Sin domicilio estable, sin renovación: la justicia administrativa confirma la línea estricta
Una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio refuerza una orientación cada vez más rigurosa en materia de renovación de permisos de residencia: la falta de un domicilio real y verificable puede ser motivo suficiente para el rechazo.
Mediante la sentencia n.º 3262 de 20 de febrero de 2026 (procedimiento n.º 16545 de 2022), la Sección Primera Ter confirmó la legalidad de la decisión adoptada por la Jefatura de Policía de Roma, que había denegado la renovación de un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.
El texto íntegro de la resolución puede consultarse en el siguiente enlace:
Publicación en Calameo: https://www.calameo.com/books/008079775ba09cea21301
(URL completo: https://www.calameo.com/books/008079775ba09cea21301)
En el caso analizado, la Administración constató que el solicitante no disponía de un domicilio efectivo y comprobable. Las verificaciones realizadas en la dirección declarada concluyeron con un acta de búsquedas infructuosas, lo que llevó a considerar al interesado en situación de falta de localización.
El Tribunal consideró legítimo el rechazo, recordando que la certeza de la situación habitacional constituye un requisito esencial para la concesión o renovación del permiso de residencia. El hecho de contar con un empleo no garantiza automáticamente el mantenimiento del derecho a residir en Italia.
La sentencia adopta además una posición firme respecto a la declaración de direcciones inexactas. Indicar un domicilio que no corresponde a la realidad no es una simple irregularidad formal, sino un elemento determinante que puede justificar el rechazo de la solicitud.
Otro aspecto relevante es la aplicación del principio tempus regit actum: la legalidad del acto administrativo debe evaluarse en función de la situación existente en el momento de su adopción. Por ello, una declaración de alojamiento presentada con posterioridad a la denegación no puede subsanar retroactivamente una carencia anterior.
Esta decisión confirma una tendencia clara en el derecho administrativo italiano: la integración no se limita al empleo. La estabilidad del domicilio, la posibilidad de localizar al interesado y el cumplimiento riguroso de las obligaciones formales forman parte esencial de la evaluación.
Para los ciudadanos extranjeros y para los profesionales del sector jurídico, el mensaje es evidente: antes de presentar una solicitud de renovación, la situación habitacional debe estar perfectamente acreditada y documentada. En derecho de extranjería, los detalles administrativos pueden determinar el resultado final.
Nota de transparencia: este artículo se basa exclusivamente en el texto oficial de la sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio, Sección Primera Ter, n.º 3262 de 20 de febrero de 2026, procedimiento n.º 16545 de 2022, tal como se publica en el enlace indicado.
Avv. Fabio Loscerbo
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