentato che la situazione documentale relativa al soggiorno rendeva problematica la regolarizzazione della posizione anagrafica. L'interesse concreto era evidente: il riconoscimento e la documentazione della convivenza potevano assumere rilievo anche nella tutela della vita familiare e nella valutazione della posizione di soggiorno. L'interessato aveva quindi chiesto al TAR l'annullamento del diniego comunale e, in sostanza, l'adozione degli atti anagrafici e di registrazione richiesti.

Il punto preliminare: quale giudice può decidere?

Il TAR non ha affrontato nel merito la questione se la convivenza fosse effettiva, se i presupposti per la registrazione ricorressero o se il Comune avesse legittimamente respinto l'istanza. Ha anzitutto dovuto stabilire se la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa. Il Collegio ha richiamato la natura vincolata delle operazioni di iscrizione e registrazione anagrafica e il loro collegamento con posizioni di diritto soggettivo.

La distinzione è fondamentale. Vi sono procedimenti nei quali l'amministrazione esercita poteri autoritativi, la cui legittimità è sindacata normalmente dal giudice amministrativo. In altre situazioni, l'ufficio pubblico è chiamato ad accertare presupposti stabiliti dalla legge e a dare attuazione a un diritto soggettivo. In quest'ultima ipotesi, una controversia che investa direttamente l'accertamento anagrafico può appartenere al giudice ordinario, anche se l'atto contestato proviene formalmente da un Comune.

La sentenza n. 3494/2026 colloca proprio in questa seconda categoria la domanda concernente la registrazione della convivenza e i conseguenti adempimenti di residenza. Non è dunque sufficiente la presenza di un «diniego amministrativo» per rendere automaticamente competente il TAR.

L'esito del giudizio e ciò che la sentenza non ha deciso

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; il TAR ha indicato la possibilità di riproporre la controversia davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo previsto dall'art. 11 del codice del processo amministrativo. Il Comune non si era costituito in giudizio e non è stata adottata una statuizione sulle spese. Si tratta di una decisione processuale, non di un accertamento definitivo sulla sussistenza del diritto sostanziale alla registrazione.

Questo è il limite interpretativo più importante del caso. Non sarebbe corretto presentare la sentenza come una pronuncia che obbliga ogni Comune a registrare qualunque contratto di convivenza a prescindere dalle risultanze anagrafiche; né, all'opposto, come una conferma della legittimità del diniego. Il TAR ha deciso che la specifica controversia doveva essere esaminata da un'altra giurisdizione, lasciando impregiudicato l'accertamento dei fatti e dei requisiti.

Convivenza di fatto, registrazione e soggiorno: tre piani da non confondere

La legge n. 76 del 2016 disciplina anche la convivenza di fatto e i contratti che i conviventi possono stipulare per regolamentare determinati rapporti patrimoniali. La situazione affettiva concreta, il suo accertamento anagrafico e il possesso di un titolo di soggiorno non sono, tuttavia, concetti sovrapponibili. Ciascuno risponde a presupposti specifici e può richiedere documenti, procedimenti e tutele diversi.

Per il cittadino straniero legato stabilmente a un cittadino italiano o dell'Unione europea, la vicenda può coinvolgere anche il diritto dell'Unione in materia di circolazione e soggiorno e la tutela della vita familiare. Ma non ogni rapporto di convivenza determina automaticamente il rilascio di una carta di soggiorno; occorre verificare il regime applicabile, la situazione del cittadino di riferimento, la stabilità della relazione e le condizioni richieste dalla disciplina pertinente. In particolare, la registrazione anagrafica non deve essere confusa con un provvedimento costitutivo del diritto al soggiorno.

Il problema operativo emerge quando gli uffici si rinviano reciprocamente: per una pratica di soggiorno si chiede un documento anagrafico e, per ottenere il documento anagrafico, vengono prospettate difficoltà legate al titolo di soggiorno. La risposta difensiva non può limitarsi a qualificare genericamente l'accaduto come un «circolo vizioso»; deve individuare il singolo adempimento richiesto, la disposizione che lo disciplina e l'autorità tenuta a pronunciarsi.

Come impostare il fascicolo prima del contenzioso

Un'istruttoria difensiva accurata dovrebbe ricostruire la residenza anagrafica risultante dai registri, il luogo della dimora abituale, la documentazione della vita comune, gli eventuali contratti e dichiarazioni sottoscritti, il testo dell'istanza rivolta al Comune e il contenuto esatto della risposta ricevuta. È essenziale distinguere una richiesta di cambio di residenza da una domanda di registrazione del contratto di convivenza e da una domanda sul diritto al soggiorno: se vengono cumulate indiscriminatamente, il rischio è di confondere piani giuridici diversi.

Occorre inoltre acquisire prova delle comunicazioni e della loro ricezione. La data del diniego e la natura del rimedio disponibile possono incidere sulla strategia processuale. In caso di controversia sulla giurisdizione, l'art. 11 c.p.a. disciplina la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legge. È quindi imprudente attendere senza verificare immediatamente come preservare gli effetti della domanda originaria.

La scelta del rimedio non si decide dal nome dell'ufficio

Dal punto di vista del professionista, la sentenza è utile anche come metodo di qualificazione della controversia. Prima di predisporre un ricorso occorre chiedersi quale situazione giuridica venga fatta valere, quale potere abbia concretamente esercitato l'amministrazione e quale effetto si chieda al giudice di produrre. Se il cuore della domanda è il riconoscimento di un diritto soggettivo relativo all'iscrizione anagrafica, non basta chiamare l'atto «diniego del Comune» per trasferire la controversia alla giurisdizione amministrativa.

Allo stesso tempo, non si deve dedurre da questo caso che ogni controversia nella quale compaia un Comune o un rapporto familiare appartenga al giudice ordinario. Un eventuale provvedimento della Questura sul permesso di soggiorno, una decisione consolare su un visto, un diniego comunale in un settore differente e una controversia anagrafica possono seguire regimi sostanziali e processuali distinti. La giurisdizione dipende dall'oggetto effettivo della domanda, non dal titolo che le attribuisce il ricorrente.

Un orientamento per le famiglie e per gli operatori

La decisione del TAR Milano n. 3494/2026 non offre una scorciatoia per ottenere il permesso di soggiorno e non risolve nel merito la complessa relazione tra anagrafe e convivenza. Offre, però, un'avvertenza precisa: anche quando una questione coinvolge diritti familiari e la posizione di un cittadino straniero, il contenzioso deve essere promosso davanti al giudice munito di giurisdizione. L'errore nella scelta del foro ritarda l'esame della domanda e può rendere più complessa la tutela, proprio nei procedimenti in cui il tempo costituisce un elemento essenziale della vicenda personale.

La qualità della difesa si misura quindi anche nella corretta delimitazione dell'oggetto del ricorso: distinguere l'accertamento del rapporto, la registrazione anagrafica e il titolo di soggiorno consente di formulare richieste verificabili, documentare i fatti rilevanti e indirizzare ogni domanda al suo giudice naturale.

Pronuncia verificata: TAR Lombardia, Milano, Sezione I, sentenza 1° luglio 2026, n. 3494, R.G. n. 3989/2025; testo integrale consultabile su Doctrine, con collegamento al documento di fonte giudiziaria.

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Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

According to the Emilia-Romagna Regional Administrative Court, a committee opinion cannot automatically block a young migrant's work permit

Judgment discussed: Regional Administrative Court (TAR) for Emilia-Romagna, Bologna, First Section, judgment no. 4 of 5 January 2026 (hearing of 17 December 2025). Subject: conversion of a residence permit issued to an unaccompanied foreign minor into a permit for work upon reaching adulthood, under Article 32(1-bis) of Legislative Decree no. 286/1998.

The question behind the case

For an unaccompanied minor approaching the age of eighteen, the transition from a residence permit linked to minority to a work-related permit can determine whether a real programme of education and employment continues or is interrupted. This is not simply a matter of presenting a form. The authorities must consider the legal conditions of conversion, the opinion issued within the procedure and the concrete information concerning the young person's integration. A decision that turns an advisory step into an automatic veto risks overlooking the essential distinction between gathering evidence and deciding an application.

That distinction was central to judgment no. 4/2026 of the TAR for Emilia-Romagna, Bologna. The decision is especially useful to applicants, social workers, employers and lawyers because it explains the limits of a negative opinion and the continuing responsibility of the competent police headquarters (Questura).

What happened in Ravenna

The case concerned a young foreign national who requested conversion of the residence permit originally granted on account of minority. On 24 July 2025, the Questura of Ravenna refused the application. The administration pointed out that the applicant had entered Italy only nine months before becoming an adult, so he had not completed a two-year social and civic integration programme and could not rely on more than three years of presence in Italy. The relevant committee's opinion also did not endorse the applicant's integration pathway.

The applicant challenged the refusal. He argued that the committee's opinion was not binding, that the procedural requirements could not be applied with excessive formalism, and that the Questura remained responsible for assessing his personal circumstances. Among the matters invoked was employment in the agricultural sector. These were arguments put forward in the litigation; the judgment did not establish that the mere existence of a job automatically entitles every applicant to conversion.

The principle actually affirmed by the TAR

The TAR annulled the refusal, criticizing the excessive formalism of the administrative assessment. It recalled that the committee's opinion forms part of the administrative inquiry: it is a necessary procedural contribution in the circumstances governed by the provision, but it does not itself decide the application and is not binding on the Questura. The obligation to manage the relevant procedural steps cannot simply be transferred to the young applicant.

