lunedì 8 dicembre 2025
Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración” Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025
Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración”
Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025
Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración.
Hoy analizamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – sede de Lecce, dictada el 19 de noviembre de 2025 y publicada el 28 de noviembre de 2025, relativa a la denegación de la renovación de un permiso de residencia por trabajo autónomo.
El caso gira en torno a tres aspectos esenciales: el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Único de Inmigración, la valoración de la peligrosidad social y la incidencia de los vínculos familiares en Italia.
El Tribunal recuerda que, en materia de trabajo autónomo, los requisitos legales son estrictos: el solicitante debe demostrar un ingreso anual lícito superior al umbral previsto y la disponibilidad de un alojamiento adecuado. En este caso, no se acreditaron ni ingresos suficientes ni una vivienda idónea. La normativa no permite basarse en perspectivas futuras ni considerar estas carencias como irregularidades subsanables posteriormente.
En cuanto a la seguridad pública, la Administración tuvo en cuenta diversos antecedentes penales y policiales. El Tribunal confirma que tales elementos pueden valorarse incluso sin una condena penal firme, cuando indican una conducta incompatible con la renovación del permiso.
Respecto a los vínculos familiares, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni mantenía una relación estable documentada. El Tribunal sigue la jurisprudencia consolidada según la cual la presencia de un hijo en Italia no impide, por sí sola, una denegación cuando prevalecen razones de orden público.
La sentencia concluye que la decisión de la Questura fue legítima, suficientemente motivada y apoyada en una instrucción adecuada.
Con este episodio hemos resumido una resolución que aclara cómo se aplican en la práctica los requisitos del permiso de residencia por trabajo autónomo y cómo interactúan con la valoración de la peligrosidad social.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Derecho de la Inmigración.
New Episode of the Podcast “Immigration Law” Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025
New Episode of the Podcast “Immigration Law”
Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025
Good morning, this is Lawyer Fabio Loscerbo, and welcome to a new episode of the Immigration Law podcast.
Today we examine a recent decision of the Regional Administrative Tribunal (TAR) for Apulia – Lecce division, delivered on 19 November 2025 and published on 28 November 2025, concerning the refusal to renew a residence permit for self-employment.
The case focuses on three key aspects: compliance with the statutory requirements set out in the Consolidated Immigration Act, the assessment of social dangerousness, and the relevance of family ties in Italy.
The Tribunal reiterates that, in matters of self-employment, the legal requirements are mandatory: the applicant must prove a lawful annual income above the minimum threshold and the availability of suitable accommodation. In this case, neither adequate housing nor sufficient income was demonstrated. The legislation does not allow the Administration to rely on future prospects or to treat deficiencies as later-remediable irregularities.
Regarding public security, the Administration considered several criminal and police records. The Tribunal confirms that such elements may be taken into account even if they have not yet resulted in a final criminal conviction, where they indicate conduct incompatible with the renewal of the permit.
With respect to family ties, the applicant was the father of an Italian minor but did not live with her nor maintain a documented stable relationship. The Tribunal aligns with the settled case-law holding that the presence of a child in Italy does not in itself preclude a refusal where overriding public-order considerations are present.
The judgment concludes that the decision of the Questura was lawful, properly reasoned, and supported by adequate factual findings.
This episode has summarised a ruling that clarifies how the requirements for self-employment residence permits are applied in practice and how they interact with assessments of social dangerousness.
See you in the next episode of Immigration Law.
حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة" العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025
حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة"
العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025
صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
نناقش اليوم قراراً حديثاً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – فرع ليتشي، بتاريخ 19 نوفمبر 2025 والمنشور في 28 نوفمبر 2025، والمتعلق برفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر.
تركّز القضية على ثلاثة محاور أساسية: استيفاء المتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإيطالي للهجرة، وتقييم الخطورة الاجتماعية، وأثر الروابط الأسرية داخل إيطاليا.
تشير المحكمة إلى أن متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر محددة وصارمة: يجب على المتقدم إثبات الحصول على دخل سنوي مشروع يفوق الحد الأدنى المحدد قانوناً، بالإضافة إلى توفر سكن مناسب. وفي هذه الحالة، لم يثبت وجود دخل كافٍ ولا سكن ملائم، ولا يسمح القانون بالاعتماد على توقعات مستقبلية أو معالجة هذه النواقص لاحقاً.
وفيما يتعلق بالأمن العام، أخذت الإدارة بعين الاعتبار عدداً من السوابق الجنائية والشرطية. وتؤكد المحكمة أنه يمكن استخدام هذه العناصر حتى إذا لم ينتهِ مسارها بإدانة نهائية، طالما أنها تشير إلى سلوك لا يتوافق مع شروط تجديد التصريح.
