Revocación del permiso de residencia de larga duración de la Unión Europea: comentario a la sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Lombardía – Sección Cuarta – audiencia del 3 de abril de 2025 (publicación el 28 de mayo de 2025)
Resumen
La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía, Sección Cuarta, tras la audiencia celebrada el 3 de abril de 2025 y publicada el 28 de mayo de 2025, ofrece la oportunidad de retomar un tema central del derecho de inmigración: la revocación del permiso de residencia de larga duración de la Unión Europea conforme al artículo 9 del Texto Único de Inmigración italiano. En un contexto caracterizado por un endurecimiento progresivo de las políticas de seguridad, la resolución examina el delicado equilibrio entre la evaluación de la peligrosidad social de la persona extranjera, la protección del orden público y la salvaguarda de los vínculos familiares y del nivel de integración alcanzado en Italia.
1. Marco normativo y relevancia de la evaluación individual
El artículo 9 del Decreto Legislativo número 286 de 1998 regula la concesión, denegación y revocación del permiso de residencia de larga duración. Su apartado cuarto obliga a la Administración a valorar conjuntamente diversos elementos: antecedentes penales, naturaleza de la conducta, duración de la residencia, vínculos familiares y grado de integración social y laboral.
El apartado séptimo extiende estos mismos criterios al procedimiento de revocación, exigiendo una ponderación cuidadosa entre los intereses públicos y los derechos privados en juego. Tanto el Tribunal Constitucional como la jurisprudencia administrativa han rechazado siempre cualquier automatismo, subrayando la necesidad de una valoración individualizada, concreta y proporcional.
Especial importancia tiene la aclaración del Tribunal Constitucional según la cual la decisión debe basarse en:
«un juicio sobre la peligrosidad social del extranjero, con una motivación detallada que no se limite únicamente a la condena penal, sino que tenga en cuenta una pluralidad de factores»
(Tribunal Constitucional, auto de 27 de marzo de 2014, número 58).
Igualmente relevante es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2020 (asuntos acumulados C-503/19 y C-592/19), que establece que los antecedentes penales, por sí solos, no pueden justificar la denegación o revocación del estatuto de residente de larga duración sin un examen individualizado que considere la naturaleza del delito, el riesgo actual para el orden público, la duración de la residencia y la fortaleza de los vínculos con el Estado miembro.
2. Hechos del caso y razonamiento del Tribunal
En el asunto en cuestión, la persona extranjera —residente desde hace años y con vínculos familiares consolidados en Italia— impugnó la revocación de su permiso de residencia de larga duración, alegando que la Administración había actuado de forma automática basándose únicamente en su condena penal.
El Tribunal, tras revisar el expediente administrativo, concluyó que la Administración había realizado una evaluación amplia y articulada: análisis de la conducta delictiva, examen del entorno social y de las relaciones mantenidas tras la ejecución de la pena, valoración de las fuentes lícitas de ingresos, comportamiento general y existencia de vínculos familiares. El Tribunal consideró que el juicio sobre la peligrosidad social actual estaba razonado de manera lógica y que, en este caso concreto, el interés público en la protección del orden público prevalecía sobre los intereses privados del recurrente.
Asimismo, el Tribunal subrayó que la «ponderación comparativa» exigida por el derecho de la Unión Europea se había llevado a cabo de forma real y no meramente formal.
3. Análisis crítico en continuidad con la jurisprudencia administrativa tradicional
La sentencia se sitúa en la línea jurisprudencial que prioriza la protección del orden público, reafirmando al mismo tiempo la prohibición de los automatismos. Por un lado, defiende el principio de la evaluación individual; por otro, reconoce un margen amplio de discrecionalidad administrativa para determinar la peligrosidad social.
Desde una perspectiva práctica, la decisión recuerda la importancia, para la defensa, de presentar un panorama completo y documentado del nivel de integración, estabilidad económica y vínculos familiares del interesado, elementos que, si son significativos y actuales, pueden influir de manera decisiva en el resultado del procedimiento.
4. Conclusión
Con la sentencia de 3 de abril de 2025, publicada el 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía reafirma el equilibrio delicado entre la protección del orden público y las garantías reconocidas a los extranjeros residentes de larga duración, en plena sintonía con los principios constitucionales y las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La resolución confirma una vez más que la revocación del permiso de residencia de larga duración exige una motivación detallada y basada en múltiples factores, y que, cuando la peligrosidad social es concreta y actual, esta puede prevalecer sobre los vínculos familiares y los elementos de integración.
Abogado Fabio Loscerbo
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