Above all, a negative opinion does not release the police authority from the duty to make an autonomous and reasoned evaluation. The Questura may consider the material gathered by social services and the competent bodies, request further information and assess whether the statutory requirements are met. It cannot treat an advisory assessment as a substitute for the decision it is required to take. The court therefore set aside the challenged refusal; it did not declare that all applicants in a comparable position must be issued a work permit without further examination.

Why the distinction matters

The legal importance of the ruling lies in the division of institutional responsibilities. Social services and the committee contribute specialist assessments; the Questura exercises the final administrative power. An apparently technical distinction can have major consequences when a young person has an incomplete or unusually short period of residence but can demonstrate concrete progress in training, work and social integration. The administration must address the actual evidence and justify the outcome by reference to the applicable legal framework, not by repeating a formula.

For legal practitioners, the judgment also suggests a useful distinction when challenging a refusal: the criticism may concern not only whether a substantive requirement exists, but also whether the administration mistakenly considered the committee's view decisive and failed to conduct the assessment required of it. The applicable legislation and the personal history of the individual case always remain determinative.

Practical steps for applicants and those assisting them

A person preparing for conversion should preserve the original residence documents, evidence of entry and placement, the educational or social services programme, any reports evaluating progress, training certificates, contracts and pay documentation where available. The record should explain what actually happened during the period of residence, especially if the young person arrived shortly before adulthood. Social workers and lawyers can identify gaps in the file and request access to the administrative documents to understand the grounds of any negative decision.

If a refusal is issued, its legal basis, notification date, reasons and available remedies must be examined immediately. Deadlines and the competent court depend on the nature of the contested act. The TAR's ruling supports a challenge to mechanistic decision-making, but it does not replace an individual legal assessment or guarantee success. Equally, it does not eliminate statutory requirements: rather, it requires the competent authority to apply them correctly and explain its reasoning.

A broader lesson for migration administration

The transition to adulthood is precisely the point at which public institutions should coordinate most carefully. When the law requires multiple bodies to participate, a procedural opinion is meant to improve the quality of the decision, not to conceal the authority responsible for it. The judgment makes this administrative principle visible through a concrete immigration case: responsibility for the final decision remains with the body legally entrusted with deciding.

Verified reference: TAR Emilia-Romagna, Bologna, Section I, judgment 5 January 2026, no. 4. Case analysis and link to the decision: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza – Italian case-law review, Family and minors (entry “MSNA – conversione permesso di soggiorno da minore età a lavoro”). Legislative framework: Legislative Decree no. 286/1998, Article 32.

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Avv. Fabio Loscerbo
Lawyer qualified to practise before Italy's Court of Cassation and other higher courts
Registered in the Chamber of Deputies' Register of Interest Representatives for immigration matters
Registered lobbyist in the European Union Transparency Register, no. 280782895721-36, for migration and asylum matters
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This article was prepared with the assistance of AI tools, under the author's direction, review and editorial responsibility.

Selon le TAR de Lombardie, le passage du séjour pour études au travail ne dépend plus des quotas d'entrée

Une étudiante étrangère termine ses examens en Italie, trouve un emploi et demande la conversion de son titre de séjour pour études en titre de séjour pour travail salarié. L'administration peut-elle refuser sa demande au motif qu'elle ne présente pas une autorisation liée aux quotas annuels d'entrée des travailleurs étrangers ? Selon le tribunal administratif régional de Lombardie (TAR Lombardia), Milan, quatrième section, dans son jugement n° 3682 du 14 juillet 2026, une telle motivation est illégale lorsque la demande relève de la réglementation qui a supprimé la condition des quotas pour cette conversion.

Les faits : des études universitaires à un emploi dans l'hôtellerie

La requérante était entrée en Italie avec un titre de séjour pour études. Elle avait suivi des formations liées à l'architecture du paysage et à la planification urbaine au Politecnico di Milano. Après avoir terminé les examens prévus, elle avait trouvé un emploi auprès d'un établissement hôtelier. Le 3 mai 2023, elle avait demandé la transformation de son titre étudiant en titre pour travail salarié.

La Questura de Milan a rejeté la demande par une décision datée du 31 janvier 2025. Elle reprochait à l'intéressée l'absence de « nulla osta » du guichet unique pour l'immigration attestant la disponibilité d'une place dans les quotas d'admission au travail, ou, à défaut, d'un contrat de séjour signé en préfecture. La requérante a contesté ce refus devant le juge administratif.

Le TAR a accueilli son recours et annulé le refus. Il ne s'est pas contenté de relever une irrégularité formelle : il a identifié une erreur dans le choix même de la règle juridique utilisée par la Questura.

Le point décisif : la modification de l'article 6 du texte unique sur l'immigration

L'article 6, paragraphe 1, du décret législatif italien n° 286/1998 organise notamment la conversion du titre de séjour pour études ou formation en titre pour travail. Dans son ancienne rédaction, le dispositif faisait référence aux quotas d'entrée prévus pour les travailleurs étrangers. Le décret-loi n° 20 du 10 mars 2023, converti par la loi n° 50 du 5 mai 2023, a introduit la possibilité de convertir le titre en dehors des quotas. Le décret-loi n° 75 du 22 juin 2023 a ensuite harmonisé la rédaction de la disposition en supprimant le renvoi résiduel à ces quotas.

La décision du TAR explique une difficulté particulière de technique législative : après la première réforme de 2023, le texte comportait encore une mention de l'ancien système des quotas, alors que la modification avait précisément pour objectif de permettre la conversion hors quotas. Le législateur a ensuite corrigé cette incohérence. Pour le juge, la Questura ne pouvait donc pas continuer à appliquer le régime antérieur à la demande de l'étudiante.

La circonstance que la demande ait été déposée le 3 mai 2023, et que le refus soit intervenu le 31 janvier 2025, est importante dans le raisonnement : le TAR a estimé que le régime nouveau était pertinent pour apprécier la légalité de la décision contestée.

Ce que le jugement affirme — et ce qu'il n'affirme pas

La portée de la décision est précise. L'administration avait motivé le refus par le défaut d'une autorisation liée à la disponibilité d'une place dans les quotas. Or ce motif ne pouvait plus, à lui seul, faire obstacle à la conversion prévue par l'article 6 dans sa version applicable. Le juge a donc annulé le refus.

Cela ne signifie pas que toute personne titulaire d'un permis étudiant obtient automatiquement un permis pour travail. Le demandeur doit toujours pouvoir démontrer les conditions substantielles de la conversion qui lui sont applicables, notamment l'existence d'une activité professionnelle réelle et les autres exigences légales pertinentes. La suppression de la contrainte des quotas n'efface ni l'examen du dossier, ni les règles relatives au séjour et au travail.

De même, le jugement ne constitue pas une décision générale autorisant à négliger tout document demandé par l'administration : il censure une exigence précise, utilisée comme obstacle alors que la base légale de cette exigence n'était plus applicable à l'espèce.

Conséquences pratiques pour les étudiants étrangers et leurs employeurs

Pour un étudiant qui envisage de travailler en Italie après ses études, la préparation du dossier reste essentielle. Il convient de conserver le titre de séjour et ses récépissés, les documents universitaires, les éléments établissant l'emploi proposé ou déjà commencé, le contrat et toute pièce utile à la vérification des conditions légales de conversion. L'employeur a lui aussi intérêt à documenter correctement la relation de travail et les formalités correspondantes.

Si la Questura adresse un avis préalable de rejet ou une décision négative invoquant encore les quotas, il faut vérifier la date de la demande, la version de l'article 6 effectivement applicable et la nature exacte de l'autorisation exigée. Une distinction doit être faite entre une autorisation de quota devenue sans objet dans cette procédure et les éventuelles autres vérifications administratives qui demeurent légales.

Une réponse argumentée à l'avis préalable, ou un recours contre le refus définitif, doit confronter précisément la motivation de l'administration à la réforme de 2023. Les délais et les voies de recours figurant dans la notification doivent être examinés immédiatement : la seule existence d'une jurisprudence favorable ne suspend pas les délais procéduraux.

Après l'annulation, un nouvel examen reste nécessaire

Dans l'affaire jugée à Milan, le dispositif prononce l'annulation du refus de la Questura et compense les frais de justice. Le jugement ne se substitue pas matériellement à l'administration pour délivrer le document de séjour. La Questura doit tirer les conséquences de la décision et réexaminer la situation conformément à la règle rappelée par le tribunal.

La distinction est fondamentale en pratique : obtenir l'annulation d'un refus fondé sur les quotas est une étape juridiquement décisive, mais il reste à faire aboutir la procédure administrative et à suivre effectivement la délivrance du titre, sous réserve des conditions applicables au dossier individuel.

Une leçon de droit administratif au-delà du cas individuel

L'intérêt de cette affaire dépasse la seule transition entre études et emploi. Lorsqu'une réforme modifie les conditions d'accès à un titre de séjour, les administrations doivent fonder leurs décisions sur la réglementation applicable, et non reproduire mécaniquement les exigences d'anciennes pratiques. Le contrôle du juge porte ainsi non seulement sur les faits, mais sur la justesse du cadre normatif invoqué.

Décision commentée : TAR Lombardia, Milan, section IV, jugement n° 3682 du 14 juillet 2026, recours R.G. n° 1480/2026. Texte intégral de la décision.

