domenica 15 novembre 2026

Según el TAR del Lacio, la residencia en una dirección convencional puede contar para solicitar la nacionalidad italiana

Según el TAR del Lacio, la residencia en una dirección convencional puede contar para solicitar la nacionalidad italiana

¿Puede una persona extranjera que vive legalmente en Italia, pero carece de vivienda estable y figura inscrita en el padrón municipal mediante una dirección convencional, computar esos años para solicitar la nacionalidad italiana por residencia? No es una cuestión puramente burocrática. La respuesta afecta a personas que trabajan, mantienen vínculos con una ciudad y cumplen las obligaciones de inscripción, aunque no puedan acreditar un domicilio físico ordinario. El Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio, sección V-bis, en su sentencia de 10 de abril de 2026, n.º 6471, examinó precisamente el valor jurídico de esa inscripción.

El caso: una solicitud declarada inadmisible

La Prefectura de Roma había declarado inadmisible una solicitud de nacionalidad por naturalización formulada al amparo del artículo 9, apartado 1, letra f), de la Ley italiana 91/1992. Consideraba que el solicitante no había demostrado diez años continuados de residencia legal. El interesado contaba desde noviembre de 2015 con permiso de residencia de larga duración de la Unión Europea y alegaba, entre otros argumentos, que la Administración estaba confundiendo la inscripción en una residenza fittizia o dirección convencional con la ausencia de residencia legal.

Además, señaló que su hermano, con un historial registral prácticamente equivalente, había obtenido la nacionalidad. Durante el proceso, la Prefectura explicó que, a partir del segundo semestre de 2023, había adoptado una interpretación más restrictiva sobre las inscripciones en direcciones ficticias. El tribunal examinó esa práctica a la luz de las normas nacionales de extranjería y empadronamiento, sin convertir la concesión otorgada al hermano en un derecho automático a obtener el mismo resultado.

La cuestión jurídica: dirección ficticia no significa residencia ilegal

La exigencia de diez años de residencia legal para la naturalización sigue plenamente vigente. El tribunal recordó que no basta estar físicamente en Italia: el requisito remite también al cumplimiento de las obligaciones de entrada, estancia e inscripción en el registro municipal. La residencia legal debe mantenerse en los términos exigidos por la normativa, y no se confunde con la mera permanencia de hecho.

Ahora bien, el artículo 2 de la Ley italiana 1228/1954 permite que las personas sin domicilio fijo sean inscritas como residentes en el municipio en el que han establecido su domicilio, entendido como centro de sus intereses. Para hacer efectivo ese derecho y deber, numerosos ayuntamientos utilizan direcciones convencionales, incluso calles creadas solo a efectos registrales. La denominación administrativa via fittizia no significa necesariamente que la inscripción sea falsa, fraudulenta o carente de efectos jurídicos.

El TAR relacionó esta disciplina con el artículo 1, apartado 2, letra a), del Decreto Presidencial 572/1993, que define la residencia legal también por referencia al cumplimiento de las reglas de inscripción registral. De esta combinación dedujo que la inscripción legítima en el padrón en una dirección convencional puede satisfacer el requisito de residencia legal para la nacionalidad. No cabe excluirla de manera automática solo por el nombre de la calle utilizada.

Por qué la Administración conserva facultades de comprobación

La decisión no convierte cualquier declaración de domicilio en prueba concluyente. El tribunal explicó que quien no dispone de domicilio fijo debe aportar los elementos necesarios para que el ayuntamiento compruebe que su domicilio y sus intereses se sitúan realmente en el municipio. También debe mantener los contactos que permitan localizarle y respetar las obligaciones de actualización que le correspondan.

Cuando se renueva el permiso de estancia, la normativa registral contempla deberes de confirmación de la situación de residencia. La pérdida de contacto, la cancelación del padrón por paradero desconocido o el uso de la dirección convencional para eludir normas pueden tener consecuencias. Pero esos hechos requieren una comprobación particular, no una presunción indiscriminada contra todas las personas inscritas en una dirección municipal ficticia.

El criterio resulta especialmente importante porque la propia institución de estas direcciones tiene una finalidad de interés público: permitir que se conozca y documente la presencia de las personas sin vivienda estable, facilitando el ejercicio de derechos y la actuación de los servicios públicos. A juicio del tribunal, la calificación jurídica de la inscripción no puede variar arbitrariamente de una Prefectura a otra por el mero cambio de una práctica interna.

El fallo: anulación y nuevo examen, no nacionalidad automática

La sentencia estimó el recurso en los términos de su fundamentación y anuló la decisión de inadmisibilidad de la Prefectura. La Administración quedó obligada a examinar nuevamente la solicitud conforme a los principios fijados por el juez. Las costas fueron compensadas.

Es fundamental distinguir tres decisiones distintas: la admisibilidad de la solicitud, la comprobación de todos los requisitos legales y la decisión final de conceder o denegar la nacionalidad. El TAR resolvió la primera controversia y ordenó un nuevo examen. No concedió directamente la nacionalidad al demandante, ni afirmó que una inscripción virtual exonere de demostrar la continuidad de la residencia o los restantes requisitos de naturalización.

Qué documentación conviene reunir antes de solicitar la nacionalidad

La primera comprobación debe dirigirse al historial de inscripciones y cambios de residencia. La certificazione storica di residenza permite localizar períodos de inscripción, traslados y eventuales cancelaciones. Es igualmente importante conocer qué entidad gestionaba la dirección convencional, cuándo se inició la inscripción, si hubo renovaciones o confirmaciones y si el interesado recibió comunicaciones del ayuntamiento.

Cuando la persona vive sin domicilio fijo, conviene conservar la documentación lícita que permita acreditar la conexión real con el municipio: comunicaciones de servicios sociales, documentación laboral y fiscal, asistencia sanitaria, correspondencia administrativa y constancia de comparecencias. Estos elementos no sustituyen sin más al registro obligatorio, pero ayudan a esclarecer la regularidad de la inscripción y la posibilidad de localización.

Antes de presentar una solicitud de nacionalidad debe revisarse también la continuidad de los títulos de estancia, las eventuales cancelaciones registrales, las condiciones aplicables en la fecha del trámite y la necesidad de mantener los requisitos hasta el juramento. Una interrupción administrativa no se corrige simplemente afirmando que la persona «siempre estuvo en Italia»: es preciso identificar la causa, las fechas y el procedimiento pertinente para rectificar o impugnar el registro si existe un error.

Cómo reaccionar ante una inadmisibilidad basada en una «residenza fittizia»

Si la Prefectura anuncia que una dirección convencional no contará para la residencia legal, debe analizarse cuidadosamente la motivación. La respuesta puede aportar el certificado histórico de residencia y la base normativa de la inscripción, explicar la situación de ausencia de vivienda estable y pedir una valoración individualizada. Es esencial no confundir el trámite de observaciones ante un preaviso desfavorable con la impugnación judicial del decreto final.

Si ya existe una decisión definitiva de inadmisibilidad, un abogado debe verificar inmediatamente la vía jurisdiccional y los plazos efectivos en función de la naturaleza de la decisión. No debe presumirse que toda controversia relativa a la nacionalidad se tramita ante el mismo juez ni que cualquier recurso suspende automáticamente el procedimiento. La sentencia del TAR del Lacio aporta un argumento sobre el valor de la dirección convencional, no una fórmula procesal universal.

Alcance del precedente

La resolución distingue entre la irregularidad o inexistencia real de un requisito y el uso de una figura administrativa expresamente prevista para personas sin domicilio fijo. La enseñanza operativa es doble: para el solicitante, documentar la continuidad de la residencia legal y la autenticidad de sus vínculos; para la Administración, evitar decisiones automáticas que traten toda dirección convencional como si fuera una inscripción irregular.

En el régimen de nacionalidad por residencia el requisito temporal conserva su importancia. Precisamente por ello, su comprobación debe apoyarse en la legislación y en los hechos del expediente, no en una presunción desfavorable construida únicamente a partir del tipo de dirección que utiliza el ayuntamiento.

Referencia judicial comprobada

TAR Lazio, Roma, sección V-bis, sentencia de 10 de abril de 2026, n.º 6471. Texto íntegro: EIUS, sentencia del TAR del Lacio. El comentario diferencia el contenido del fallo de las recomendaciones prácticas; estas últimas no sustituyen el examen individual de documentos, requisitos y plazos.


Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal de Casación italiano (Avvocato Cassazionista);
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de los Diputados de Italia en materia de inmigración;
Representante de intereses inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de migración y asilo;
ORCID: 0009-0004-7030-0428.
Artículo elaborado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.

sabato 14 novembre 2026

Secondo il TAR Lombardia, il datore di lavoro che chiede cinque nulla osta deve dimostrare di poter sostenere le assunzioni: non basta discutere il fatturato

Secondo il TAR Lombardia, il datore di lavoro che chiede cinque nulla osta deve dimostrare di poter sostenere le assunzioni: non basta discutere il fatturato

Il decreto flussi viene spesso descritto come una procedura in cui il punto decisivo sarebbe soltanto presentare la domanda tempestivamente. Il controllo amministrativo, invece, comprende la concreta affidabilità economica e organizzativa di chi intende assumere lavoratori stranieri. Una pronuncia del TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, del 9 gennaio 2026, n. 102, permette di chiarire come debba essere valutata la capacità del datore di lavoro, quali elementi possano giustificare un diniego e perché il solo ritardo della Prefettura non renda automaticamente illegittimo il provvedimento.

Il caso: cinque richieste e un giudizio di inaffidabilità complessiva

Una società aveva impugnato il rigetto di cinque richieste di nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri, presentate nell'ambito del decreto flussi 2020 presso la Prefettura di Milano. La controversia riguardava, dunque, domande sottoposte al quadro normativo e amministrativo applicabile a quella specifica annualità: la data della sentenza, nel 2026, non trasforma le vicende del 2020 in una descrizione automatica delle procedure odierne.

L'impresa sosteneva che l'Amministrazione si fosse fermata all'insufficienza reddituale senza considerare la più ampia capacità economica dell'attività: volume d'affari, commesse acquisite e solidità organizzativa. Contestava inoltre la motivazione dei dinieghi, il recepimento del parere dell'ufficio del lavoro, il tempo impiegato per decidere e la lesione dell'affidamento.

Il TAR ha esaminato la motivazione dei provvedimenti e ha rilevato circostanze ulteriori rispetto alla mera redditività: un numero elevato di richieste di nulla osta, irregolarità negli obblighi assicurativi e contributivi almeno fino all'adozione degli atti, oltre duecento istanze ricondotte al rappresentante legale per diverse società nell'ambito dei flussi 2020 e 2021 e la sua irreperibilità, come riportata nel provvedimento. Tali fatti, secondo il Collegio, non risultavano specificamente contestati dalla ricorrente e componevano un quadro di complessiva inaffidabilità.