أما عن الروابط الأسرية، فكان مقدم الطلب أباً لطفلة إيطالية، لكنه لم يكن يقيم معها أو يثبت وجود علاقة مستقرة. وتؤكد المحكمة على الاجتهاد الراسخ بأن وجود طفل في إيطاليا لا يمنع رفض الطلب إذا كانت هناك اعتبارات متقدمة تتعلق بالنظام العام.
وتخلص المحكمة إلى أن قرار "كوستورا" كان مشروعاً ومعللاً تعليلاً كافياً ومدعوماً بعناصر واقعية واضحة.
وبهذا نكون قد قدّمنا ملخصاً لقرار قضائي يوضح كيفية تطبيق متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر وكيفية تفاعلها مع تقييم الخطورة الاجتماعية.
نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.
TEMA: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo, requisitos legales y evaluación de la peligrosidad social – Comentario a la sentencia del TAR Puglia, Lecce, de 19 de noviembre de 2025 (publicada el 28 de noviembre de 2025)
TEMA: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo, requisitos legales y evaluación de la peligrosidad social – Comentario a la sentencia del TAR Puglia, Lecce, de 19 de noviembre de 2025 (publicada el 28 de noviembre de 2025)
Resumen
La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – Sección de Lecce, publicada el 28 de noviembre de 2025, ofrece una ocasión relevante para reflexionar sobre la estructura de los requisitos que rigen la expedición y renovación del permiso de residencia por trabajo autónomo, así como sobre la relación entre dichos requisitos y la valoración de la peligrosidad social del ciudadano extranjero. El fallo se inscribe en una línea interpretativa estricta, basada en la aplicación puntual de las condiciones establecidas por el Texto Refundido de Inmigración y en la función de protección del orden público atribuida a la autoridad de seguridad.
1. El marco normativo
El artículo 5, apartado 5, del Decreto Legislativo n.º 286 de 25 de julio de 1998 regula el rechazo, la revocación y la denegación de renovación del permiso de residencia cuando faltan los requisitos legales para la entrada y permanencia. Por su parte, el artículo 26, apartado 3, del mismo Decreto establece las condiciones específicas del permiso por trabajo autónomo: disponibilidad de un alojamiento adecuado y un ingreso anual lícito superior al umbral previsto para la exención de la participación en el gasto sanitario.
El TAR reafirma que estos requisitos tienen naturaleza objetiva y sustantiva, sin margen para interpretaciones flexibles ni compensaciones basadas en circunstancias futuras. Tanto el ingreso como el alojamiento deben acreditarse al momento de la decisión; las expectativas futuras carecen de relevancia jurídica.
2. La valoración probatoria: ingresos, alojamiento y fiabilidad de las declaraciones
En el caso examinado, la Administración constató la ausencia de declaraciones de ingresos recientes —solo cantidades modestas de años muy anteriores— y la falta de prueba de una efectiva disponibilidad de alojamiento. El solicitante no fue localizado en el domicilio declarado y no presentó documentación acreditativa. El TAR consideró legítima la denegación.
El Tribunal recuerda un principio consolidado: la carga de la prueba recae íntegramente en el solicitante, quien debe aportar documentación concreta (contratos, facturas de servicios, títulos registrados), no simples manifestaciones. La ausencia de tales pruebas no constituye una “irregularidad subsanable”, sino un incumplimiento del requisito sustantivo exigido por la normativa.
3. La evaluación de la peligrosidad social y la relevancia de los antecedentes penales
Un elemento central de la sentencia es la confirmación de que la Administración puede tener en cuenta antecedentes policiales o penales que aún no hayan concluido con sentencia firme, siempre que indiquen un comportamiento potencialmente lesivo para el orden público.
En este asunto, múltiples detenciones y condenas por delitos contra el patrimonio, las personas y la autoridad pública sustentaron una valoración negativa de la fiabilidad del solicitante. El TAR subraya que esta valoración no es automática; deriva de un análisis del comportamiento global del interesado, conforme al principio de proporcionalidad.
4. Los vínculos familiares: ¿límite o criterio complementario?
El último párrafo del artículo 5, apartado 5, exige tener en cuenta la naturaleza y efectividad de los vínculos familiares del extranjero ya residente en territorio italiano. No obstante, el TAR aclara que tales vínculos no constituyen un derecho incondicional a la renovación, especialmente cuando no existe convivencia ni una relación estable acreditada.
En el caso analizado, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni demostraba una relación continuada. El Tribunal cita la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, según la cual solo situaciones excepcionales —en las que existan riesgos concretos para el menor— pueden prevalecer sobre las exigencias de orden público.
