TEMA: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo, requisitos legales y evaluación de la peligrosidad social – Comentario a la sentencia del TAR Puglia, Lecce, de 19 de noviembre de 2025 (publicada el 28 de noviembre de 2025)

 TEMA: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo, requisitos legales y evaluación de la peligrosidad social – Comentario a la sentencia del TAR Puglia, Lecce, de 19 de noviembre de 2025 (publicada el 28 de noviembre de 2025)

Resumen
La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – Sección de Lecce, publicada el 28 de noviembre de 2025, ofrece una ocasión relevante para reflexionar sobre la estructura de los requisitos que rigen la expedición y renovación del permiso de residencia por trabajo autónomo, así como sobre la relación entre dichos requisitos y la valoración de la peligrosidad social del ciudadano extranjero. El fallo se inscribe en una línea interpretativa estricta, basada en la aplicación puntual de las condiciones establecidas por el Texto Refundido de Inmigración y en la función de protección del orden público atribuida a la autoridad de seguridad.

1. El marco normativo
El artículo 5, apartado 5, del Decreto Legislativo n.º 286 de 25 de julio de 1998 regula el rechazo, la revocación y la denegación de renovación del permiso de residencia cuando faltan los requisitos legales para la entrada y permanencia. Por su parte, el artículo 26, apartado 3, del mismo Decreto establece las condiciones específicas del permiso por trabajo autónomo: disponibilidad de un alojamiento adecuado y un ingreso anual lícito superior al umbral previsto para la exención de la participación en el gasto sanitario.

El TAR reafirma que estos requisitos tienen naturaleza objetiva y sustantiva, sin margen para interpretaciones flexibles ni compensaciones basadas en circunstancias futuras. Tanto el ingreso como el alojamiento deben acreditarse al momento de la decisión; las expectativas futuras carecen de relevancia jurídica.

2. La valoración probatoria: ingresos, alojamiento y fiabilidad de las declaraciones
En el caso examinado, la Administración constató la ausencia de declaraciones de ingresos recientes —solo cantidades modestas de años muy anteriores— y la falta de prueba de una efectiva disponibilidad de alojamiento. El solicitante no fue localizado en el domicilio declarado y no presentó documentación acreditativa. El TAR consideró legítima la denegación.

El Tribunal recuerda un principio consolidado: la carga de la prueba recae íntegramente en el solicitante, quien debe aportar documentación concreta (contratos, facturas de servicios, títulos registrados), no simples manifestaciones. La ausencia de tales pruebas no constituye una “irregularidad subsanable”, sino un incumplimiento del requisito sustantivo exigido por la normativa.

3. La evaluación de la peligrosidad social y la relevancia de los antecedentes penales
Un elemento central de la sentencia es la confirmación de que la Administración puede tener en cuenta antecedentes policiales o penales que aún no hayan concluido con sentencia firme, siempre que indiquen un comportamiento potencialmente lesivo para el orden público.

En este asunto, múltiples detenciones y condenas por delitos contra el patrimonio, las personas y la autoridad pública sustentaron una valoración negativa de la fiabilidad del solicitante. El TAR subraya que esta valoración no es automática; deriva de un análisis del comportamiento global del interesado, conforme al principio de proporcionalidad.

4. Los vínculos familiares: ¿límite o criterio complementario?
El último párrafo del artículo 5, apartado 5, exige tener en cuenta la naturaleza y efectividad de los vínculos familiares del extranjero ya residente en territorio italiano. No obstante, el TAR aclara que tales vínculos no constituyen un derecho incondicional a la renovación, especialmente cuando no existe convivencia ni una relación estable acreditada.

En el caso analizado, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni demostraba una relación continuada. El Tribunal cita la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, según la cual solo situaciones excepcionales —en las que existan riesgos concretos para el menor— pueden prevalecer sobre las exigencias de orden público.

5. Consideraciones finales
La sentencia confirma un enfoque estricto y coherente con la naturaleza del permiso de residencia por trabajo autónomo, que presupone estabilidad económica y habitacional por parte del solicitante. Asimismo, reafirma la importancia de la evaluación del orden público, que no requiere necesariamente una condena penal firme cuando los elementos disponibles permiten un juicio precautorio motivado.

Por último, el TAR destaca la importancia de una motivación administrativa adecuada: el acto impugnado exponía claramente los elementos fácticos considerados, las disposiciones aplicables y la lógica decisional seguida, garantizando así la transparencia de la actuación administrativa.

El fallo contribuye a delimitar un marco interpretativo estable, en el que el permiso de trabajo autónomo se configura como un instituto basado en requisitos sustantivos rigurosos y en una evaluación global de la conducta del solicitante, equilibrando las necesidades de seguridad pública con la tutela de los derechos individuales.