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Avv. Fabio Loscerbo
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Según el Tribunal de Roma, la Questura debe registrar la solicitud de protección por explotación laboral sin esperar la opinión de la Fiscalía

En Italia, una persona extranjera que denuncia haber sufrido explotación laboral no puede quedar sin posibilidad de formalizar su solicitud de permiso por casos especiales únicamente porque todavía no se haya emitido la valoración de la Fiscalía. Un decreto cautelar del Tribunal ordinario de Roma, de 20 de octubre de 2026, ha distinguido la fase de presentación y registro de la solicitud del examen posterior de los requisitos para conceder el permiso previsto en el artículo 18-ter del Decreto Legislativo italiano 286/1998. El tribunal ordenó a la Questura de Roma fijar una cita para formalizar la solicitud en un plazo de cuarenta días desde la comunicación del decreto.

El caso: un trabajador denuncia explotación y necesita documentar su solicitud

El procedimiento se originó en la situación de un ciudadano extranjero que había denunciado hechos que, según su relato, constituían intermediación ilícita y explotación laboral, conductas reguladas por el artículo 603-bis del Código Penal italiano. En el marco de las investigaciones había pedido a la Fiscalía de Roma una propuesta favorable para la concesión del permiso por casos especiales del artículo 18-ter.

Mientras esperaba esa valoración, el interesado solicitó a la Questura la recepción formal de su solicitud y la correspondiente constancia o recibo, conocida habitualmente como cedolino. La Questura consideraba necesario contar previamente con la intervención favorable de la Fiscalía incluso para expedir ese justificante documental. La defensa presentó entonces una petición urgente ante el juez civil para que se ordenara recibir y formalizar la solicitud.

Según la reconstrucción publicada por el portal institucional del Ministerio de Trabajo italiano, el caso incluía circunstancias particularmente relevantes: el trabajador había presentado una denuncia, había sido atendido por una red de protección contra la trata y se encontraba incorporado a una estructura protegida y a un programa de asistencia e integración social. Esos elementos fueron valorados por el tribunal al examinar la urgencia y la apariencia de buen derecho.

¿Qué es el permiso del artículo 18-ter?

El artículo 18-ter del Texto Único de Inmigración italiano contempla un permiso de residencia por casos especiales destinado a determinados supuestos de explotación laboral. Su aplicación requiere el cumplimiento de las condiciones previstas por el legislador y la intervención de las autoridades competentes. No es una regularización general ni un permiso que se obtenga simplemente por afirmar que se ha trabajado en condiciones difíciles.

Su función es evitar que las víctimas de formas relevantes de explotación queden desprotegidas precisamente cuando su situación necesita ser examinada por las autoridades. En particular, la norma tiene relación con los delitos de explotación e intermediación ilícita y con los mecanismos de protección que permiten a las personas afectadas salir de contextos de vulnerabilidad.

El apartado 6 del artículo 18-ter regula los efectos relacionados con la presentación de la solicitud y la expedición del justificante. La existencia de este mecanismo es importante porque, mientras la administración investiga y decide sobre el permiso, la persona puede necesitar una prueba documental de que ha iniciado correctamente el procedimiento.

La distinción decisiva: registrar la solicitud no significa conceder el permiso

El Tribunal de Roma consideró que formalizar una solicitud y decidir si debe concederse el permiso son actuaciones jurídicamente diferentes. La Questura es la autoridad competente para recibir la solicitud. La valoración sobre si se cumplen los requisitos materiales, incluida la intervención que corresponda a la Fiscalía, pertenece a una fase posterior.

Por ello, condicionar la simple formalización de la solicitud a una opinión previa favorable de la Fiscalía significaría anticipar indebidamente una valoración de fondo. La administración estaría impidiendo que comenzara o quedara documentada una solicitud precisamente porque aún no dispone de todos los elementos necesarios para resolverla.

El tribunal apreció la existencia del fumus boni iuris, es decir, elementos suficientes para considerar plausible el derecho invocado en la vía cautelar. También reconoció el periculum in mora, el riesgo de que la demora provocara daños relevantes para la integración y la situación jurídica del solicitante. Las circunstancias del programa de protección y de la denuncia fueron fundamentales en esa valoración.

¿Qué ordenó exactamente el tribunal?

Con decreto cautelar de 20 de octubre de 2026, el Tribunal ordinario de Roma estimó la petición urgente y ordenó a la Questura que, dentro de los cuarenta días siguientes a la comunicación del decreto, fijara la cita para la formalización de la solicitud de permiso de residencia del artículo 18-ter, con la consiguiente documentación del trámite conforme a la disciplina aplicable.

No se trata de una sentencia de reconocimiento definitivo del permiso. El tribunal no sustituyó a la administración ni a la Fiscalía en el examen de los requisitos sustantivos, y no declaró que toda persona que denuncia una irregularidad laboral obtenga automáticamente un título de residencia. Lo que protegió fue la posibilidad de presentar y documentar la solicitud sin un obstáculo administrativo previo que la norma no exige para esa etapa.

Qué debería conservar una persona que se encuentre en una situación semejante

Primero, la documentación de los hechos y de la denuncia. Son relevantes las comunicaciones presentadas ante las autoridades, los documentos de empleo, las nóminas existentes, los horarios y otros elementos que permitan describir la explotación denunciada. La protección de datos personales y la seguridad del trabajador exigen cuidado al compartir información sensible; las pruebas deben canalizarse por vías apropiadas.

Segundo, las pruebas de las solicitudes dirigidas a la administración. Si se ha pedido a la Questura una cita o la recepción de la solicitud, conviene conservar las comunicaciones, los acuses de recibo, las respuestas y las fechas. Una petición verbal de información no equivale necesariamente a una solicitud administrativa formalmente presentada.

Tercero, los documentos relativos a los programas de protección. La intervención de servicios especializados, el acompañamiento por una entidad autorizada y la existencia de un programa de asistencia pueden ser circunstancias importantes. En el caso examinado, el tribunal valoró expresamente la incorporación del interesado a un itinerario de protección e integración.

Cuarto, la situación procesal ante la Fiscalía. Debe distinguirse la denuncia penal de la propuesta o valoración prevista para el procedimiento de residencia. No se debe afirmar que la inexistencia de una propuesta favorable obliga a rechazar la recepción de la solicitud; tampoco que la denuncia, por sí sola, determina siempre el resultado definitivo.

Si la Questura se niega a recibir la solicitud

La persona interesada debe procurar una respuesta escrita que permita comprender qué acto o actuación se le está negando. Conviene formular una petición identificable, referida al artículo 18-ter y a la fase concreta del procedimiento. Cuando la falta de recepción impide conseguir un justificante, estudiar, trabajar o continuar un programa de protección, resulta importante documentar el perjuicio que causa la demora.

El caso de Roma demuestra que, en circunstancias particulares, puede solicitarse tutela cautelar ante el juez ordinario competente. Sin embargo, la vía procesal, los requisitos de urgencia y la posibilidad de obtener un mandato judicial dependen del expediente. No es correcto trasladar automáticamente el plazo de cuarenta días de ese decreto a todas las Questure: se trataba del plazo impuesto judicialmente en aquella controversia.

¿Qué significa el recibo mientras la administración decide?

El recibo acredita la presentación de una solicitud determinada y puede producir los efectos de estancia y actividad laboral que reconoce la legislación aplicable. Sus efectos concretos deben examinarse según el tipo de procedimiento y la situación del solicitante. Por eso no conviene confundir una constancia de presentación con el permiso definitivo ni atribuirle una duración o unos derechos que no estén previstos en el texto legal correspondiente.

El objetivo de la medida judicial fue asegurar que el interesado pudiera entrar efectivamente en el procedimiento administrativo, sin dejar su situación indefinida mientras se espera una valoración de la Fiscalía. La administración conserva la obligación de resolver conforme a la ley y puede adoptar una decisión desfavorable cuando existan razones legales y se respeten las garantías pertinentes.

Un precedente para la protección frente a la explotación laboral

El valor de esta decisión radica en la separación entre dos responsabilidades públicas: garantizar el acceso al procedimiento y examinar rigurosamente el fundamento de la solicitud. Ninguna de las dos tareas excluye a la otra. Permitir que la persona formalice su solicitud no prejuzga la concesión del permiso; impedir esa formalización puede vaciar de efectividad el sistema de protección.

Para trabajadores extranjeros, asociaciones y profesionales, la enseñanza práctica es identificar la fase exacta en la que se encuentra el expediente y documentar los efectos concretos de la negativa o demora. De esa forma, la respuesta jurídica no confunde el acceso a un mecanismo de protección con la decisión definitiva sobre el título de residencia.

Fuentes verificables

Tribunal ordinario de Roma, decreto cautelar de 20 de octubre de 2026, relacionado con el artículo 18-ter del Decreto Legislativo n.º 286/1998. Reconstrucción y referencia al decreto en el portal oficial del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, 2 de noviembre de 2026; presentación del caso por Progetto Melting Pot Europa, con referencia al documento judicial. Normativa relacionada: artículo 18-ter del Decreto Legislativo n.º 286/1998 y artículo 603-bis del Código Penal italiano.

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Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal Supremo de Casación italiano.
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados de Italia en materia de inmigración.
Representante de intereses registrado en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, n.º 280782895721-36, en materia de migración y asilo.
ORCID: 0009-0004-7030-0428.
Artículo redactado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.