La regola: il reddito netto non è l'unico indicatore

Il principio più importante della sentenza è duplice. Da un lato, il giudice riconosce che, quando chi richiede l'assunzione è un imprenditore, la verifica della capacità economica non può ridursi meccanicamente al risultato netto di bilancio. Devono essere considerati, in relazione alla fattispecie, il volume d'affari, le commesse, la solidità complessiva e altri elementi capaci di dimostrare la sostenibilità degli oneri connessi all'assunzione. Dall'altro lato, questo principio non impone il rilascio del nulla osta a qualunque impresa che alleghi un volume d'affari significativo: il quadro documentale e l'affidabilità concreta rimangono decisivi.

La sentenza richiama l'art. 30-bis del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, con particolare attenzione alla verifica della congruità tra numero di lavoratori richiesti, capacità economica ed esigenze dell'impresa, nonché agli obblighi retributivi e assicurativi. La decisione ricorda anche un precedente del TAR Toscana, Sezione II, 19 maggio 2010, n. 1522, a sostegno di una valutazione finanziaria non limitata all'utile d'esercizio.

È essenziale distinguere il principio astratto dalla sua applicazione: nel caso concreto il TAR non ha accertato una valutazione amministrativa puramente automatica o fondata su un unico indice. Ha ritenuto, al contrario, che l'Amministrazione avesse effettivamente esaminato più circostanze, adeguatamente motivando il giudizio negativo.

Perché il ricorso è stato respinto

Il TAR ha respinto le censure riferite all'asserita insufficienza della motivazione. Il complesso delle irregolarità contributive e assicurative, delle molteplici richieste e della situazione del rappresentante legale è stato considerato idoneo a giustificare il rifiuto. Il ricorso non è stato accolto neppure nella parte in cui denunciava il superamento del termine di conclusione del procedimento: il Collegio ha ricordato che la scadenza di un termine procedimentale, in assenza di una previsione espressa che attribuisca a tale scadenza effetti decadenziali sul potere, non rende di per sé illegittimo un provvedimento tardivo.

È stata respinta anche la doglianza relativa all'affidamento, perché gli stessi elementi di inaffidabilità non consentivano, secondo il giudice, di riconoscere una posizione meritevole della protezione invocata. Il dispositivo è netto: ricorso respinto, spese di lite compensate. Non vi è stato né annullamento dei dinieghi né ordine di rilascio dei cinque nulla osta.

Quali documenti contano nella pratica

La lezione operativa non è che le imprese debbano produrre indistintamente documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla disciplina vigente. È piuttosto che il fascicolo del datore di lavoro, quando la capacità economica o l'affidabilità siano contestate, deve rendere verificabile la sostenibilità del programma occupazionale. Occorre quindi selezionare gli elementi pertinenti alla struttura dell'impresa e all'annualità del flusso: bilanci o dichiarazioni fiscali, fatturato, contratti e commesse, struttura del personale, previsione dei costi salariali, corretto assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dalla disciplina vigente.

Il numero delle richieste assume rilievo nel rapporto con la reale attività. Cinque assunzioni non sono di per sé un numero illecito, così come una pluralità di nulla osta non dimostra automaticamente un abuso. Ma se il fabbisogno dichiarato appare incoerente con l'organizzazione aziendale, la contestazione può riguardare la congruità economica e la credibilità del progetto. Anche le eventuali irregolarità devono essere esaminate nei loro termini effettivi, con riferimento al periodo e alle ragioni risultanti dalla documentazione.

Come impostare l'istruttoria e un'eventuale difesa

  1. Ricostruire la fonte normativa applicabile. La pronuncia nasce dal flusso 2020; per nuove richieste occorre verificare il decreto flussi, le norme e le istruzioni amministrative effettivamente applicabili alla data della domanda.
  2. Collegare ogni assunzione al fabbisogno reale. Mansione, orario, sede di lavoro, costo del personale e volume delle attività devono formare un quadro coerente.
  3. Documentare la capacità economica nel suo insieme. Il solo utile netto non esaurisce la valutazione, ma fatturato e commesse non sostituiscono il controllo degli obblighi contributivi, assicurativi e contrattuali.
  4. Acquisire gli atti del procedimento quando necessario. Un diniego va letto insieme agli elementi istruttori su cui si fonda, inclusi i pareri e le verifiche effettivamente richiamati, attraverso gli strumenti di accesso consentiti dalla legge.
  5. Contestare i fatti in modo specifico. Se l'ufficio attribuisce all'impresa una irregolarità non esistente, un numero inesatto di richieste o dati non aggiornati, occorrono documenti e una cronologia precisa; non basta affermare in astratto che l'impresa è solvibile.
  6. Distinguere l'inerzia dal diniego. Un ritardo può richiedere strumenti di tutela propri, ma non sostituisce la verifica della legittimità sostanziale del successivo provvedimento negativo.

Il limite del precedente e il suo significato generale

La decisione non crea una soglia numerica uniforme di reddito per ogni impresa né stabilisce che un imprenditore economicamente attivo debba sempre ottenere tutti i nulla osta richiesti. Afferma invece la necessità di una valutazione complessiva e motivata, che può condurre anche al diniego quando il materiale istruttorio riveli criticità concrete. Per i lavoratori stranieri il principio è altrettanto importante: un progetto migratorio fondato sul lavoro richiede non solo un possibile impiego, ma anche un datore in grado di sostenerlo in modo regolare e verificabile.

Il rapporto tra legalità dell'immigrazione lavorativa e correttezza del mercato del lavoro passa quindi anche dalla qualità dell'istruttoria sulle imprese. Una verifica accurata tutela sia l'interesse pubblico al governo degli ingressi sia gli aspiranti lavoratori, ai quali non dovrebbe essere prospettato un inserimento occupazionale privo di basi effettive.

Riferimento giurisprudenziale: TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza 9 gennaio 2026, n. 102, presidente ed estensore Cozzi; domanda di annullamento di cinque dinieghi di nulla osta relativi al decreto flussi 2020, ricorso respinto e spese compensate. Fonte verificabile: testo integrale della sentenza pubblicato da EIUS. L'analisi riguarda la fattispecie decisa e non sostituisce la verifica della disciplina applicabile ai flussi successivi.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

According to the Friuli-Venezia Giulia Administrative Court, a year outside the EU does not always justify automatic withdrawal of long-term residence

According to the Friuli-Venezia Giulia Administrative Court, a year outside the EU does not always justify automatic withdrawal of long-term residence

A European Union long-term resident permit provides greater stability than an ordinary residence permit, but it is not immune from withdrawal. One particularly important rule concerns prolonged absence from the territory of the European Union. Does an uninterrupted absence of more than twelve months necessarily mean losing that status, regardless of the reason? A judgment of the Italian Regional Administrative Court for Friuli-Venezia Giulia provides a concrete, carefully qualified answer. It also illustrates why medical records and an opportunity to make representations matter in proceedings before the Questura.

The judgment and the actual dispute

The decision is TAR Friuli-Venezia Giulia, Section I, judgment no. 381 of 13 September 2025. A foreign national challenged the decision of the Questura of Pordenone to withdraw his EU long-term resident permit and refuse to update it. According to the administration, he had been absent from the EU for more than twelve consecutive months, approximately between October 2017 and October 2019. The record also referred to a lengthy interruption of registration in the municipality's population register.

The applicant did not merely deny that time had passed. He argued, among other matters, that his absence had been connected to serious medical difficulties experienced in Tunisia and that the administration should have examined the supporting documents before depriving him of his long-term status. He also invoked his history of residence and integration in Italy. Those submissions were relevant to the legal question: whether the withdrawal mechanism could be applied without examining grave and documented reasons for the absence.

What Article 9 of the Immigration Act says

Article 9(7)(d) of Legislative Decree no. 286/1998 identifies an absence from EU territory for twelve consecutive months as a ground for withdrawing EU long-term resident status. Read in isolation, the wording may appear to create a purely automatic consequence. The court, however, considered the relationship between that provision and Article 9(6), which regulates the relevance of absences when the qualifying residence period is calculated and refers to serious and documented reasons, including health-related circumstances.

The judgment acknowledged that Italian administrative case law had not always been uniform. One approach treated the twelve-month period as an objective condition that left the administration no room to examine personal reasons. Another approach required a proper assessment of sufficiently grave and substantiated reasons for an extended absence. The Friuli-Venezia Giulia court adopted the second approach, following the reasoning of the Italian Council of State in judgment no. 10222/2024.

The point is not that every lengthy absence is excused. The point is that the Questura cannot necessarily treat the calendar as the only fact that matters when the individual has put forward relevant, documented grounds that call for assessment under the interpretation adopted by the court.

Why the Questura's decision was annulled

The decisive defect was not a finding that the claimant's medical problems automatically entitled him to retain the permit. Rather, the administration had explicitly taken the position that explanations for the prolonged absence did not need to be examined when applying Article 9(7)(d). For the court, that approach caused a failure of investigation and reasoning. The administration had not performed the assessment required by the legal interpretation accepted in the judgment.

The TAR therefore upheld the appeal and annulled the withdrawal decision. It directed the administration to reconsider the case and, in particular, to determine whether the medical documentation actually justified the period of absence exceeding twelve consecutive months. It did not itself decide whether the medical evidence was sufficient, nor did it order unconditional restoration of the permit regardless of further findings. Costs were compensated in view of the interpretative disagreement in the case law.

This distinction is critical in legal practice. Annulment for an inadequate investigation is not the same as a judicial declaration that all statutory requirements have been met. The administration must carry out a fresh and reasoned assessment, respecting the judgment.

Which documents should be assembled?

A person facing such a withdrawal should begin with a precise chronology, not with a general assertion of attachment to Italy. Useful materials may include the long-term residence card and earlier immigration decisions; a record of dates of departure, transit and return, supported by passports, tickets and other available records; medical certificates, hospital records, treatment appointments and evidence explaining why travel or return was not realistically possible; and any relevant certified translations. Medical documents should explain their dates and practical impact, not merely record the existence of a condition.

Evidence of family, work, accommodation and residence in Italy may also be relevant to the broader assessment. Such evidence does not replace proof of the reason for the extended absence. If the issue first emerges in a request to update an old-format card, it is especially important to check whether the Questura has opened a separate withdrawal procedure and what communication has actually been served.

How to respond to the administrative procedure

First, obtain a copy of the contested decision and, where necessary, access to the administrative file. It matters whether the administration has correctly identified the relevant dates, the geographical scope of the absence and the legal basis for withdrawal. A period outside Italy is not automatically identical to a period outside the entire EU.