5. Consideraciones finales
La sentencia confirma un enfoque estricto y coherente con la naturaleza del permiso de residencia por trabajo autónomo, que presupone estabilidad económica y habitacional por parte del solicitante. Asimismo, reafirma la importancia de la evaluación del orden público, que no requiere necesariamente una condena penal firme cuando los elementos disponibles permiten un juicio precautorio motivado.
Por último, el TAR destaca la importancia de una motivación administrativa adecuada: el acto impugnado exponía claramente los elementos fácticos considerados, las disposiciones aplicables y la lógica decisional seguida, garantizando así la transparencia de la actuación administrativa.
El fallo contribuye a delimitar un marco interpretativo estable, en el que el permiso de trabajo autónomo se configura como un instituto basado en requisitos sustantivos rigurosos y en una evaluación global de la conducta del solicitante, equilibrando las necesidades de seguridad pública con la tutela de los derechos individuales.
domenica 7 dicembre 2025
THEME: Refusal of a Self-Employment Residence Permit, Statutory Requirements, and the Assessment of Social Dangerousness – Commentary on TAR Puglia, Lecce, Judgment of 19 November 2025 (published 28 November 2025)
THEME: Refusal of a Self-Employment Residence Permit, Statutory Requirements, and the Assessment of Social Dangerousness – Commentary on TAR Puglia, Lecce, Judgment of 19 November 2025 (published 28 November 2025)
Abstract
The judgment delivered by the Regional Administrative Tribunal (TAR) for Apulia – Lecce Section, published on 28 November 2025, provides a valuable opportunity to reflect on the structure of the requirements governing the issuance and renewal of self-employment residence permits and on the interaction between those requirements and the assessment of the foreign national’s social dangerousness. The decision fits within a strict interpretative approach, grounded in the precise application of the conditions set out in the Italian Consolidated Immigration Act and in the public-order protection function entrusted to the public security authorities.
1. The normative framework
Article 5(5) of Legislative Decree No. 286 of 25 July 1998 regulates the refusal, revocation, and non-renewal of residence permits when the statutory requirements for entry and stay are lacking. Article 26(3) of the same Decree sets out the specific conditions for self-employment residence permits: suitable accommodation and a lawful annual income exceeding the threshold for exemption from healthcare contributions.
The TAR confirms that these requirements are objective and substantive, leaving no room for flexible or compensatory interpretations based on prospective circumstances. Income and accommodation must be demonstrated at the time of the decision; future prospects are legally irrelevant.
2. The evidentiary assessment: income, accommodation, and reliability of the applicant’s statements
In the case at hand, the Administration found no recent income declarations—only modest amounts from years long past—and no evidence of actual accommodation. The applicant could not be located at the declared address, nor was any supporting documentation produced. The TAR held that the refusal was legitimate.
The Tribunal reiterates a well-established principle: the burden of proof lies entirely with the applicant, who must provide concrete documentation (contracts, utility bills, registered deeds) rather than mere declarations. The absence of such evidence is not a “remediable irregularity” but a failure to meet the substantive conditions required by law.
3. Assessing social dangerousness and the relevance of criminal history
A key part of the decision is the Tribunal’s confirmation that the Administration may consider police records and criminal proceedings that have not yet resulted in a final conviction, when these indicate conduct potentially harmful to public order.
In this case, multiple arrests and convictions for offences against property, persons, and public authorities supported a negative assessment of the applicant’s reliability. The TAR emphasises that this assessment is not automatic; it arises from an analytical evaluation of the applicant’s overall conduct, in line with the principle of proportionality.
4. Family ties: limit or complementary factor?
Article 5(5), final paragraph, requires consideration of the nature and effectiveness of family ties for foreign nationals already residing in Italy. However, the TAR clarifies that such ties do not constitute an unconditional right to renewal, particularly where there is no cohabitation or demonstrable continuity in the relationship.
In the case examined, the applicant was the father of an Italian minor but did not live with her nor demonstrate stable involvement. The Tribunal refers to settled case-law of the Consiglio di Stato, which holds that only exceptional situations involving concrete risks to the child may override public-order considerations.
5. Concluding considerations
The judgment confirms a strict and coherent approach to the self-employment residence permit, which presupposes economic and residential stability on the part of the applicant. It also reiterates the importance of public-order assessments, which need not rely on final criminal convictions where available evidence supports a precautionary judgment.
Finally, the TAR highlights the significance of adequate administrative reasoning. The impugned act clearly stated the factual elements considered, the applicable legal provisions, and the logical path followed, ensuring full transparency and accountability.
The decision contributes to a consistent interpretative framework in which the self-employment residence permit is shaped as an instrument requiring stringent substantive requirements and a comprehensive evaluation of the applicant’s conduct, balancing public-order needs with individual rights.
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