Selon le TAR de Milan, le décret flussi impose une évaluation réelle de la capacité économique de l'employeur

Pour obtenir une autorisation de recrutement d'un travailleur étranger en Italie, le chiffre d'affaires, les commandes et la solidité financière de l'entreprise peuvent être pertinents. Mais des éléments sérieux d'irrégularité contributive et d'absence de fiabilité peuvent également justifier un refus, même si l'entreprise affirme disposer de ressources. C'est l'enseignement du jugement n° 102 du 9 janvier 2026 du Tribunal administratif régional de Lombardie, Milan, quatrième section, consacré à cinq refus de nulla osta au travail dans le cadre du décret flussi 2020.

La question posée au tribunal : comment apprécier la capacité de recruter ?

Une société italienne avait demandé des autorisations préalables pour faire venir cinq travailleurs étrangers. La Préfecture de Milan avait rejeté ces demandes au motif, notamment, que les ressources et la situation de l'entreprise ne garantissaient pas suffisamment le respect des engagements liés à l'embauche. La société contestait l'appréciation de l'administration : selon elle, l'évaluation devait porter sur la capacité globale de l'entreprise, et non uniquement sur le résultat net inscrit dans les comptes.

Cette objection posait une véritable question de droit. Une entreprise peut enregistrer un bénéfice comptable limité tout en disposant d'une activité commerciale importante, de marchés obtenus ou d'autres ressources. Inversement, un chiffre d'affaires élevé ne prouve pas nécessairement que les salaires, cotisations et assurances pourront être régulièrement acquittés.

Les normes examinées

L'article 30-bis du décret présidentiel italien n° 394/1999 précise les modalités de la demande d'autorisation de travail auprès du Sportello unico per l'immigrazione, le guichet unique de l'immigration installé auprès de la Préfecture. Son paragraphe 8 impose notamment à l'administration de contrôler la régularité, le caractère complet et l'adéquation des documents, ainsi que la cohérence du nombre de travailleurs demandés avec la capacité économique et les besoins de l'entreprise, au regard des obligations salariales et sociales applicables.

Le tribunal rappelle un principe déjà développé par la jurisprudence : lorsqu'un employeur est un entrepreneur, la capacité économique ne se réduit pas au seul résultat net. Elle doit être appréciée à travers plusieurs indicateurs, tels que le volume des affaires, les commandes obtenues, la solidité générale de l'entreprise et sa capacité effective à supporter les coûts des embauches projetées.

Pourquoi la société a-t-elle néanmoins perdu son recours ?

Le TAR a constaté que la Préfecture ne s'était pas bornée à reproduire mécaniquement l'avis négatif de l'administration du travail. Les décisions reposaient sur une série d'éléments spécifiques. D'après le dossier, la société avait présenté un nombre important de demandes d'autorisations alors qu'elle n'était pas en règle, au moment des décisions, avec certaines obligations d'assurance et de cotisations.

Le représentant légal avait également présenté, pour plusieurs sociétés, un nombre particulièrement élevé de demandes lors des procédures flussi 2020 et 2021, dépassant deux cents. La décision mentionnait encore la difficulté à joindre ce représentant. Ces circonstances, qui n'avaient pas fait l'objet d'une contestation factuelle suffisamment précise, permettaient selon le tribunal de caractériser une situation globale de manque de fiabilité.

Il ne s'agissait donc pas d'une affaire dans laquelle la Préfecture avait refusé les cinq demandes sur le seul motif d'un bénéfice comptable modeste. Elle avait examiné plusieurs facteurs, parmi lesquels la fiabilité de l'entreprise et sa capacité à honorer des obligations envers les travailleurs. C'est pourquoi le juge a estimé la motivation suffisante.

Le délai de traitement et la confiance légitime

La société avait également soutenu que le délai de conclusion de la procédure avait été dépassé et que son attente légitime avait été méconnue. Le TAR a rejeté ces arguments. En l'absence d'une disposition législative prévoyant expressément une conséquence différente, le seul dépassement du délai administratif ne supprime pas le pouvoir de l'administration de statuer ultérieurement. Un refus pris après l'expiration du délai n'est donc pas, pour ce seul motif, automatiquement nul.

Le tribunal n'a pas davantage retenu la confiance légitime invoquée par l'entreprise, au vu des éléments négatifs relevés sur sa fiabilité. Il a finalement rejeté le recours et les demandes présentées, en compensant les dépens en raison des particularités de l'affaire. Il n'a ni ordonné de délivrer les cinq nulla osta, ni consacré un seuil économique unique applicable à toutes les entreprises.

Quelles conséquences pour les employeurs et leurs conseils ?

Première conséquence : préparer une preuve économique cohérente. Une demande de recrutement ne devrait pas se limiter au formulaire et à une indication abstraite de chiffre d'affaires. Selon la réglementation applicable à la campagne concernée, il peut être utile de réunir les documents comptables et fiscaux, la situation des effectifs, les engagements contractuels, les commandes à exécuter et les pièces attestant la capacité de verser la rémunération et les cotisations correspondantes.

Deuxième conséquence : vérifier les obligations sociales avant de déposer. Le règlement impose une vérification qui tient compte des engagements salariaux et d'assurance. La solidité financière déclarée ne dispense pas de traiter les irrégularités contributives ou les incohérences entre le nombre de recrutements demandés et l'activité réellement exercée. Il faut pouvoir expliquer le besoin de main-d'œuvre et son financement.

Troisième conséquence : répondre sur chaque motif précis. Si l'administration transmet un preavviso di rigetto au sens de l'article 10-bis de la loi n° 241/1990, la défense doit examiner ce qu'elle reproche réellement : absence de pièces, revenus insuffisants, irrégularités sociales, demandes multiples ou autres indices. Une réponse qui se contente d'affirmer que l'entreprise est active peut être insuffisante lorsque le refus repose sur des faits précis et documentés.

Quatrième conséquence : distinguer capacité financière et fiabilité administrative. Ces notions se recoupent mais ne sont pas identiques. Une entreprise peut tenter de prouver la capacité de financer des postes tout en devant répondre à des constats portant sur ses déclarations, ses versements ou les pratiques de son représentant. Les éléments de preuve et les arguments doivent correspondre aux motifs effectivement retenus par la Préfecture.

Cinquième conséquence : ne pas confondre retard et autorisation. Le traitement tardif d'une demande ne signifie pas que le travailleur peut automatiquement entrer en Italie ou que le nulla osta est réputé acquis. Les effets du silence, les délais particuliers et les modifications législatives doivent être déterminés en fonction du texte applicable à la procédure considérée.

La situation du travailleur concerné

Le refus d'autorisation a des effets directs sur le travailleur qui attend de pouvoir entrer et commencer son emploi. Il convient de conserver une copie de la demande de l'employeur, de son numéro de référence, des notifications disponibles et de toute décision de refus. Cela permet de comprendre si le problème concerne les conditions personnelles du candidat ou, comme dans cette affaire, la situation économique et administrative de l'entreprise qui souhaite le recruter.

Le travailleur doit éviter de considérer qu'une promesse d'embauche suffit, à elle seule, à ouvrir un droit d'entrée et de séjour. À l'inverse, un refus opposé à une entreprise ne doit pas être présenté comme un jugement sur la conduite personnelle du candidat lorsque la motivation vise exclusivement la capacité et la fiabilité de l'employeur.

La portée exacte de l'arrêt

La décision n'établit pas que toutes les demandes multiples seraient frauduleuses, ni que les entreprises dont les résultats comptables sont faibles seraient exclues par principe du décret flussi. Elle rappelle que le contrôle doit être global, individualisé et motivé. Dans cette affaire, plusieurs facteurs concrets justifiaient le refus. Pour une autre entreprise, la même règle peut conduire à un examen différent si les commandes, la situation contributive et les ressources démontrent une capacité réelle d'embauche.

Il importe aussi de tenir compte de l'évolution des dispositions applicables au recrutement de travailleurs étrangers : la décision concernait des demandes introduites au titre du decreto flussi 2020. La méthode d'analyse du juge est instructive, mais les exigences administratives d'une campagne ultérieure doivent être vérifiées dans leur version propre.

Référence jurisprudentielle

TAR Lombardia, Milan, quatrième section, jugement du 9 janvier 2026, n° 102, président et rapporteur Cozzi : texte intégral de la décision. Dispositions principales examinées : article 30-bis, paragraphes 1 et 8, du d.P.R. n° 394/1999, dans le contexte du décret flussi 2020.

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Avv. Fabio Loscerbo
Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne.
Inscrit au Registre des représentants d'intérêts de la Chambre des députés italienne dans le domaine de l'immigration.
Représentant d'intérêts inscrit au Registre de transparence de l'Union européenne, n° 280782895721-36, dans les domaines des migrations et de l'asile.
ORCID : 0009-0004-7030-0428.
Article rédigé avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, sous la direction, la révision et la responsabilité éditoriale de l'auteur.

Secondo il TAR Lazio, la residenza in una via fittizia non esclude la cittadinanza italiana

La residenza anagrafica presso un indirizzo convenzionale, utilizzato per le persone senza fissa dimora, non può essere considerata automaticamente illegale ai fini della cittadinanza per naturalizzazione. È il principio affermato dal TAR Lazio, Roma, Sezione V-bis, con la sentenza 10 aprile 2026, n. 6471. Il giudice ha annullato il decreto con cui la Prefettura di Roma aveva dichiarato inammissibile una domanda di cittadinanza per asserita mancanza del requisito della residenza legale continuativa. L'amministrazione deve ora riesaminare la domanda secondo i criteri indicati nella pronuncia: non si tratta, dunque, di una concessione giudiziale della cittadinanza.