Second, submit a structured response to any notice of proposed refusal or withdrawal, addressing Article 9 and attaching documents on the reasons for absence. Any administrative submission should be dated, verifiable and specific: the authority needs to know exactly which periods are disputed and which documents explain them.

Third, if a withdrawal has been adopted, obtain individual advice promptly on judicial remedies and applicable time limits. A decision such as TAR Friuli-Venezia Giulia no. 381/2025 can support an argument that reasons were unlawfully ignored, but it is not a guarantee of success in a different case. The competent judge, applicable deadline and possible interim protection depend on the challenged act and the particular procedural position.

What the ruling does not establish

There is no universal medical exception allowing an EU long-term resident to remain indefinitely abroad while preserving status. Serious reasons must be documented and evaluated in their factual context. Nor does this ruling mean that an ordinary work permit issued at a different time necessarily cures every defect affecting long-term residence. Different types of permits, their prerequisites and the consequences of withdrawal must be examined separately.

It is equally important not to confuse the rule about withdrawal after twelve consecutive months outside the EU with the rules about counting absences when initially qualifying for long-term residence. The court connected the provisions for purposes of interpretation; it did not erase the statutory distinction between them.

The practical lesson

The judicial protection illustrated by this case is protection against a mechanical administrative decision where relevant facts were left unexamined. Someone who can explain a prolonged absence should make that explanation early, with contemporaneous supporting documents. A lawyer considering an appeal should identify the precise omission in the investigation, rather than simply asking the TAR to substitute its own assessment for that of the Questura. In immigration administration, accurate evidence and reasons remain just as important as the number of days recorded on a passport.

Judicial source: Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, Section I, judgment 13 September 2025, no. 381; full published text: EIUS – judgment no. 381/2025. Legal reference: Article 9(6) and (7)(d), Legislative Decree no. 286/1998. The article is a reasoned explanation of the judgment, not individualized legal advice.


Avv. Fabio Loscerbo
Lawyer qualified to practise before the Italian Court of Cassation
Registered in the Italian Chamber of Deputies' Register of Interest Representatives in the field of Immigration
Lobbyist registered in the Transparency Register of the European Union, no. 280782895721-36, in the field of Migration and Asylum
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Article prepared with the assistance of AI tools, under the author's direction, review and editorial responsibility.

Selon le TAR de Lombardie, une réhabilitation pénale postérieure ne suffit pas à annuler un refus de renouvellement du séjour

Selon le TAR de Lombardie, une réhabilitation pénale postérieure ne suffit pas à annuler un refus de renouvellement du séjour

Lorsqu'une préfecture de police italienne, la Questura, refuse de renouveler un titre de séjour en raison de la dangerosité sociale de son titulaire, la question ne se limite pas à l'existence d'une condamnation pénale. Il faut comprendre les faits retenus, la motivation de l'administration, les liens familiaux effectivement établis et, surtout, la chronologie des événements. Une décision de justice récente montre à quel point la date d'une réhabilitation pénale peut être décisive pour apprécier la légalité d'un refus déjà pris.

La décision examinée

Le Tribunal administratif régional de Lombardie, siège de Milan, troisième section, jugement n° 2834 du 3 juin 2026, a examiné un recours contre le refus de renouvellement d'un permis de séjour pour travail salarié. Le refus administratif avait été pris le 22 février 2023. L'intéressé avait été condamné à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement pour des violences sexuelles commises contre son ancienne compagne, condamnation confirmée en appel. L'administration avait fondé sa décision sur une appréciation individualisée de la dangerosité, tirée notamment de la gravité des faits et de leurs modalités.

Le requérant contestait cette appréciation. Il invoquait ses relations familiales et la réhabilitation pénale dont il avait bénéficié le 19 juillet 2023. Il estimait que ces éléments rendaient le refus de renouvellement illégal. Le TAR a néanmoins rejeté le recours et compensé les frais de justice.

La condamnation et l'évaluation administrative : deux questions distinctes

La décision n'énonce pas que toute personne condamnée pour une infraction pénale perd automatiquement son droit au séjour. Le juge a vérifié la manière dont l'administration avait motivé le refus dans cette affaire. Les éléments retenus étaient précis : la nature de l'infraction, les circonstances de sa commission, la condamnation pénale et les indications concrètes que les faits fournissaient sur le risque social.

Ce contrôle est essentiel. Une autorité qui statue sur un renouvellement doit appliquer le régime juridique correspondant au titre demandé et justifier son appréciation lorsque la loi exige une évaluation de la situation personnelle. Il ne suffit pas, dans chaque affaire, d'employer les mots « ordre public » ou « dangerosité » sans expliquer le lien avec les éléments du dossier.

Dans le cas examiné, le TAR a considéré que les circonstances établies donnaient un fondement concret à la décision. Le requérant n'avait pas fourni d'éléments suffisamment spécifiques pour renverser l'appréciation opérée par l'administration.

Pourquoi les liens familiaux n'ont-ils pas changé l'issue ?

Le requérant reprochait à la Questura de ne pas avoir apprécié ses attaches familiales. Or, selon le texte intégral du jugement, il s'était limité à une évocation générale de ces relations, sans indiquer précisément quels membres de sa famille vivaient en Italie, la réalité d'une éventuelle cohabitation, ni la consistance et l'actualité de ces liens.

Le juge n'a donc pas posé comme règle que la vie familiale n'a aucune importance en droit des étrangers. Il a observé que l'allégation présentée n'était pas suffisamment étayée dans ce dossier. Il a également relevé la nature des faits pénaux, commis contre une personne liée antérieurement à l'intéressé par une relation affective.

Sur le plan pratique, lorsqu'une personne invoque sa famille, il est indispensable d'en décrire la composition, la résidence, la stabilité, les responsabilités assumées et les éventuelles dépendances concrètes, au moyen de pièces pertinentes. La simple affirmation « j'ai de la famille en Italie » ne permet pas nécessairement à l'autorité ou au juge d'effectuer une mise en balance sérieuse.

La question décisive : à quelle date la réhabilitation est-elle intervenue ?

L'intéressé avait obtenu sa réhabilitation le 19 juillet 2023, c'est-à-dire après le refus du 22 février 2023. Le TAR a suivi une jurisprudence selon laquelle, pour apprécier la légalité du refus attaqué, les éléments favorables à prendre en considération sont ceux qui existaient et avaient été portés à la connaissance de l'administration, ou étaient connus de celle-ci, au moment où elle a statué, même s'ils étaient apparus après le dépôt initial de la demande.

La réhabilitation postérieure ne pouvait donc pas, à elle seule, rendre rétroactivement illégal l'acte du 22 février 2023. Le tribunal a ajouté que l'administration n'était pas tenue de suspendre sa décision jusqu'à l'issue d'une procédure de réhabilitation, compte tenu de l'autonomie entre l'appréciation administrative du séjour et les décisions relevant du juge pénal, ainsi que de l'obligation de clore le dossier administratif.

Il faut être précis : le TAR a statué sur la légalité du refus antérieur. Il n'a pas jugé, de manière générale, qu'une réhabilitation pénale ne pourrait jamais compter dans une procédure distincte introduite ultérieurement. Son éventuelle portée doit alors être appréciée dans les limites du régime juridique applicable, avec les autres circonstances de la situation actuelle.

Comment constituer un dossier de renouvellement solide ?

Une défense utile commence par la lecture complète de la décision de refus et de ses motifs, puis par l'accès aux pièces administratives nécessaires. Il convient de reconstituer la chronologie des condamnations et des éventuels recours pénaux, de relever la date à laquelle chaque élément était disponible pour l'administration et d'identifier correctement le titre de séjour en cause.

Si des attaches familiales sont invoquées, les documents doivent permettre une appréciation concrète : état civil, résidence des proches, cohabitation lorsqu'elle existe, entretien des enfants, obligations familiales effectivement assumées et toute circonstance individuelle juridiquement pertinente. Il ne s'agit pas d'accumuler des attestations sans rapport avec la motivation du refus, mais de répondre aux questions que l'administration est légalement tenue d'examiner.

De même, l'existence d'une décision de réhabilitation ou d'autres développements pénaux doit être exposée avec ses dates exactes. Confondre des événements antérieurs et postérieurs au refus risque d'affaiblir le recours en annulation. Pour une procédure nouvelle, la portée des événements récents mérite une analyse autonome, sans présumer que l'ancien refus disparaît automatiquement.

Quels sont les recours possibles ?

La voie contentieuse ne doit jamais être choisie par automatisme. Le conseil juridique doit identifier la décision effectivement notifiée, l'autorité qui l'a prise, la nature du permis, le juge compétent et le délai applicable. Il doit ensuite distinguer le contrôle de légalité du refus de l'examen d'une éventuelle demande de séjour fondée sur une situation actuelle différente.

Un recours peut notamment discuter une motivation abstraite, une mauvaise reconstruction des faits, une omission de pièces pertinentes déjà présentées, ou une appréciation qui ne respecte pas les garanties prévues par la loi. Mais une procédure ne peut être sérieusement engagée sur la seule idée qu'une réhabilitation obtenue après coup effacerait automatiquement les motifs d'un refus plus ancien.

Lorsque des droits relatifs à la vie familiale, à la protection ou à d'autres situations particulières sont invoqués, leur régime propre doit être examiné séparément. La solution de cette affaire concernant un permis pour travail salarié n'épuise pas toutes les formes de protection prévues par le droit italien et européen.

Une leçon juridique à retenir

Cette décision met en évidence trois exigences : des motifs individualisés, des preuves concrètes et une chronologie exacte. Le juge n'a pas validé un automatisme général de refus à partir du casier judiciaire ; il a contrôlé une appréciation administrative étayée par des faits particuliers. Il n'a pas non plus exclu en toutes circonstances la pertinence d'un parcours de réhabilitation : il a jugé que celui-ci, intervenu plusieurs mois après l'acte litigieux, ne démontrait pas l'illégalité de cet acte à sa date d'adoption.

Pour les personnes étrangères et leurs conseils, l'utilité de cet arrêt est de rappeler qu'un dossier ne se défend ni par une formule générale sur l'intégration ni par la production non contextualisée d'une décision pénale favorable. Il se défend par la confrontation rigoureuse entre la norme, la motivation administrative et les faits qui pouvaient réellement être pris en considération au moment de la décision.

Source judiciaire vérifiable : TAR Lombardia, Milan, section III, jugement du 3 juin 2026, n° 2834, R.G. n° 1481/2023 ; texte de la décision reproduit sur Doctrine – TAR Milano n° 2834/2026. Référence juridique discutée dans l'arrêt : article 5, paragraphe 5, du décret législatif italien n° 286/1998. Ce commentaire ne remplace pas l'étude individuelle d'un dossier.