La vicenda: un indirizzo anagrafico convenzionale e il requisito dei dieci anni

Il procedimento traeva origine da una domanda presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. La disposizione consente la concessione della cittadinanza italiana, ricorrendone tutti i presupposti, allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Il richiedente possedeva un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo dal novembre 2015; ciononostante, la Prefettura aveva ritenuto che lo storico anagrafico non dimostrasse la continuità della residenza legale richiesta.

In giudizio era emerso un ulteriore profilo: il fratello del ricorrente aveva ottenuto la naturalizzazione nonostante risultanze anagrafiche sostanzialmente sovrapponibili. La Prefettura aveva spiegato il diverso esito facendo riferimento sia alle osservazioni difensive presentate nel procedimento del fratello, sia a un orientamento più restrittivo adottato dal secondo semestre del 2023 sulla valutazione delle residenze cosiddette «fittizie». Il TAR non ha trattato l'esito dell'altro procedimento come prova automatica del diritto del ricorrente: ha invece esaminato la corretta nozione giuridica di residenza legale, verificando se l'uso di un indirizzo comunale convenzionale potesse essere di per sé ostativo.

La distinzione da non perdere: residenza fittizia non significa dichiarazione falsa

Nel linguaggio amministrativo l'espressione «via fittizia» indica spesso un indirizzo convenzionale istituito dal Comune per iscrivere nell'anagrafe le persone che non dispongono di un alloggio stabile. Non equivale a una dichiarazione mendace o a un espediente per simulare un domicilio inesistente. La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, contempla espressamente l'iscrizione delle persone senza fissa dimora nel Comune in cui hanno stabilito il proprio domicilio; l'interessato deve fornire elementi che consentano gli accertamenti amministrativi necessari.

La sentenza ricostruisce questo istituto coordinandolo con l'articolo 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572: ai fini della cittadinanza, la residenza è «legale» quando sono rispettate tanto le regole in materia di ingresso e soggiorno quanto quelle sull'iscrizione anagrafica. Pertanto, se la registrazione presso una via convenzionale è stata effettuata conformemente alla normativa e ai regolamenti comunali, essa è idonea a soddisfare il profilo della legalità della residenza. Non può essere scartata solo perché l'indirizzo non corrisponde a una strada fisicamente esistente.

Che cosa ha deciso il TAR Lazio

Il Collegio ha osservato che l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora non è un'eccezione da tollerare, ma una modalità prevista dall'ordinamento per dare attuazione al diritto e all'obbligo di registrazione. Ha inoltre evidenziato la necessità di uniformità applicativa: la medesima forma di iscrizione non dovrebbe essere qualificata, senza una base normativa adeguata, come legale in una Prefettura e illegale in un'altra.

L'indirizzo convenzionale, tuttavia, non attribuisce alcuna immunità dai controlli. Il TAR richiama gli obblighi di reperibilità e le verifiche previste per accertare l'effettiva sussistenza del domicilio, nonché il rilievo di eventuali cancellazioni anagrafiche per irreperibilità. È compito dell'amministrazione verificare caso per caso se la registrazione sia stata ottenuta e mantenuta secondo legge, e motivare le eventuali conclusioni sfavorevoli. Proprio per questo il giudice ha annullato il provvedimento di inammissibilità e ordinato il riesame, compensando le spese del giudizio.

Le conseguenze operative per chi prepara una domanda di naturalizzazione

La prima conseguenza riguarda la raccolta documentale. Chi è stato registrato presso una via convenzionale dovrebbe acquisire uno storico anagrafico completo, le attestazioni comunali relative all'iscrizione come persona senza fissa dimora, gli eventuali atti di conferma o ripristino della residenza e la documentazione che prova la posizione regolare di soggiorno. È utile conservare anche le comunicazioni indirizzate al Comune e gli elementi idonei a dimostrare la persistenza del domicilio sul territorio.

In secondo luogo, occorre distinguere l'uso lecito dell'indirizzo convenzionale da una reale interruzione della residenza legale. La sentenza non elimina l'obbligo della continuità decennale, non sana automaticamente periodi di soggiorno irregolare e non rende irrilevanti le cancellazioni anagrafiche. Il requisito deve essere esaminato nel suo sviluppo temporale; secondo l'impostazione richiamata dal TAR, le condizioni per la naturalizzazione devono permanere fino al giuramento.

In terzo luogo, un eventuale preavviso di inammissibilità o rigetto che consideri «fittizia» la residenza merita osservazioni puntuali: vanno richiamate la disciplina anagrafica, le modalità concrete di iscrizione e la motivazione effettiva dell'ufficio, evitando di limitarsi a una contestazione generica. Se il provvedimento finale nega rilievo all'iscrizione per la sola natura convenzionale dell'indirizzo, la sentenza n. 6471/2026 costituisce un precedente argomentativo rilevante, da utilizzare con attenzione ai fatti del singolo caso.

Il limite della pronuncia e il principio che rimane

L'annullamento di un atto di inammissibilità non coincide con il riconoscimento della cittadinanza. L'amministrazione conserva il compito di verificare tutti i requisiti e di concludere motivatamente il procedimento. La decisione chiarisce però un punto di metodo essenziale: la condizione di precarietà abitativa non può essere trasformata, tramite una lettura meramente formale dell'indirizzo anagrafico, in una presunzione automatica di illegalità della residenza. È una distinzione importante per la certezza del diritto e per l'applicazione uniforme delle regole sulla naturalizzazione.

Fonte della pronuncia

TAR Lazio, Roma, Sez. V-bis, sentenza 10 aprile 2026, n. 6471, testo integrale pubblicato su EIUS – Giurisprudenza. Disposizioni centrali: art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992; art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 572/1993; l. 1228/1954 e d.P.R. 223/1989.

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Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

According to the Liguria Regional Administrative Court, a mistaken permit application cannot automatically cancel a work authorisation

Applying for a residence permit through the wrong administrative route does not, by itself, give the Italian authorities a lawful reason to withdraw an existing work authorisation. This is the practical significance of judgment no. 1083 of 28 September 2026, delivered by the First Section of the Regional Administrative Court for Liguria (TAR Liguria). The court annulled a decision withdrawing a work authorisation under the Italian immigration quota system, because the ground relied upon by the Prefecture was not one provided by the applicable legislation.

What happened in the case?

The worker had entered Italy after the issuance of a nulla osta, the administrative authorisation forming part of the quota-based recruitment procedure commonly referred to as the decreto flussi. After arrival, she submitted an application for a work-related residence permit to the Questura of Savona, using a tax-assistance centre, before the process before the Single Immigration Desk had been completed.

The Prefecture of Savona took the view that this parallel application disrupted the procedural sequence laid down for entry and recruitment. On 8 July 2025 it issued advance notice of its intention to withdraw the nulla osta, and on 19 July 2025 it adopted the withdrawal decision. The worker challenged that decision, arguing that it lacked a proper legal foundation and that the administration had incorrectly assessed the facts.

During the court proceedings, the authorities reported that the Questura had issued a favourable opinion in June 2026 and that further steps would follow. They asked the court to declare that there was no longer any dispute to resolve. The court rejected that request: an indication that the procedure might progress favourably was not the same as withdrawing the contested decision or fully satisfying the claimant's interest.

The legal framework: different offices, connected functions

The Italian work-entry system involves several distinct administrative actors. The Single Immigration Desk at the Prefecture handles crucial stages of the employer's request and the nulla osta; the Questura performs police-related checks and deals with residence permits within its competence. The legal provisions examined by the TAR included Article 22 of Legislative Decree no. 286/1998 and Article 42 of Decree-Law no. 73/2022, in the form relevant to the dispute.

Those rules identify specific circumstances in which a work authorisation may be withdrawn, including the subsequent discovery of legally relevant obstacles to entry or employment. The Prefecture, however, had not based its decision on the discovery of such an obstacle. It relied on the fact that the worker had made a separate application to the Questura before completing the procedure at the Single Immigration Desk.

The court held that submitting an unnecessary or mistaken additional application was not itself a statutory reason to revoke the original authorisation. A procedural mistake cannot simply be converted into a sanction that the legislature has not prescribed.

What the court actually decided

The judgment is particularly useful because it distinguishes the legal validity of the initial work-entry procedure from a subsequent administrative misstep. The TAR did not say that migrants can disregard filing requirements or choose whichever authority they prefer. Rather, it said that the authorities must identify an actual legal ground before taking a measure as serious as withdrawing a nulla osta.

The court also recalled a general principle of Italian administrative procedure: where an authority receives an application that falls outside its competence, it should forward the application to the competent authority, inform the applicant and, where applicable, provide its own investigative contribution. The proper response to an application sent to the wrong office may therefore be administrative coordination, not the destruction of an otherwise valid pending process.

On that basis, the TAR allowed the appeal and annulled the Prefecture's withdrawal decision. It also ordered the administration to pay the litigation costs specified in the judgment. The court did not itself issue a residence permit; the subsequent administrative steps remain distinct from the annulment of the unlawful withdrawal.

Practical lessons for workers arriving under the quota system

The first lesson concerns the documents that make up the procedure. Workers and employers should retain the nulla osta, the entry visa when applicable, the records of appointments with the Single Immigration Desk, any employment and residence-contract documentation, the residence-permit application receipt, and all subsequent communications from the Prefecture and Questura. The order in which these steps took place can be central to understanding the dispute.

The second lesson is to identify the precise administrative decision under challenge. A notice of proposed withdrawal, an actual withdrawal of a nulla osta, a refusal by the Questura and an ordinary delay in concluding the procedure are not interchangeable. They may involve different powers, legal requirements and remedies. A well-prepared legal challenge must identify the exact measure, the authority that issued it, the reasons stated in it and the appropriate court or procedure.

Third, an applicant who has mistakenly submitted paperwork to the Questura while the Single Immigration Desk's process is still pending should promptly seek clarification, provide the relevant filing references and request coordination between the offices. This judgment supports contesting a withdrawal that rests solely on the existence of such a mistaken extra application. It does not mean that all other statutory entry and work conditions cease to apply.

Fourth, if the administration changes its position during litigation, any promise of future favourable action should be assessed critically. The Liguria court made clear that merely announcing further processing did not extinguish the case when the disputed withdrawal remained in force. Documentary proof that the adverse act has actually been removed, or that the claimant's substantive position has been fully satisfied, is materially different from an indication of a possible future outcome.

Why the ruling matters beyond this individual case

Immigration administration requires cooperation between multiple public offices. Confusion between the Single Immigration Desk and the Questura can have serious consequences for workers, employers and families. The decision illustrates the difference between a mandatory legal condition and an administrative sequence that may need correction. Respect for formal procedure remains important; so does the principle that restrictions on a person's legal status must rest on an identifiable statutory basis.

Its broader practical value is therefore one of legality and proportionality in administrative action. A filing error should be examined for what it actually is. If another lawful ground for withdrawal exists, that issue must be considered under the relevant legislation. If it does not, an authority cannot invent one by treating an additional application as a disqualifying event.

Verified judgment

Regional Administrative Court for Liguria (TAR Liguria), First Section, judgment no. 1083, 28 September 2026; complete published text: EIUS – Italian case law database. Main provisions discussed: Article 22 of Legislative Decree no. 286/1998 and Article 42 of Decree-Law no. 73/2022.

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Avv. Fabio Loscerbo
Attorney admitted to practise before the Italian Court of Cassation.
Registered in the Italian Chamber of Deputies' Register of Interest Representatives in the field of Immigration.
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This article was prepared with the assistance of AI tools, under the author's direction, review and editorial responsibility.

Secondo il TAR Lombardia, nel decreto flussi conta la capacità economica effettiva dell'impresa, non soltanto il reddito dichiarato

8 novembre 2026 — Diritto dell'immigrazione, ingresso per lavoro e responsabilità del datore. Il decreto flussi non si esaurisce nell'inoltro di una richiesta nominativa di lavoratori stranieri. L'impresa che domanda il nullaosta deve dimostrare di poter sostenere gli oneri delle assunzioni prospettate. Questa regola, frequentemente ridotta a una verifica meccanica del reddito, richiede invece un'analisi economica più articolata. Il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, nella sentenza 9 gennaio 2026, n. 102, ha chiarito che l'amministrazione deve considerare la situazione complessiva dell'impresa; nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto adeguata la verifica svolta dalla Prefettura e ha respinto il ricorso della società.

Cinque nullaosta respinti: la vicenda giudiziaria

Una società aveva presentato cinque richieste di nullaosta per lavoratori stranieri nel quadro del decreto flussi 2020, disciplinato dal d.P.C.m. 7 luglio 2020. La Prefettura di Milano le aveva respinte, richiamando insufficienze e criticità relative all'affidabilità economica del soggetto richiedente. La società aveva impugnato i provvedimenti e presentato anche una domanda risarcitoria. Nel procedimento cautelare il TAR aveva già respinto la richiesta di sospensione con ordinanza n. 1175 del 7 ottobre 2022; la decisione definitiva è stata adottata dopo l'udienza del 20 novembre 2025.

Secondo la ricorrente, l'assenza di una soglia reddituale fissa per le imprese imponeva di non limitarsi al risultato economico di bilancio. La Prefettura avrebbe dovuto considerare volume d'affari, commesse ottenute e complessiva capacità organizzativa, senza recepire acriticamente il parere negativo dell'ufficio del lavoro. Sono argomenti che il giudice ha esaminato, distinguendo la correttezza del criterio astratto dalla valutazione dei fatti del singolo fascicolo.

Il quadro normativo: l'articolo 30-bis del d.P.R. 394/1999

Il TAR ha richiamato l'articolo 30-bis, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico immigrazione, relativo alla presentazione delle domande di assunzione, e il comma 8, che disciplina le verifiche dello Sportello unico. La verifica riguarda la regolarità, la completezza e l'idoneità della documentazione, la compatibilità delle condizioni di lavoro con le regole collettive applicabili e la congruità delle richieste rispetto alla capacità economica e alle esigenze dell'impresa, tenendo conto anche degli impegni retributivi e assicurativi.

Da tale disciplina non discende necessariamente un unico parametro numerico valido per ogni attività imprenditoriale. Come ricorda la sentenza, la valutazione della capacità economico-finanziaria dell'impresa deve guardare non soltanto al risultato netto di esercizio, ma anche al fatturato, agli ordini, alle commesse e agli altri elementi utili a verificare la possibilità concreta di sostenere le assunzioni. Il Collegio richiama, su questo punto, il TAR Toscana, Sezione II, 19 maggio 2010, n. 1522.

Attenzione, però: questa impostazione non equivale ad affermare che un'impresa con un bilancio debole possa presentare un numero illimitato di domande. La valutazione complessiva può essere favorevole o sfavorevole; il suo scopo è misurare la credibilità economica delle assunzioni, non sostituire le verifiche con una presunzione positiva.

Perché la Prefettura ha avuto ragione nel caso concreto

Dall'istruttoria emergeva che la società aveva inoltrato un numero elevato di domande di nullaosta e non risultava in regola, almeno al momento dei provvedimenti contestati, con gli obblighi contributivi e assicurativi. La motivazione faceva inoltre riferimento al fatto che il suo rappresentante legale, nell'ambito dei decreti flussi 2020 e 2021, aveva presentato oltre duecento richieste per diverse società; lo stesso soggetto risultava irreperibile.

Il TAR ha considerato questi elementi nel loro insieme, osservando che non erano stati specificamente contestati dalla società in maniera idonea. Ha quindi escluso che la Prefettura avesse valutato soltanto un dato reddituale isolato: l'amministrazione aveva invece considerato molteplici indici di affidabilità e aveva fornito una motivazione adeguata.

È importante non trasformare la sentenza in un giudizio generale sulle imprese che assumono lavoratori stranieri o su chi presenta molte domande. Il giudice si è pronunciato su un quadro fattuale particolare, nel quale la quantità delle istanze si accompagnava ad altre criticità, soprattutto contributive e documentali.

Il ritardo dell'amministrazione non rende automaticamente illegittimo il diniego

La società contestava anche il superamento del termine di conclusione del procedimento, sostenendo che dovesse essere di centottanta giorni. Il TAR ha precisato che l'eventuale superamento del termine non comporta, di per sé, l'esaurimento del potere dell'amministrazione di decidere né l'illegittimità del provvedimento tardivo, salvo una previsione normativa espressa che attribuisca questi effetti alla scadenza.

Si tratta di una distinzione essenziale: il dovere dell'amministrazione di procedere tempestivamente può permanere anche quando il termine è trascorso; ciò non significa, però, che ogni provvedimento sfavorevole adottato in ritardo debba essere annullato. I rimedi contro il silenzio e i rimedi contro il merito di un diniego assolvono funzioni differenti.

La fiducia nell'esito positivo non sostituisce l'affidabilità economica

La ricorrente aveva invocato anche il legittimo affidamento. Il Collegio ha respinto tale censura perché gli elementi istruttori già illustrati configuravano una situazione di complessiva inaffidabilità. La sola aspettativa di un esito positivo della pratica non neutralizza le verifiche sul possesso delle condizioni previste dalla normativa.

Nel dispositivo il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese processuali in ragione della peculiarità della vicenda. Non ha dichiarato un generale divieto di nuove assunzioni per l'impresa, né ha fissato soglie reddituali universali; ha giudicato legittimi i provvedimenti impugnati alla luce degli elementi disponibili nel fascicolo.

Implicazioni operative per le imprese

Chi presenta domande di nullaosta deve anzitutto verificare di disporre di una struttura reale, capace di sostenere i costi delle assunzioni richieste. La documentazione economica non dovrebbe esaurirsi in una cifra estratta dal bilancio: possono essere rilevanti fatturato, contratti in esecuzione, commesse, andamento dell'attività, posizione contributiva e assicurativa, numero di lavoratori già occupati e coerenza tra dimensioni aziendali e assunzioni programmate.

La quantità delle domande va motivata attraverso l'effettivo fabbisogno produttivo. Presentare richieste per numerosi lavoratori, senza un'organizzazione e una capacità finanziaria adeguate, espone a una valutazione sfavorevole. Le dichiarazioni devono essere veritiere e i documenti aggiornati. Anche la reperibilità dell'impresa e del suo rappresentante nelle comunicazioni amministrative assume rilevanza pratica.

Il professionista deve confrontare l'annualità del decreto flussi e le norme vigenti al momento della domanda. Il giudizio n. 102/2026 riguarda procedure riferite al 2020 e richiama regole che devono essere applicate tenendo conto delle eventuali modifiche normative, delle disposizioni attuative e dei controlli oggi previsti. Non è corretto assumere che tutte le soglie e formalità storiche siano immutate.