Avv. Fabio Loscerbo
Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne
Inscrit au Registre des représentants d'intérêts de la Chambre des députés italienne dans le domaine de l'immigration
Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l'Union européenne sous le n° 280782895721-36, dans le domaine de la migration et de l'asile
ORCID : 0009-0004-7030-0428
Article rédigé avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, sous la direction, la révision et la responsabilité éditoriale de l'auteur.

New on TikTok: ⚖️ LE DROIT DE L'IMMIGRATION DANS SON APPLICATION CONCRÈTE, ENTRE NORMES, INTERPRÉTATIONS ET DÉCISIONS DE JUSTICE. 📚 Le droit de l'immigration est une matière en constante évolution, dans laquelle les dispositions législatives se confrontent quotidiennement aux situations concrètes des personnes. 🎙️ À travers l'analyse des jugements et de la jurisprudence, le podcast Droit de l'immigration propose des approfondissements pour comprendre comment les règles juridiques sont interprétées et appliquées par les juridictions italiennes et européennes. ⚖️ Connaître les décisions de justice permet de comprendre non seulement les droits, mais aussi les devoirs et les principes qui régissent la présence des ressortissants étrangers en Italie. 🎙️ Maître Fabio Loscerbo, avocat #DroitImmigration #ImmigrationItalie #Jurisprudence #DroitDesÉtrangers #Justice

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New on TikTok: Violences conjugales : révocation du titre de séjour de longue durée Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo, avocat. Aujourd'hui, nous examinons le jugement numéro 1771 du Tribunal administratif régional d'Émilie-Romagne, siégeant à Bologne, publié le 9 novembre 2026, concernant le recours inscrit au registre général sous le numéro 1263 de 2026. L'affaire concerne un ressortissant bangladais dont le titre de séjour de résident de longue durée de l'Union européenne avait été révoqué par la préfecture de police de Bologne. Cette décision reposait sur deux condamnations pénales : la première pour violation de l'interdiction de s'approcher de son épouse, et la seconde, non encore définitive, pour mauvais traitements infligés à celle-ci en présence de leur fille mineure. Le requérant avait contesté la révocation, soutenant que l'administration n'avait pas suffisamment pris en considération son insertion professionnelle antérieure et ses liens familiaux. Le Tribunal a rejeté le recours. Selon les juges, l'article 9 de la législation italienne sur l'immigration ne permet pas la révocation automatique d'un titre de séjour de longue durée sur le seul fondement d'une condamnation pénale. Une évaluation individuelle de la dangerosité sociale est nécessaire, en tenant compte de la durée du séjour ainsi que de l'intégration familiale, sociale et professionnelle de l'intéressé. Dans cette affaire, la préfecture de police avait procédé à cette évaluation, en accordant une importance particulière à la gravité des violences conjugales. Le Tribunal a également précisé qu'une condamnation pénale non définitive peut être prise en considération pour évaluer la dangerosité sociale. Un aspect important concerne les conséquences de cette décision. La préfecture de police n'avait pas ordonné l'expulsion de l'intéressé. Elle avait, au contraire, prévu la délivrance d'un titre de séjour ordinaire pour travail salarié ou recherche d'emploi, valable un an et éventuellement renouvelable. Le jugement souligne donc une distinction fondamentale : perdre le statut de résident de longue durée ne signifie pas nécessairement perdre toute possibilité de séjourner légalement en Italie. La protection de la sécurité publique doit reposer sur une évaluation individuelle et proportionnée, prenant également en considération la situation personnelle et familiale du ressortissant étranger. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.

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New on TikTok: Domestic Violence: Long-Term Residence Permit Revoked Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. I am attorney Fabio Loscerbo. Today, we examine judgment number 1771 of the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna, Bologna, published on November 9, 2026, concerning case number 1263 of 2026. The case involves a Bangladeshi citizen whose European Union long-term residence permit was revoked by the Bologna Police Headquarters. The decision was based on two criminal convictions: one for violating a restraining order prohibiting him from approaching his wife, and another, not yet final, for domestic abuse committed against his wife in the presence of their minor daughter. The applicant challenged the revocation, arguing that the authorities had not adequately considered his previous employment and family ties. The Court dismissed the appeal. According to the judges, Article 9 of the Italian Immigration Act does not allow the automatic revocation of a long-term residence permit solely because of a criminal conviction. An individual assessment of social dangerousness is required, taking into account the duration of residence and the person's family, social, and professional integration. In this case, the Police Headquarters had carried out that assessment, giving particular weight to the seriousness of the domestic violence. The Court also clarified that a criminal conviction which is not yet final may be considered when assessing social dangerousness. An important aspect concerns the consequences of the decision. The Police Headquarters did not order the applicant's expulsion. Instead, it provided for the issuance of an ordinary one-year residence permit for employment or job-seeking purposes, which may be renewed. The judgment therefore highlights an essential distinction: losing long-term resident status does not necessarily mean losing every possibility of remaining legally in Italy. Public security must be protected through an individual and proportionate assessment that also considers the foreign citizen's personal and family circumstances. Thank you for listening, and see you in the next episode.

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Selon le TAR d’Émilie-Romagne, un refus de nationalité par mariage fondé sur des documents d’identité relève en principe du juge civil

Selon le TAR d’Émilie-Romagne, un refus de nationalité par mariage fondé sur des documents d’identité relève en principe du juge civil

Un refus administratif ne doit pas être contesté devant le tribunal administratif simplement parce qu’il est signé par une préfecture. Le choix du juge dépend de la nature du droit invoqué et des motifs précis de la décision. Cette distinction est particulièrement importante pour les personnes qui demandent la nationalité italienne en raison de leur mariage avec un citoyen italien.

Dans son jugement du 4 juin 2026, n° 309, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne, section détachée de Parme, première section, a déclaré irrecevable, pour défaut de juridiction administrative, un recours dirigé contre un refus d’admission d’une demande de nationalité par mariage. Le juge compétent était, dans les circonstances de l’affaire, le juge judiciaire ordinaire.

Une demande de nationalité bloquée par des divergences d’état civil

La requérante avait introduit sa demande en janvier 2018 sur le fondement de l’article 5 de la loi italienne n° 91 du 5 février 1992. Au cours de l’instruction, la préfecture de Reggio d’Émilie avait relevé des discordances entre les données personnelles figurant dans différents documents. Elle avait demandé une attestation des autorités diplomatiques ou consulaires du pays d’origine, dûment légalisée, pour établir que les identités apparemment différentes correspondaient à la même personne.

Faute de réception, dans le délai imparti, de documents jugés suffisants pour surmonter ces incohérences, l’administration avait déclaré la demande irrecevable en décembre 2022. La requérante avait saisi le tribunal administratif, contestant notamment la motivation du refus, l’instruction de son dossier et la prise en compte de sa situation personnelle et familiale.

Le tribunal n’a cependant pas tranché la question de savoir si l’attestation demandée était, au fond, juridiquement indispensable, ni si les divergences d’identité pouvaient être surmontées par d’autres preuves. Il a constaté que le litige relevait d’une autre juridiction. Confondre cette solution procédurale avec une validation du refus préfectoral serait une erreur.

Pourquoi la distinction entre droit subjectif et pouvoir discrétionnaire est décisive

Dans la nationalité acquise par mariage, selon le raisonnement du TAR, l’administration vérifie généralement des conditions fixées par la loi. La personne qui satisfait aux conditions invoque donc, dans cette configuration, une position de droit subjectif. Les contestations sur l’identité, la régularité des documents ou l’existence des conditions légales de l’article 5 relèvent normalement du juge civil.

La situation peut être différente lorsque l’administration exerce le pouvoir lié aux motifs avérés concernant la sécurité de la République, visés à l’article 6, paragraphe 1, lettre c), de la loi n° 91/1992. La juridiction compétente doit alors être déterminée en fonction du fondement réel de la mesure contestée. La décision de Parme ne signifie donc pas que tout refus de nationalité, dans toutes les catégories et pour tous les motifs, doit être porté devant le même juge.

La nationalité par naturalisation, notamment celle sollicitée sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 91/1992, obéit à une logique distincte, car l’exercice du pouvoir administratif peut comporter une marge d’appréciation différente. Il faut éviter de transposer mécaniquement le raisonnement d’une procédure à l’autre.

L’issue du procès : un rejet procédural, et non un jugement sur les mérites de la demande

Le TAR d’Émilie-Romagne, section de Parme, a déclaré le recours irrecevable pour défaut de juridiction et a indiqué le juge ordinaire comme juridiction compétente. Les dépens ont été compensés. Le jugement rappelle également la possibilité de représenter le litige devant le juge compétent conformément aux conditions et délais prévus par l’article 11 du code italien de procédure administrative.

Ce point est essentiel : une décision rendue sur la juridiction ne confère pas la nationalité, n’annule pas nécessairement l’acte préfectoral sur le fond et ne dispense pas de préparer les preuves relatives à l’identité. Elle évite, si elle est correctement comprise, qu’un nouveau recours soit engagé devant une juridiction incompétente.

Que faire lorsque les noms, dates ou lieux de naissance ne correspondent pas ?

Premièrement, reconstituer la chaîne documentaire. Il faut confronter acte de naissance, passeport, documents consulaires, actes de mariage, certificats d’état civil et déclarations figurant dans les anciennes procédures italiennes. Une différence de translittération entre alphabets, un double nom ou une erreur matérielle n’ont pas toujours la même portée. Chaque divergence doit être identifiée plutôt que simplement affirmée comme anodine.

Deuxièmement, lire précisément la demande de complément. Le préavis de rejet ou la communication de la préfecture doit permettre de comprendre quels éléments restent incertains. Les pièces à fournir varient selon le pays d’origine, leur mode d’établissement et les exigences de légalisation ou d’apostille applicables. Il n’existe pas une attestation universelle qui résout tous les dossiers.

Troisièmement, vérifier la motivation du refus. Un refus lié à une preuve insuffisante de l’identité est différent d’une décision fondée sur la sécurité de l’État. Le libellé formel du document et le fait qu’il provienne d’une préfecture ne suffisent pas à déterminer la juridiction. Il faut apprécier la demande juridique effectivement portée devant le juge.

Quatrièmement, préserver les délais. Si un recours a déjà été introduit devant une juridiction incompétente, l’éventuelle reprise devant la juridiction désignée relève de règles procédurales spécifiques. La date à laquelle le jugement devient définitif et les actes déjà accomplis doivent être vérifiés immédiatement avec un avocat. La décision de Parme ne crée aucun délai général supplémentaire pour toutes les demandes de nationalité.