Come difendersi da un diniego per insufficiente capacità economica

Quando lo Sportello unico o la Prefettura contesta l'affidabilità finanziaria, la difesa deve partire dall'accesso al fascicolo e dall'identificazione degli indici effettivamente valutati. Occorre verificare se l'amministrazione abbia trascurato dati economici favorevoli già disponibili o se, al contrario, abbia individuato carenze sostanziali non smentite. In presenza di un preavviso di rigetto, le osservazioni devono rispondere puntualmente alle criticità: non basta opporre l'assenza di una soglia di reddito fissa.

Se il provvedimento conclusivo viene impugnato, il ricorso deve distinguere i possibili vizi di istruttoria e motivazione dalla mera divergenza rispetto alla valutazione economica dell'ufficio. Il giudice non sostituisce automaticamente la propria pianificazione aziendale a quella dell'amministrazione: verifica che il potere sia stato esercitato sulla base della legge e di fatti adeguatamente accertati. Vanno inoltre rispettati i termini e le regole processuali applicabili.

Conclusione

La sentenza del TAR Lombardia n. 102/2026 offre un criterio di metodo: nel decreto flussi la capacità del datore di lavoro non va ridotta al solo reddito dichiarato, ma neppure può essere affermata senza prove. Deve essere dimostrata mediante una lettura complessiva dell'attività economica e della capacità di sostenere le assunzioni. Nel caso deciso, l'amministrazione aveva svolto questa verifica e il ricorso è stato respinto. La legalità dell'immigrazione per lavoro richiede responsabilità del richiedente, controlli amministrativi effettivi e decisioni fondate su dati concreti.

Pronuncia commentata: TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza 9 gennaio 2026, n. 102, Presidente ed estensore Cozzi. Testo integrale della decisione (EIUS).

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Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

According to the Tuscany Administrative Court, a special-protection permit covered by the 2023 transitional rules may still be converted for work

Italian immigration law in practice — 8 November 2026. Amendments to immigration legislation do not always affect existing residence permits in the same way as newly issued ones. When a law removes the possibility of converting a particular residence title into a work permit, the date on which the previous permit was issued and the transitional provisions become decisive. The Tuscany Regional Administrative Court (TAR Toscana, Second Division), in judgment no. 114 of 27 January 2025, addressed a refused application to convert a permit for special protection into a permit for employment. The court upheld the challenge because the administration had overlooked the transitional protection applicable to the permit in that particular case.

The facts: an application made at the immigration office

The applicant, a Gambian national, attended the Florence Police Headquarters' immigration office on 14 November 2023. He requested the conversion of the special-protection residence permit previously issued to him by the Prato Police Headquarters into a permit for employment. The immigration office refused to accept the conversion in the manner sought. As a result, the applicant asked for renewal of his special-protection permit instead.

There was no formal written refusal of conversion in the file. However, the applicant produced a statement dated 14 November 2023, bearing the stamp and signature of the Florence Police Headquarters, recording what had happened. That document became central evidence in the litigation: it showed not merely a request the applicant claimed to have made, but a specific administrative response to it.

The applicant initially brought the dispute before the ordinary court in Florence. In judgment no. 426 of 8 February 2024, that court declined jurisdiction and indicated that the matter should be heard by the administrative court. The case was therefore continued before TAR Toscana, with the applicant seeking annulment of the refusal of conversion.

Can an administrative refusal exist without a written decision?

The first legal question concerned the existence of a reviewable administrative act. The Police Headquarters had not issued a conventional, formally reasoned decree denying conversion. Nevertheless, the court found that an implicit administrative decision could be identified from the administration's conduct.

The judgment explains that an implicit decision can exist when an authority, even without signing a separate formal document, acts in a way that objectively and unequivocally expresses the same substantive decision. The stamped and signed statement demonstrated that the immigration office had rejected the conversion request and that the applicant had consequently been directed towards renewal of the existing special-protection title.

This finding was important because the case was not merely about an unanswered request or an informal disagreement at an administrative counter. The applicant had evidence of a specific refusal, allowing the administrative court to examine whether that refusal was lawful.

The legislative change introduced in 2023

Decree-Law no. 20 of 10 March 2023, converted with amendments by Law no. 50/2023, altered the regime governing special-protection residence permits. Article 7(1)(a) repealed the provision in Article 6(1-bis) of Legislative Decree no. 286/1998 that had allowed the conversion of certain special-protection permits into permits for employment.

Read alone, that reform might suggest that conversion was no longer possible in every case after the legislative amendment. But the law also contained a transitional rule, and this was the decisive point in the litigation.

Article 7(3) of the 2023 decree preserved specific effects for existing special-protection permits covered by its wording. In particular, it provided for a one-time renewal of the relevant permits, for an annual duration, and expressly maintained the possibility of converting the residence title into a permit for work if the statutory requirements for conversion were satisfied.

The Tuscany court found that the applicant's special-protection permit was still valid at the legally relevant moment when that transitional regime came into force. The administration should therefore have applied Article 7(3) and examined the conversion application under that provision instead of treating the general reform as an absolute prohibition.

What did the judge decide?

The court upheld the applicant's challenge and annulled the implicit refusal. It held that the Police Headquarters was required to examine the application for conversion in accordance with the transitional provision and the reasons stated in the judgment. The ruling did not itself grant the applicant a work residence permit, and it did not declare that every special-protection permit could be converted regardless of its date, statutory basis or supporting documents.

The court also compensated the parties' litigation costs, referring to the novelty of the legal issue. The decision addressed a specific residence permit covered by the former legislation and the transitional rule. Its practical value lies in the method of identifying the proper law: first establish the history of the residence title, then determine the applicable transitional provision, and only then assess whether the substantive conversion conditions are met.

Why the date of a residence permit matters

In transitional immigration law, identical-looking residence documents can have different legal consequences. The relevant factors may include the legal ground on which the original permit was issued, the date of issuance, whether it remained valid when the new law entered into force, and the exact wording of the transitional rules.

A foreign national holding a permit for special protection should therefore not assume that a rule applied in someone else's case will necessarily apply to their own document. Nor should an official assume that a legislative repeal extinguishes all conversion possibilities without examining any transitional clause. The decision demonstrates why an accurate administrative chronology is essential.

In particular, the ruling must not be used to promise conversion to people whose permits fall entirely outside the scope of Article 7(3). A different legal basis or a permit first granted at another time may require a different assessment. This is especially important in 2026, when practitioners must also consider subsequent legislative developments rather than applying a 2023 rule in isolation.

Special protection and permission to work are separate legal questions

Special protection addresses grounds that may prevent a person's removal or justify a specific residence status under the applicable legislation. A permit for employment, by contrast, is linked to the legal conditions for residence on work grounds. Conversion is the procedural bridge between two different categories, and it exists only when the relevant rules permit it.

Even where a transitional provision allows conversion in principle, the applicant must still satisfy the statutory requirements for a work residence permit. An employment offer, for example, must be evaluated according to the legal regime in force, together with the relevant employment documentation and any further conditions applicable to the proposed conversion.

The Tuscany judgment does not abolish these requirements. Its conclusion was that the administration could not refuse even to consider conversion solely by relying on the 2023 legislative change when the applicant was covered by an express transitional exception.

What applicants and lawyers should document

The starting point is a complete copy of the existing residence permit and any prior permits, showing the legal ground, dates and administrative history. Applicants should retain renewal receipts, decisions granting the underlying protection status and documents showing what title was in force when the legislation changed.

Next, the conversion request should be made in a legally recognisable form and through the appropriate procedure. If an immigration office refuses to receive or examine the request, written evidence of that interaction can be especially important. A signed and stamped statement, as in this case, may establish that the authority has adopted an adverse position despite not issuing a formal decree.

A practitioner should distinguish a refusal to receive an application, an implicit refusal of conversion, a written rejection on the merits and administrative silence. The appropriate remedy and competent judge can depend on the nature of the measure. In this dispute, the initial ordinary-court action ended with a declaration of lack of jurisdiction, after which the proceedings continued before the administrative court.

Where the authority identifies obstacles, the applicant should respond with relevant documents and legal arguments, taking account of any applicable participation safeguards. However, repeatedly asking an office to reconsider its position does not automatically preserve judicial time limits. The date and nature of the contested decision need to be examined promptly.

Administrative responsibility and individual obligations

The case illustrates responsibilities on both sides of immigration procedures. The applicant is expected to disclose accurate facts, identify the permit actually held, document employment and satisfy the conditions attached to the requested title. The administration must determine the governing legal regime, including transitional provisions, and apply it to the documented facts rather than substituting an oversimplified reading of a legislative amendment.

That division of responsibility also serves legal certainty. A regulation should not be interpreted in a way that eliminates an exception expressly provided for existing situations, just as an individual cannot rely on the existence of that exception without proving that their own case falls within its scope.

Conclusion

In judgment no. 114/2025, TAR Toscana established that the refusal to consider conversion of a special-protection permit was unlawful where the permit was covered by the transitional provision of Article 7(3) of Decree-Law no. 20/2023. The court annulled the implicit refusal and required the administration to examine the application under the correct legal framework. The decision is not a general right to convert every special-protection permit; it is a reminder that an express transitional protection must be respected and that both the permit's legal history and the work-related requirements must be proved.

Judgment and verifiable source: TAR Toscana, Florence, Second Division, judgment of 27 January 2025, no. 114; President Cacciari, Reporting Judge Papi. Full anonymised decision in Italian (EIUS).