Trois erreurs à éviter

Il serait inexact de soutenir que la préfecture a toujours tort lorsqu’elle signale des divergences d’état civil ; tout aussi inexact de considérer que l’absence d’un document demandé rend automatiquement le refus légal. Enfin, les arguments sur l’intégration professionnelle, la famille ou les années de résidence ne remplacent pas nécessairement la preuve des éléments constitutifs de l’identité du demandeur.

La leçon du jugement est méthodologique : identifier d’abord le droit dont la protection est demandée, le motif exact du refus et le juge compétent. Ce contrôle doit précéder le dépôt d’un recours, sans négliger pour autant la préparation du dossier sur le fond.

Décision commentée et source

TAR Emilia-Romagna, section détachée de Parme, Ire section, 4 juin 2026, n° 309, président Modica de Mohac di Grisì, rapporteur Bardino. Décision publiée en texte intégral, en italien : consulter le jugement. Analyse consacrée au partage des compétences juridictionnelles, sans prétendre résoudre les faits non jugés au fond.


Avv. Fabio Loscerbo
Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne
Inscrit au Registre des représentants d’intérêts de la Chambre des députés italienne en matière d’immigration
Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne sous le n° 280782895721-36 dans le domaine de la migration et de l’asile
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Selon le TAR de Brescia, un permis de protection spéciale valable le 11 mars 2023 peut être converti en titre de séjour pour travail : les limites de la règle transitoire

Selon le TAR de Brescia, un permis de protection spéciale valable le 11 mars 2023 peut être converti en titre de séjour pour travail : les limites de la règle transitoire

Une réforme du droit des étrangers peut supprimer ou restreindre une voie de conversion sans effacer nécessairement les situations juridiques que le législateur a expressément sauvegardées. C'est l'enseignement pratique du Tribunal administratif régional de Lombardie, section détachée de Brescia, première section, arrêt n° 618 du 30 juin 2025. Le litige concernait la conversion d'un permis italien délivré pour protezione speciale en permis pour travail salarié, après les modifications apportées par le décret-loi italien n° 20/2023.

L'intérêt de cette décision n'est pas de proclamer que toute protection spéciale donne aujourd'hui droit à une conversion. Il est de montrer comment une disposition transitoire, appliquée à la date et au titre de séjour précis, peut rendre illégal un refus administratif présenté comme la simple conséquence d'une réforme.

Les faits : un permis obtenu en 2022 et une demande déposée en 2023

Le ressortissant étranger en cause disposait d'un permis pour protection spéciale émis par la Questura de Crémone le 29 juillet 2022, et expirant le 22 juin 2024. Il demanda le 20 septembre 2023 sa conversion en permis de séjour pour emploi salarié (lavoro subordinato). Le 9 mai 2024, la Questura déclara sa demande irrecevable, par un acte notifié le 20 mai, en soutenant que la législation alors en vigueur ne prévoyait plus cette conversion.

L'intéressé introduisit un recours administratif juridictionnel en juillet 2024. Sa contestation ne reposait pas sur une affirmation générale selon laquelle le travail devrait toujours permettre de régulariser le séjour : elle invoquait précisément l'article 7, paragraphe 3, du décret-loi n° 20 du 10 mars 2023, dans son régime transitoire. Le permis était encore valable lorsque le nouveau décret était entré en vigueur, le 11 mars 2023.

La règle déterminante : la date du 11 mars 2023

La modification de 2023 a profondément affecté plusieurs mécanismes relatifs à la protection spéciale et à la conversion de certains titres de séjour. Elle contenait toutefois une règle de sauvegarde pour les permis de protection spéciale déjà en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du décret. Dans la lecture retenue par le TAR de Brescia, cette disposition permettait leur conversion en permis pour travail, si les autres conditions légales étaient effectivement réunies.

Le juge a donc distingué deux propositions que l'administration avait confondues. Premièrement, le régime général des conversions avait changé. Deuxièmement, pour certains permis préexistants, la loi avait expressément préservé une possibilité de conversion. La première proposition n'annulait pas la seconde.

Dans cette affaire, les dates étaient décisives : un permis délivré en juillet 2022 et expirant en juin 2024 était nécessairement valide au 11 mars 2023. La Questura ne pouvait donc déclarer la demande irrecevable au seul motif abstrait que la conversion aurait disparu du droit positif après la réforme.

Ce que le tribunal a effectivement décidé

Le TAR de Brescia a accueilli le recours et annulé le refus de la Questura. Il a considéré que l'article 7, paragraphe 3, du décret-loi n° 20/2023 rendait en principe possible la conversion du permis du requérant, à condition que les autres exigences applicables soient satisfaites. Il a ordonné à l'administration de statuer de nouveau sur la demande dans les trente jours suivant la communication de la décision, en tenant compte de la solution retenue par le juge.

Les dépens ont été mis à la charge de l'administration, à hauteur de 2 500 euros, outre les accessoires indiqués dans le dispositif. Cette condamnation concerne le procès jugé et ne signifie évidemment pas que tout étranger obtiendrait une somme équivalente dans une situation différente.

Le tribunal s'est référé à sa jurisprudence antérieure, notamment à la décision n° 172 du 4 mars 2024, pour interpréter la disposition transitoire. La décision n° 618/2025 s'inscrit ainsi dans un raisonnement sur la continuité des titres et les effets dans le temps de la réforme.

Annulation du refus ne veut pas dire délivrance automatique

Il est essentiel de ne pas étendre la portée du jugement. Le TAR n'a pas déclaré que l'existence d'un contrat de travail suffit à transformer n'importe quel permis de protection spéciale en autorisation de séjour pour travail. Il n'a pas non plus décidé que tous les permis délivrés après la réforme peuvent bénéficier de la même garantie transitoire.

Le raisonnement est plus précis : dans un dossier relevant de l'article 7, paragraphe 3, l'administration ne peut écarter la demande sans examiner cette disposition. Elle reste tenue de vérifier les conditions matérielles et documentaires requises pour la conversion. À la suite d'une annulation, un nouveau contrôle administratif reste donc possible, mais il ne peut répéter le motif juridique censuré sans respecter le jugement.

Comment vérifier si un dossier relève de ce précédent ?

Une consultation sérieuse doit commencer par la chronologie et les pièces. Il faut identifier la nature exacte du permis, sa date de délivrance, sa date d'expiration et sa validité à la date charnière du 11 mars 2023. Il faut ensuite déterminer si une demande de conversion a réellement été déposée, à quelle date et auprès de quelle Questura, et obtenir la preuve du dépôt ainsi que la décision administrative complète.

Le second contrôle concerne le travail : proposition d'embauche ou relation déjà instaurée selon le régime applicable, pièces de l'employeur, communications obligatoires, éléments relatifs à l'activité et aux autres conditions exigées. La décision de Brescia ne remplace pas cet examen ; elle évite seulement qu'il soit écarté à partir d'une interprétation erronée du droit transitoire.

Enfin, le refus doit être lu attentivement. Une simple déclaration d'irrecevabilité motivée par « conversion non prévue par la législation actuelle » ne présente pas la même structure qu'un rejet fondé sur l'absence de conditions objectives, l'insuffisance des pièces ou d'autres obstacles légalement pertinents. Les moyens de recours doivent être adaptés à ce que l'administration a réellement décidé.

Quatre réflexes de procédure utiles

  1. Conserver les anciennes cartes de séjour : elles peuvent établir directement la validité du titre à la date déterminante et éviter un débat inutile sur l'historique administratif.
  2. Demander la copie du dossier : la demande, les récépissés, les communications, le préavis éventuel et le refus doivent être comparés pour comprendre la qualification retenue par la Questura.
  3. Séparer les questions de droit et de preuve : l'existence de la règle transitoire est une question juridique ; l'éligibilité concrète à la conversion dépend aussi des faits et documents.
  4. Préserver les délais de contestation : la compétence du juge, le type de recours et le point de départ des délais doivent être vérifiés à partir du dispositif, de la notification et de la nature précise du titre.

Portée actuelle et enseignement professionnel

Même si l'arrêt date de 2025, il demeure particulièrement utile pour analyser les refus liés aux titres de protection spéciale antérieurs à la réforme de mars 2023. Il invite les praticiens à refuser une méthode de lecture purement statique de la loi : les dispositions transitoires sont du droit applicable, non de simples notes historiques. Une interdiction introduite dans le régime général ne suffit pas à résoudre le sort des situations sauvegardées par le texte.

À l'inverse, ce précédent ne dispense pas d'étudier les réformes ultérieures et les particularités du dossier en 2026. Il faut éviter de reprendre mécaniquement la solution de Brescia pour des titres délivrés à d'autres dates, ou pour des demandes dont l'objet n'est pas une conversion vers le travail salarié.

Décision commentée et source vérifiable : TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, sentenza 30 giugno 2025, n. 618, président et rapporteur Fede. Texte intégral de la décision en italien.


Avv. Fabio Loscerbo
Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne
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venerdì 13 novembre 2026

According to the Liguria Administrative Court, an extra residence-permit application cannot by itself cancel a valid work authorisation under Italy's quota system

According to the Liguria Administrative Court, an extra residence-permit application cannot by itself cancel a valid work authorisation under Italy's quota system

Italy's procedure for hiring a worker from abroad involves several administrative steps, sometimes handled by different offices. An employer may obtain a nulla osta al lavoro, the worker may enter Italy with a visa, and the residence-permit procedure may then involve both the Single Immigration Desk (Sportello Unico per l'Immigrazione) and the police headquarters (Questura). What happens if a worker, seeking to regularise the position, submits an additional permit application to the Questura before the Single Immigration Desk's procedure has formally ended?

The Regional Administrative Court for Liguria, First Section, addressed that precise issue in judgment no. 1083 of 28 September 2026. Its answer is important for employers, workers and legal representatives: an unnecessary or incorrectly submitted parallel application is not, in itself, a statutory ground for withdrawing an existing work authorisation.

The facts: entry through the quota procedure, followed by a second application

The applicant had entered Italy after a work authorisation was granted through the immigration quota scheme, commonly known as the decreto flussi. She subsequently submitted an application to the Questura of Savona for a residence permit for employment, using the assistance of a tax-assistance centre.

On 8 July 2025, the Prefecture of Savona notified her of a proposed withdrawal of the work authorisation. The reason given was not an adverse finding concerning the employer, a disqualifying criminal record or a newly discovered statutory impediment. Instead, the Prefecture objected to the fact that the worker had applied to the Questura before the process at the Single Immigration Desk had been completed. The Prefecture then withdrew the authorisation on 19 July 2025.

The worker challenged the withdrawal, alleging inadequate investigation and reasons, factual errors and incorrect application of immigration legislation. The court had already suspended the effects of the contested measure as an interim step during the proceedings.