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Avv. Fabio Loscerbo
Lawyer admitted to practise before the Italian Court of Cassation
Registered in the Italian Chamber of Deputies' Register of Interest Representatives in the field of Immigration
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ORCID: 0009-0004-7030-0428

This article was prepared with the assistance of AI tools under the author's direction, review and editorial responsibility.

Secondo il TAR Lombardia, il nullaosta al lavoro non consente automaticamente di cambiare datore prima dell'assunzione

Analisi di diritto dell'immigrazione — 8 novembre 2026. L'ingresso in Italia per lavoro subordinato attraverso il decreto flussi presuppone una domanda presentata da un datore di lavoro determinato. Può accadere, tuttavia, che dopo il rilascio del nullaosta quel datore rinunci all'assunzione, mentre il lavoratore trovi un'altra impresa disposta a impiegarlo. È sufficiente il nuovo contratto per conservare il percorso di soggiorno? Si può chiedere, in alternativa, un permesso per attesa occupazione? Il TAR Lombardia, Milano, Sezione III, con sentenza 7 gennaio 2026, n. 15, ha affrontato questi interrogativi e ha respinto il ricorso di un lavoratore straniero.

La vicenda: autorizzazione rilasciata, ma assunzione mai perfezionata

Il procedimento era iniziato con un'istanza di nullaosta all'ingresso per lavoro subordinato presentata il 18 marzo 2024. Lo Sportello unico competente aveva rilasciato l'autorizzazione il 31 luglio 2024. Successivamente, il 10 febbraio 2025, il datore che aveva avviato la procedura comunicò di voler rinunciare all'assunzione del lavoratore. A fronte di tale rinuncia, lo Sportello unico revocò il nullaosta.

Il destinatario impugnò la revoca, sostenendo che l'impossibilità di formalizzare il contratto di soggiorno con il primo datore non dovesse impedire il rilascio del permesso di soggiorno se nel frattempo fosse stato instaurato un diverso rapporto con un altro datore. In via subordinata invocò il permesso per attesa occupazione. Nel corso del processo il TAR sospese cautelarmente l'atto, ma la successiva decisione di merito ebbe esito sfavorevole al ricorrente.

Il principio giuridico applicato dal giudice

Il Collegio ha richiamato il Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 11 aprile 2025, n. 3158, secondo cui, in assenza di impossibilità sopravvenuta o cause eccezionali, l'assunzione deve essere effettuata dal soggetto per il quale è stato rilasciato il nullaosta. Il documento autorizzatorio, nella disciplina esaminata, non può essere trattato come un titolo genericamente trasferibile a qualsiasi datore disponibile ad assumere il cittadino straniero.

Il giudice ha inoltre escluso l'utilizzabilità, nel caso concreto, dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998. Il permesso per attesa occupazione presuppone infatti, nell'interpretazione seguita dalla pronuncia, che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente costituito e sia successivamente cessato per ragioni non imputabili al lavoratore. L'attesa di un'assunzione mai iniziata non coincide con la perdita di un posto di lavoro già esistente.

Questa differenza non è solo formale. Il regime dell'attesa occupazione mira a disciplinare una specifica vicenda successiva alla perdita del lavoro, non a sostituire ordinariamente il mancato perfezionamento di un ingresso per lavoro richiesto da un imprenditore che ha rinunciato alla propria proposta.

L'esito: revoca confermata e spese compensate

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca nel contesto esaminato. Ha però compensato le spese di giudizio, tenendo conto delle oscillazioni giurisprudenziali che avevano interessato la materia. Il rigetto non equivale a negare che possano esistere situazioni eccezionali in cui la posizione del lavoratore richieda un diverso esame; il Collegio ha espressamente richiamato la possibilità di impossibilità sopravvenuta e circostanze eccezionali, senza ritenerle dimostrate in questa vicenda.

La sentenza non deve, dunque, essere trasformata in una regola assoluta secondo la quale ogni cambiamento di datore sia vietato in tutte le fasi della permanenza in Italia. La controversia riguardava il rapporto tra un nullaosta per ingresso e l'assenza dell'assunzione da parte del datore originario. Le regole successive alla costituzione di un rapporto di lavoro e al rilascio del titolo di soggiorno vanno esaminate distintamente.

Perché conta la fase esatta della procedura

Il percorso di lavoro subordinato dall'estero può articolarsi in più atti: richiesta del datore, rilascio del nullaosta, visto consolare, ingresso, adempimenti presso lo Sportello unico, stipula del contratto di soggiorno e domanda di permesso. Non tutti questi passaggi producono il medesimo effetto giuridico. Un nullaosta autorizza una determinata fase e si fonda su un rapporto lavorativo prospettato; non prova necessariamente che l'impiego sia iniziato.

La distinzione è decisiva quando si verifica se il lavoratore possa invocare un istituto costruito sulla perdita dell'occupazione. Il termine «attesa occupazione» non significa che qualsiasi persona venuta in Italia per un impiego mai realizzato possa automaticamente ricevere un titolo alternativo. Occorre un'attenta verifica dei presupposti sostanziali e delle eventuali norme speciali applicabili.

Quali documenti devono conservare il lavoratore e il datore

Per ricostruire una posizione del decreto flussi è necessario individuare l'anno della programmazione, l'istanza originaria, i dati del datore e del lavoratore, il nullaosta, le comunicazioni dello Sportello unico, il visto e le eventuali formalità già compiute dopo l'ingresso. Il lavoratore deve documentare anche le comunicazioni con l'impresa, le date della mancata assunzione e le circostanze che avrebbero reso impossibile l'avvio del rapporto.

Se è intervenuto un altro datore disposto ad assumere, la sua disponibilità deve essere descritta e documentata in modo preciso, senza confonderla con l'esistenza di una nuova autorizzazione all'ingresso. Il ruolo del secondo datore e la legittimità di un eventuale nuovo percorso amministrativo devono essere valutati alla luce della normativa vigente e dello stato della pratica.

La responsabilità del datore che richiede il nullaosta

La disciplina dell'immigrazione per lavoro si fonda anche sull'attendibilità della domanda dell'impresa. La richiesta di assunzione non può essere trattata come una prenotazione astratta, priva di conseguenze organizzative. Il datore è chiamato a dichiarare un'esigenza lavorativa reale e a seguire gli adempimenti conseguenti. Una rinuncia successiva può incidere significativamente sul progetto migratorio della persona autorizzata all'ingresso.

Ma la circostanza che l'iniziativa originaria sia del datore non consente di attribuire automaticamente al lavoratore un diverso diritto di soggiorno. La soluzione deve essere cercata nei titoli effettivamente previsti e nella possibilità di dimostrare, quando rilevanti, fatti sopravvenuti ed eccezionali. Proprio su queste circostanze occorre costruire la difesa, non su un'equivalenza inesistente tra autorizzazione all'ingresso e lavoro subordinato già costituito.

Come reagire alla revoca

In caso di revoca del nullaosta, il primo passaggio è acquisire il provvedimento integrale con la motivazione e la data di comunicazione. È poi opportuno esaminare il fascicolo amministrativo e ricostruire la cronologia delle iniziative dell'impresa e del lavoratore. Se emergono cause eccezionali o impossibilità sopravvenute, queste devono essere supportate da prove specifiche, non soltanto affermate.

Va altresì verificato se l'amministrazione abbia esercitato correttamente il potere e rispettato le garanzie procedimentali applicabili. Il precedente del TAR Lombardia non esclude, in astratto, contestazioni relative a istruttoria, competenza, motivazione o partecipazione: semplicemente, nel caso esaminato il Collegio non ha ravvisato ragioni sufficienti per annullare la revoca.

Infine, occorre scegliere il rimedio giurisdizionale e rispettare i relativi termini. Un'istanza informale di riesame non garantisce la conservazione del termine per ricorrere; neppure una domanda di accesso agli atti sospende automaticamente tutte le scadenze processuali.

Le implicazioni professionali e istituzionali

La pronuncia mette in evidenza l'esigenza di chiarezza nei procedimenti d'ingresso per lavoro. Al lavoratore dovrebbe essere comprensibile quali effetti produca il nullaosta, quali adempimenti manchino e quali siano le conseguenze di una rinuncia del datore. Allo stesso modo, l'amministrazione deve verificare le condizioni previste dalla legge senza trasformare eccezioni in regole generali né attribuire al documento autorizzatorio effetti diversi da quelli propri.

Per il professionista che assiste le parti, l'attività più importante è spesso preliminare al ricorso: ricostruire con esattezza se il lavoro sia mai iniziato, se esista una causa eccezionale e quali altre situazioni giuridicamente protette possano eventualmente rilevare. Solo tale analisi consente di distinguere la domanda di un nuovo ingresso, un'ipotesi di attesa occupazione e un contenzioso sulla revoca.

Conclusione

Secondo il TAR Lombardia n. 15/2026, l'assunzione originaria mai perfezionata non può essere ordinariamente sostituita da un impiego presso un diverso datore sulla sola base del primo nullaosta, né è di per sé sufficiente per ottenere il permesso per attesa occupazione. Il Collegio ha confermato la revoca perché non risultavano dimostrate condizioni idonee a giustificare un diverso esito. La decisione richiama il valore della corretta individuazione del titolo giuridico e della responsabilità documentale di tutti i soggetti coinvolti.

Pronuncia commentata: TAR Lombardia, Milano, Sezione III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 15, Presidente Goso, estensore Gatti; richiama Consiglio di Stato, Sezione III, 11 aprile 2025, n. 3158. Testo integrale verificato.

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Avv. Fabio Loscerbo
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