The governing provisions and the court's reasoning

Article 22 of Legislative Decree no. 286/1998 regulates the entry of foreign workers for employed work and the role of the Single Immigration Desk. It also identifies circumstances in which work authorisation and connected documents may be withdrawn following the later discovery of legally relevant obstacles. The judgment additionally examined Article 42 of Decree-Law no. 73/2022, which had introduced specific provisions concerning authorisations and subsequent checks.

The court found that neither framework provided for withdrawal merely because the worker had lodged an additional residence-permit request with another office before completion of the original process. The Prefecture had treated a procedural irregularity as if it were an express statutory ground for withdrawing a substantive authorisation.

The judges described the second application as erroneous and superfluous, but rejected the inference that it should automatically prejudice the correctly initiated procedure. They also recalled a general administrative-law principle: where an authority receives an application outside its competence, the appropriate response is ordinarily to refer it to the competent authority, inform the applicant and cooperate as required, rather than invent an adverse consequence unsupported by law.

What the court ordered—and what it did not order

The TAR allowed the claim and annulled the Prefecture's withdrawal decision. The administration was ordered to reimburse the costs of the litigation, assessed at EUR 1,500 plus statutory accessories and the court fee where paid.

The judgment did not itself issue a residence permit, nor did it state that every worker who makes an incorrect application must automatically be granted a permit. It addressed the legality of one specific withdrawal ground: the submission of a parallel and unnecessary request to the Questura. Other requirements and any genuinely existing statutory obstacles must still be assessed under the applicable legislation.

Why a later positive administrative development did not end the litigation

During the proceedings the administration informed the court that, on 4 June 2026, the Questura had given a favourable opinion on the employer's application and that a further appointment would be arranged. The Prefecture therefore argued that the dispute had effectively been resolved.

The TAR disagreed. A favourable procedural indication did not show that the contested withdrawal had actually been set aside, or that the worker had received the practical legal protection requested. A mere expectation of further administrative action could not be treated as complete satisfaction of the claimant's interests. Because the withdrawal remained in place and no final resolution was established, the court examined the merits and annulled the measure.

This part of the ruling has an independent lesson for litigation strategy: a letter promising an appointment or referring to a favourable opinion should not automatically be mistaken for a formal withdrawal of the challenged act. Lawyers must distinguish an administrative assurance from an operative decision that actually changes the client's legal position.

Practical steps for workers and employers

Map the entire procedure. Keep separate records of the work authorisation, entry visa, arrival date, Single Immigration Desk appointments, employment documents, applications submitted to the Questura and any associated receipts. A timeline can reveal whether two applications were being processed in parallel and why.

Preserve the precise grounds for any proposed withdrawal. A notice of intended withdrawal and the final decision should be read closely. The critical question is not whether the administration considers an application unnecessary, but whether the particular legal consequence it proposes has a statutory basis.

Respond before a final negative decision when possible. Where an adverse administrative notice allows observations, provide a concise explanation of why the extra filing occurred, what the main procedure's status is and which documents establish continued compliance. Where necessary, ask the offices to coordinate or transfer documents. This approach does not excuse genuinely false statements, missing requirements or statutory impediments.

Do not assume that a favourable opinion closes a dispute. Request written confirmation of the operative decision, the removal of the negative measure and any further steps required from the worker or employer. If litigation is pending, assess whether the material interest has truly been satisfied.

Obtain tailored advice before filing a judicial challenge. The applicable forum, deadlines, interim relief and the relationship between the authorisation and the residence-permit application must be checked against the precise acts issued. A worker should not deliberately submit duplicate applications as a supposed shortcut; the judgment protects against an unsupported sanction, not against all procedural mistakes.

A broader principle for immigration administration

Administrative legality is particularly important in procedures divided among the Prefecture, Single Immigration Desk and Questura. An office must act within the powers assigned to it and rely on legally defined grounds when withdrawing an authorisation. Coordination problems and unnecessary filings should be addressed with appropriate procedural measures, rather than automatically converted into substantive disqualifications.

The decision is not a promise that the quota procedure will succeed in every case. It is a carefully bounded ruling that strengthens the distinction between an application made through the wrong channel and a genuine legal obstacle to work-based immigration. That distinction is essential both to sound administration and to effective judicial review.

Verified judgment: TAR Liguria, Sezione I, judgment 28 September 2026, no. 1083 (President Caruso; reporting judge Pistilli). Full Italian text of the judgment. Principal legislation discussed: Legislative Decree no. 286/1998, Article 22; Decree-Law no. 73/2022, Article 42; Law no. 241/1990 on administrative procedure.


Avv. Fabio Loscerbo
Lawyer authorised to practise before the Italian Supreme Court of Cassation
Registered in the Chamber of Deputies' Register of Interest Representatives in the field of Immigration
Lobbyist registered in the European Union Transparency Register, no. 280782895721-36, in the field of Migration and Asylum
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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According to the Italian Court of Cassation, short-term work and basic Italian cannot be assessed in isolation when deciding complementary protection

According to the Italian Court of Cassation, short-term work and basic Italian cannot be assessed in isolation when deciding complementary protection

Can an Italian court dismiss a foreign national's evidence of integration simply because the employment contracts are short and the person's Italian is elementary? The answer given by the Italian Court of Cassation, Civil First Section, order no. 17852, filed on 4 June 2026, is an important warning against fragmented judicial reasoning. The decision concerns the protection of private life and the evaluation of a person's actual integration in Italy under the legal regime applicable to that case. It is not a rule that any employment contract automatically entitles its holder to a residence permit.

The case: employment evidence before the court

The foreign national had brought proceedings in which the assessment of his private life and social integration was decisive. His evidence included two mandatory employment communications, commonly known as UNILAV, dated 31 October 2024 and 3 March 2025, together with payslips relating to agricultural employment. The documents were presented as indications not merely of wages but of a real network of social and professional relations developed in the community.

In the decision examined by the Court of Cassation, the lower court had assigned limited weight to the employment because the relationships were fixed-term and lasted only a few months. It had also treated the foreign national's elementary command of Italian as an insufficient indication of integration, while placing weight on the absence of close family links in Italy and independent housing. The applicant complained that the assessment failed to consider the various elements together.

These facts matter because migrant integration rarely develops in one uninterrupted sequence. Employment may begin with short agricultural contracts, seasonal opportunities, temporary agency work or successive employers. Language learning may take place alongside exhausting working hours. Accommodation may initially be shared. Whether such circumstances establish a legally relevant private life is a matter of assessment; their imperfect nature does not justify ignoring them altogether.

What the Court actually decided

The Court of Cassation accepted the challenge to the method of assessment. It criticised a reasoning process that examined positive indicators separately, weakened their evidential value one at a time, and then compared them with the absence of other indicators. According to the Court's analysis, the applicable protection framework called for a unified and overall assessment of the individual's situation, taking account of meaningful efforts to participate in working and social life.

The judgment does not mean that an elementary language level is always sufficient, or that temporary employment creates a conclusive presumption of integration. It means that such features must be considered in their context: the time reasonably available to the person, the progression of employment, the actual relationships formed, and the entirety of the circumstances. A relatively short stay is not automatically fatal; equally, a long stay without supporting indicators is not automatically decisive.

Nor did the Supreme Court itself issue an immigration residence permit through this order. Its intervention concerned the legal standard and the defects in the lower court's reasoning. The substantive assessment must always be carried out by the competent court or authority under the rules applicable to the particular claim.

The importance of the applicable legal period

The reader must distinguish this judgment's principle of method from the question of which substantive protection rules govern a new application. The Italian law on special and complementary protection has undergone significant changes, including amendments introduced in 2023 and transitional questions. Earlier formulations of Article 19(1.1) of Legislative Decree 286/1998 gave express relevance to private and family life, while the relationship between national protection and obligations arising under the European Convention on Human Rights requires careful attention to the applicable temporal regime.

Consequently, it would be legally unsound to treat order no. 17852/2026 as proof that every application lodged in 2026 is governed by an identical version of Article 19 or that any person with Italian employment has an automatic entitlement to protection. A professional assessment must identify the date and type of application, the stage of proceedings, the relevant amendments and any transitional rules before relying on the judgment.

How to build a more informative evidence file

Employment history: collect the UNILAV communications, signed contracts, extensions, payslips, social-security contributions and tax documents. Place them in date order. Explain any gaps between jobs, especially where the work is seasonal or dependent upon local market conditions. A bare collection of payslips is less informative than a clear timeline showing continuity of effort.

Language learning: provide attendance certificates, course enrolments, examinations and, when appropriate, material explaining actual practical language use. A beginner's course can still show an appreciable effort. The relevant question is not necessarily whether the applicant has already reached an advanced level, but what progress and commitment the evidence demonstrates in the particular circumstances.

Social connections: evidence may relate to community participation, volunteering, professional relationships, education, training and stable living arrangements. Carefully distinguish objective records from unsupported declarations. Where testimony is useful, specify who can attest to the facts and what they personally know.

Individual circumstances: document health limitations, caregiving obligations, obstacles to learning or employment, duration of presence and ties with the country of origin where legally relevant. An assessment that relies mechanically on only one factor can distort the picture in either direction. The purpose is a complete, accurate representation, not the creation of a checklist whose items guarantee protection.

What lawyers should argue—and what they should not

In litigation, the argument supported by this order is not simply that the judge 'should have believed' each document. It is that the reasons given for the decision must demonstrate a legally adequate combined appraisal of material, contested circumstances. The distinction is significant: ordinary disagreement with the merits of a decision is not the same as an identifiable error of legal method or a failure to address a decisive matter.

Written submissions should state which documents were filed, when they were filed, which fact each proves, and why their combination matters. Where the judgment under challenge has been delivered under a different statutory regime, counsel should explain why the cited principle remains relevant rather than assuming it applies mechanically. The procedural route and grounds of challenge likewise require individual evaluation.

The broader lesson for immigration decision-making

Integration is an evolving social reality. Fixed-term work is not the same as a permanent job, but it may reveal meaningful participation in Italian society. Basic language knowledge is not advanced proficiency, but it may demonstrate genuine progress. Conversely, the presence of one or two positive indicators cannot replace the detailed assessment of all legal requirements. The judgment is valuable because it demands legal reasoning proportionate to that complexity.

For applicants, this means maintaining an organised record of work, language learning and community life. For professionals and decision-makers, it means assessing those circumstances together, within the statutory framework actually in force for the case. The principle is neither automatic inclusion nor automatic exclusion: it is a reasoned, individualised evaluation capable of judicial scrutiny.

Verified case and sources: Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza n. 17852/2026, hearing 27 May 2026, filed 4 June 2026 (rapporteur Russo, presiding judge Tricomi). The case is described in the official Court of Cassation Massimario thematic review on international and complementary protection, May–June 2026; see also the case-specific summary reproducing the review's account. This article reports the reasoning and its limits, not an assessment of any individual applicant.


Avv. Fabio Loscerbo
Lawyer authorised to represent clients before the Italian Court of Cassation
Registered in the Italian Chamber of Deputies' Register of Interest Representatives in the field of immigration
Lobbyist registered in the European Union Transparency Register under no. 280782895721-36 in the field of migration and asylum
ORCID: 0009-0004-7030-0428

This article was prepared with the assistance of AI tools, under the direction, review and editorial responsibility of the author.

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Secondo il TAR Lazio, il difensore può ottenere il provvedimento della Questura anche prima della consegna personale

Secondo il TAR Lazio, il difensore può ottenere il provvedimento della Questura anche prima della consegna personale

Il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno può essere concluso dalla Questura senza che il destinatario sia riuscito a ritirare materialmente il provvedimento. In questa situazione può sorgere una domanda molto concreta: il difensore munito di procura può accedere al documento e riceverne comunicazione, anche digitale, oppure l'ufficio può opporre il principio della consegna personale allo straniero? Il TAR Lazio, Roma, Sezione I-ter, con sentenza 16 febbraio 2026, n. 2918, ha dato una risposta favorevole alla possibilità di accesso e comunicazione tramite un rappresentante legittimato.

La vicenda amministrativa

Il cittadino straniero aveva presentato il 13 dicembre 2023, mediante kit postale, una domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il 2 ottobre 2025 la Questura di Roma gli aveva comunicato che il procedimento era concluso, invitandolo a presentarsi presso il Commissariato di Anzio per la notificazione di atti.

Il giorno successivo l'interessato, tramite il proprio difensore, aveva chiesto di ricevere il provvedimento in via telematica al domicilio eletto presso lo studio legale. La Questura aveva opposto l'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999, ritenendo necessaria la consegna diretta all'interessato. Da qui il ricorso, incentrato sull'accesso al provvedimento conclusivo e sulle modalità di comunicazione al procuratore.

Qual è la regola affermata dal giudice?

Il TAR ha accolto il ricorso. Secondo la sentenza, la natura recettizia del provvedimento conclusivo in materia di soggiorno non esclude che l'interessato, attraverso un procuratore speciale legittimato, possa domandare l'esibizione e la consegna del documento già formato. Il fatto che l'atto non sia stato ancora notificato personalmente non consente, di per sé, di negarne l'accesso al difensore.

La pronuncia richiama l'orientamento del Consiglio di Stato n. 3241/2018 in materia di accesso tramite rappresentante e il successivo chiarimento della sentenza n. 5062/2020 sul distinto regime della notificazione. Il TAR pone in relazione la disciplina regolamentare del soggiorno con l'articolo 3-bis, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale e riconosce che, nelle condizioni esaminate e in assenza di ragioni pubbliche prevalenti, l'amministrazione debba procedere alla comunicazione del provvedimento anche telematicamente al procuratore.

Il giudice non ha annullato il contenuto di un eventuale diniego di soggiorno, né ha ordinato il rilascio del permesso richiesto. La decisione riguarda il diritto a conoscere e ottenere il provvedimento conclusivo mediante una rappresentanza valida, non la fondatezza della domanda sostanziale di soggiorno.

Accesso documentale e notificazione: due piani da distinguere

La distinzione è decisiva. L'accesso agli atti, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, consente all'interessato o a chi lo rappresenta validamente di conoscere i documenti del procedimento. La notificazione del provvedimento negativo, invece, è regolata anche dalla normativa speciale sull'immigrazione e può produrre conseguenze specifiche sulla decorrenza dei termini di impugnazione.

Ottenere copia dell'atto attraverso il difensore non significa necessariamente sostituire in ogni caso la notificazione formale prevista dalle norme speciali, né offre una garanzia generalizzata sul dies a quo del ricorso. La sentenza richiama proprio l'esigenza di non confondere l'accesso al documento con gli effetti della notificazione e con le ulteriori conseguenze che un diniego può produrre.

È quindi imprudente sostenere che qualsiasi PEC del difensore equivalga sempre a notificazione valida, così come è ingiustificato pretendere che l'accesso possa essere negato solo perché l'interessato non ha ancora ritirato personalmente l'atto. Ogni fattispecie richiede di verificare la procura, l'elezione di domicilio, la disciplina applicabile e le modalità concrete seguite dalla Questura.

Come predisporre la richiesta alla Questura

La domanda del difensore dovrebbe identificare precisamente il procedimento, il richiedente, il protocollo o numero di assicurata del kit, l'oggetto del provvedimento e la notizia della sua avvenuta adozione. Occorre allegare il titolo di rappresentanza appropriato, distinguendo l'incarico professionale dalla procura speciale ove necessaria, e indicare il domicilio digitale presso il quale si chiede la trasmissione.

La formulazione può richiamare la legge n. 241/1990, gli articoli 3-bis e correlati del d.lgs. n. 82/2005 e la sentenza n. 2918/2026. È utile richiedere contestualmente l'accesso al provvedimento conclusivo, alla prova della sua eventuale notificazione e agli atti istruttori essenziali. La richiesta deve essere indirizzata all'ufficio competente e documentata con prova di invio e ricezione.

Se l'ufficio nega o omette il riscontro

In presenza di un diniego espresso o del mancato riscontro all'accesso, va valutata la tutela prevista dall'articolo 116 del codice del processo amministrativo, con attenzione ai termini propri di tale procedimento. Se esiste già un provvedimento lesivo della posizione di soggiorno, occorre parallelamente esaminare la sua impugnazione: la richiesta di accesso non va considerata automaticamente sospensiva dei termini di ricorso contro il diniego.

Il difensore dovrebbe evitare di fondare l'intera strategia sulla mera assenza di consegna personale. È preferibile controllare quali comunicazioni siano state inviate, a quale indirizzo, con quali modalità e quali effetti legali derivino dalla disciplina speciale del caso. La tutela efficace della posizione dello straniero dipende dalla corretta gestione di entrambi i procedimenti.

Una garanzia operativa, non una scorciatoia

Il TAR Lazio ricorda che la rappresentanza professionale e l'amministrazione digitale possono rendere concretamente esercitabile il diritto di difesa anche prima del ritiro fisico di un atto. La Questura non può trasformare la mancata notifica personale in un ostacolo assoluto alla conoscibilità del documento da parte di un procuratore abilitato. Allo stesso tempo, l'accesso al provvedimento non neutralizza gli effetti sostanziali e processuali che la legge collega alla decisione amministrativa.

Fonte giudiziaria verificata: TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Ter, sentenza 16 febbraio 2026, n. 2918, R.G. 14439/2025. Testo integrale della sentenza (con rimando al documento ufficiale della Giustizia amministrativa).


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

giovedì 12 novembre 2026

Selon le Conseil d’État italien, huit jours dépassés ne suffisent pas toujours à retirer l’autorisation de travail saisonnier

Selon le Conseil d’État italien, huit jours dépassés ne suffisent pas toujours à retirer l’autorisation de travail saisonnier

Dans le système italien du « decreto flussi », l'entrée légale d'un travailleur saisonnier est suivie d'obligations administratives précises. La présence au Sportello Unico per l'Immigrazione dans un délai bref en est une. Mais faut-il retirer le nulla osta lorsque le salarié se présente après huit jours, alors que son entrée et son travail sont réguliers ? Le Conseil d'État italien, troisième section, dans l'arrêt n° 7746 du 23 octobre 2026, a répondu négativement pour la situation particulière soumise à son examen.

Le litige : une formalité tardive après une entrée régulière

Un travailleur étranger, entré en Italie pour un emploi saisonnier sur la base d'une autorisation délivrée dans le cadre des flux, avait fait l'objet d'une révocation du nulla osta. L'administration reprochait le non-respect du délai de huit jours prévu pour la présentation au guichet unique et la signature du contrat de séjour. Le TAR des Pouilles avait retenu une interprétation stricte de cette formalité ; le travailleur a interjeté appel.

Le Conseil d'État a examiné les articles 22, paragraphes 5-ter et 6, du décret législatif n° 286/1998 ainsi que l'évolution des règles applicables. Il a considéré que la seule expiration du délai ne justifiait pas, en l'absence d'autres obstacles, le retrait de l'autorisation lorsque l'entrée régulière et l'établissement effectif du rapport de travail autorisé étaient établis.

Pourquoi cette distinction est-elle importante ?

Le nulla osta au travail sert à vérifier les conditions d'un recrutement réel, et les formalités de séjour permettent à l'administration d'enregistrer et de contrôler ce recrutement. Une formalité n'est pas dénuée d'importance. Cependant, un retrait qui écarte tous les éléments matériels du dossier peut devenir excessivement formaliste lorsque la relation professionnelle pour laquelle l'autorisation avait été donnée s'est effectivement créée.

Le Conseil d'État a donc accueilli l'appel, réformé la décision de première instance et annulé le retrait. Il n'a ni aboli le délai légal ni institué une dispense générale de présentation au guichet unique. Le principe retenu dépend de deux données vérifiables : une entrée régulière et une activité professionnelle effectivement instaurée, sans autres empêchements pertinents.

Quels documents fournir en cas de retrait ?

Le travailleur et son employeur doivent conserver l'autorisation de travail, le passeport et le visa, les preuves de l'entrée, les convocations du guichet unique, les échanges avec la préfecture, le contrat de travail, la déclaration obligatoire d'embauche et les documents de paie. Ces pièces permettent de démontrer que la situation n'est pas celle d'une entrée fictive ou d'un rapport de travail inexistant.

Si une révocation intervient, il convient d'en obtenir le texte complet, de vérifier la date de notification et d'examiner les recours disponibles. Une argumentation juridique efficace doit expliquer pourquoi le retard administratif est survenu et quelles conditions du recrutement ont été effectivement satisfaites. Il ne suffit pas d'invoquer abstraitement la bonne foi du demandeur.

La portée exacte de l'arrêt

Un salarié qui n'a jamais commencé à travailler, ou un employeur incapable d'établir les conditions de l'autorisation, se trouve dans une situation différente. L'arrêt n° 7746/2026 n'écarte pas les contrôles de la préfecture et de la Questura. Il rappelle seulement que leur pouvoir doit s'exercer au regard des faits concrets et du régime juridique applicable. La régularité du travail et la proportionnalité de la réaction administrative doivent être examinées ensemble.

Décision vérifiable : Consiglio di Stato, Sezione III, arrêt du 23 octobre 2026, n° 7746 (appel contre TAR Puglia, Sez. III, n° 236/2026). Texte intégral en italien.


Avv. Fabio Loscerbo
Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne
Inscrit au Registre des représentants d'intérêts de la Chambre des députés italienne en matière d'immigration
Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l'Union européenne sous le numéro 280782895721-36 en matière de migration et d'asile
ORCID : 0009-0004-7030-0428

Article rédigé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, sous la direction, la vérification et la responsabilité éditoriale de l'auteur.

Según el TAR de Las Marcas, la ausencia del empleador inicial no justifica por sí sola denegar la residencia laboral

Según el TAR de Las Marcas, la ausencia del empleador inicial no justifica por sí sola denegar la residencia laboral

Un trabajador extranjero puede entrar legalmente en Italia con un visado de trabajo estacional y descubrir después que el empleador indicado en su autorización no está dispuesto a contratarlo. ¿Debe perder necesariamente la posibilidad de obtener un título de residencia? El Tribunal Administrativo Regional de Las Marcas, Sección II, sentencia n.º 1217 de 21 de octubre de 2026, examinó precisamente este problema en un expediente afectado por una presunta estafa y por la aparición posterior de un nuevo vínculo laboral.

Los hechos concretos

El interesado había entrado legalmente en Italia en noviembre de 2025 con un visado para trabajo estacional de 270 días y un nulla osta emitido en agosto de ese año. La contratación con la empresa agrícola designada no llegó a formalizarse por circunstancias que, según las actuaciones examinadas por el tribunal, no eran imputables al trabajador. La controversia estaba relacionada con pagos a intermediarios y hechos objeto de denuncia penal por posibles conductas fraudulentas.

Ante esa situación el trabajador solicitó un permiso por espera de empleo. La Questura rechazó la petición apoyándose en la ausencia de firma del contrato con el empleador originario. Durante la causa constó, además, la existencia de una relación de trabajo subordinado posterior con otro empresario.

El razonamiento judicial

El TAR estimó el recurso y anuló el rechazo. Consideró incompatible con una evaluación individualizada que la autoridad se detuviera en el dato puramente formal de la falta de contratación por el primer empresario. Aplicó los criterios del artículo 5, apartado 5, del decreto legislativo n.º 286/1998 y destacó que el extranjero había ingresado con documentación regular y que el fracaso del contrato inicialmente previsto no dependía de su conducta.

El tribunal atribuyó relevancia también al nuevo trabajo efectivo. La existencia de esa actividad, documentada durante el litigio, no era una mera promesa: constituía un dato que la administración debía tomar en consideración en la evaluación del caso. La sentencia no equivale a una autorización judicial automática para sustituir libremente a cualquier empleador del decreto de flujos.

Qué debe hacer el trabajador afectado

Es esencial conservar el visado, el nulla osta, los mensajes y citaciones del Sportello Unico, las comunicaciones con el empleador inicial y la documentación que acredite por qué no se celebró el contrato. Si existen indicios de engaño por parte de intermediarios, las denuncias y actuaciones pertinentes pueden ayudar a reconstruir la causa de la falta de contratación. Si se consigue otro empleo, deben guardarse el contrato, las comunicaciones obligatorias y los justificantes de trabajo efectivo.

También es necesario distinguir la solicitud por espera de empleo del permiso laboral finalmente examinado: sus requisitos no son idénticos y las reformas de la normativa pueden modificar la solución según las fechas y el tipo de trabajo. El abogado debe estudiar el expediente íntegro y el régimen temporal concreto antes de presentar una nueva solicitud o un recurso.

Una solución que no elimina los requisitos legales

La relevancia de esta sentencia está en impedir que se trate del mismo modo a quien incumple voluntariamente las reglas de entrada y a quien, habiendo ingresado legítimamente, ve frustrado el empleo por causas ajenas a su control. El TAR exige investigación y motivación individualizada. Por ello, la anulación del acto permite una nueva valoración administrativa, sin garantizar por sí misma la concesión de un permiso.

Fuente: TAR Marche, Sez. II, sentencia de 21 de octubre de 2026, n.º 1217. Texto judicial íntegro en italiano.


Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal de Casación italiano
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados de Italia en materia de inmigración
Representante de intereses inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de migración y asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Artículo elaborado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.

According to the Brescia Administrative Court, older special-protection permits can still qualify for conversion into work permits

According to the Brescia Administrative Court, older special-protection permits can still qualify for conversion into work permits

Legislative changes to Italian immigration law do not necessarily erase transitional rights attached to residence permits already held when the new rules entered into force. The Regional Administrative Court for Lombardy, Brescia division, Section I, explained this in judgment no. 618 of 30 June 2025, concerning the conversion of a special-protection residence permit into a permit for subordinate employment.

The facts: an application rejected under the newer rules

The claimant held a residence permit for special protection issued by the Cremona Police Headquarters on 29 July 2022, expiring on 22 June 2024. On 20 September 2023, he applied to convert that permit into one for subordinate employment. The Questura rejected the application as inadmissible by a simplified decision dated 9 May 2024, notified on 20 May 2024. The stated reason was that the law then in force no longer allowed the conversion.

The applicant challenged the decision, arguing that the Questura had overlooked the transitional provision contained in Article 7(3) of Decree-Law no. 20/2023. The case was not about creating a new entitlement to special protection; it concerned the consequences of legislative reform for someone whose existing permit had already been valid before the relevant cut-off date.

What the TAR actually decided

The court upheld the appeal and annulled the Questura's decision. It interpreted Article 7(3) as preserving the possibility of conversion into a work permit for special-protection permits that were valid when Decree-Law no. 20/2023 came into force on 11 March 2023. Because the claimant's permit expired in June 2024, it was plainly valid on that statutory date.

The panel expressly referred to its earlier judgment no. 172 of 4 March 2024 and to other decisions following the same interpretation. The court stressed an important qualification: conversion remained possible provided that the applicable substantive requirements were satisfied. In other words, the transitional provision removed the blanket statutory obstacle relied on by the Questura; it did not prove that the claimant was automatically entitled to a work permit.

For this case, the court ordered the administration to decide the conversion application again within thirty days of communication of the judgment. The result was annulment of the refusal and a new administrative examination, not direct judicial issuance of a residence card.

Why the date of validity matters

When dealing with older special-protection permits, applicants and advisers need to distinguish at least three separate questions. First, was a qualifying special-protection permit actually in force on 11 March 2023? Second, when and how was the conversion application submitted? Third, did the applicant meet the legal requirements for the proposed work-based permit, including evidence of the employment relationship and any other applicable conditions?

The first question is central to the transitional reasoning in judgment no. 618/2025. A permit obtained later, under a different legal framework, cannot automatically be treated as if it were covered by the same safeguard. The judgment should not be read as a universal rule allowing every special-protection permit, regardless of dates or category, to be converted today.

Practical evidence to assemble

A well-prepared administrative file should include the original permit and renewals, evidence of its validity on the cut-off date, the conversion application with its receipt or protocol number, any employment contract or mandatory employment notification, wage records and the Questura's written response. If the police authority refused to accept an application at the counter, contemporaneous evidence of that interaction may also be relevant, but the legal significance of an informal refusal must be assessed in the specific case.

It is particularly important to request a copy of the administrative file where the Questura relies on a change in the law without discussing transitional provisions. The lawyer should examine the legal basis and timing of the decision, rather than assuming that the same rules govern permits granted in different periods.

Challenging a refusal: remedy and limits

A refusal based exclusively on the purported abolition of conversion may be vulnerable where the special-protection permit falls within the transitional category addressed by the Brescia court. That does not eliminate requirements regarding work or other impediments to residence. Nor does the success of one appeal determine the outcome of later applications subject to different facts and legislation.

Applicants should preserve the date on which they received the decision, verify the competent court and applicable procedural deadlines, and seek advice promptly. An access-to-documents request should not be assumed to suspend the time for judicial review. Where a decision is annulled, the administration must reassess the application in accordance with the judgment's binding reasoning.

The broader lesson

The case demonstrates why immigration legislation must be read together with its transitional clauses. A reform can change what is permitted for future cases while preserving defined legal positions established before its entry into force. The administrative authority must identify which temporal regime applies to the individual application. Legal certainty depends on that discipline: neither an outdated general rule nor a blanket statement about a legislative repeal is a substitute for examining the applicant's actual status.

Verified judicial source: TAR Lombardia, Brescia, Section I, judgment 30 June 2025, no. 618, full text of the decision (in Italian). Legislative reference: Article 7(3), Decree-Law no. 20 of 10 March 2023, converted by Law no. 50 of 5 May 2023.


Avv. Fabio Loscerbo
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Selon le TAR de Ligurie, déposer une demande de séjour à la Questura ne suffit pas à révoquer le nulla osta

Selon le TAR de Ligurie, déposer une demande de séjour à la Questura ne suffit pas à révoquer le nulla osta

Le TAR de Ligurie, première section, dans son jugement n° 1083 du 28 septembre 2026, a examiné une difficulté fréquente de l'immigration de travail : un salarié entre en Italie grâce à une autorisation de travail délivrée dans le cadre du décret des flux, puis dépose une demande de titre de séjour directement auprès de la Questura, avant l'achèvement des démarches au guichet unique de l'immigration.

La procédure contestée

Dans cette affaire, la préfecture de Savone avait retiré l'autorisation de travail au seul motif que l'intéressée avait présenté une demande parallèle de permis de séjour. L'administration estimait que cette démarche ne respectait pas l'ordre des formalités. La salariée a contesté le retrait devant le juge administratif.

Le tribunal a accueilli son recours. Selon le jugement, une demande éventuellement prématurée ou superflue adressée à la Questura ne figure pas parmi les causes légales de retrait du nulla osta. Une erreur de parcours administratif ne peut donc être transformée, à elle seule, en un empêchement substantiel au séjour. Le TAR a également rappelé qu'une administration saisie d'une demande relevant d'un autre service doit, en principe, l'orienter vers l'autorité compétente.

Portée pratique pour le travailleur

Il faut conserver l'autorisation de travail, le visa, la preuve d'entrée en Italie, les communications du guichet unique et les justificatifs du dépôt à la Questura. En cas de retrait, il convient de vérifier la base légale expressément invoquée par la préfecture et de distinguer les véritables obstacles prévus par l'article 22 du décret législatif n° 286/1998 d'une simple demande introduite au mauvais moment.

Le jugement n'exonère pas le travailleur ou l'employeur de respecter les formalités et les délais applicables. Il rappelle seulement que les sanctions administratives doivent reposer sur une norme identifiable. L'annulation du retrait n'équivaut pas à l'octroi automatique du permis de séjour : la procédure doit être poursuivie régulièrement.

Source : TAR Liguria, Sez. I, 28 septembre 2026, n° 1083, texte intégral.


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