Protección complementaria, vida privada y límites al poder de expulsión: notas sobre la sentencia del Tribunal de Bolonia de 12 de diciembre de 2025, registro general 13822 de 2025
Resumen
La sentencia del Tribunal de Bolonia de 12 de diciembre de 2025, registro general 13822 de 2025, constituye una aportación de especial relevancia al desarrollo jurisprudencial en materia de protección complementaria conforme al artículo 19 del Decreto Legislativo italiano de 25 de julio de 1998, número 286. La decisión aclara el alcance del derecho al respeto de la vida privada y familiar como límite sustancial al poder administrativo de denegar la residencia y ordenar la expulsión, reafirmando la naturaleza de esta tutela como un verdadero derecho subjetivo cuando se acredita un arraigo efectivo de la persona extranjera en el territorio nacional. El presente trabajo analiza los criterios de valoración de la integración, el principio de proporcionalidad y el régimen transitorio aplicable a las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-ley de 10 de marzo de 2023, número 20.
1. El marco jurídico de la protección complementaria
La protección complementaria encuentra su fundamento en el artículo 19, apartados 1 y 1.1, del Texto Único de Inmigración italiano, en la redacción resultante del Decreto-ley de 21 de octubre de 2020, número 130, convertido con modificaciones por la Ley de 18 de diciembre de 2020, número 173. Dicha reforma amplió de forma significativa el ámbito de protección, al vincular la prohibición de rechazo y expulsión no solo al riesgo de persecución o de tratos inhumanos o degradantes, sino también a la tutela del derecho al respeto de la vida privada y familiar, en coherencia con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Desde esta perspectiva, la protección complementaria se configura como un instrumento residual pero autónomo, destinado a abarcar aquellas situaciones en las que la expulsión forzosa del territorio nacional produciría una vulneración desproporcionada de los derechos fundamentales de la persona, aun cuando no concurran los requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria.
2. El caso resuelto por el Tribunal de Bolonia
En la sentencia objeto de análisis, el Tribunale Ordinario di Bologna fue llamado a pronunciarse sobre la legalidad de un rechazo de la protección complementaria basado en una valoración negativa del grado de integración social de la solicitante, emitida por la Comisión Territorial y asumida por la autoridad policial.
El órgano judicial reconstruyó de manera detallada el itinerario vital de la recurrente, otorgando especial relevancia a elementos como la prolongada permanencia en Italia, la estabilidad del núcleo familiar, la escolarización de los hijos, la actividad laboral —aunque caracterizada por fases de discontinuidad— y la autonomía habitacional. Tales circunstancias fueron consideradas de forma conjunta, mediante una valoración global y no fragmentaria, capaz de reflejar la realidad del arraigo alcanzado en el territorio nacional.
3. Vida privada, integración y principio de proporcionalidad
Uno de los aspectos más significativos de la decisión reside en la interpretación amplia del concepto de vida privada, entendida como el conjunto de relaciones sociales, afectivas y profesionales que contribuyen a definir la identidad personal del individuo. En este contexto, la integración no se concibe como un resultado ideal o absoluto, sino como un proceso dinámico, demostrable a través de cualquier esfuerzo apreciable de inserción en la realidad social italiana.
El Tribunal hace referencia expresa al principio de proporcionalidad, subrayando que la injerencia del Estado en la vida privada y familiar de la persona extranjera solo puede considerarse legítima cuando esté justificada por necesidades concretas y actuales de seguridad nacional u orden público. En ausencia de tales presupuestos, la expulsión del territorio nacional constituye una restricción injustificada de los derechos fundamentales, contraria al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la propia ratio del artículo 19 del Texto Único de Inmigración.
4. Régimen transitorio y normativa aplicable
De particular relevancia es el recordatorio del régimen transitorio previsto en el artículo 7 del Decreto-ley de 10 de marzo de 2023, número 20, convertido por la Ley de 5 de mayo de 2023, número 50. El Tribunal reafirma que las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de dicho decreto continúan rigiéndose por la normativa anterior, lo que conlleva el reconocimiento de un permiso de residencia con una duración de dos años, renovable y convertible en permiso de residencia por motivos de trabajo.
Esta aclaración posee un valor sistémico, ya que se opone a prácticas administrativas orientadas a la aplicación retroactiva de disposiciones más restrictivas, en vulneración de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
5. Consideraciones finales
La sentencia del Tribunal de Bolonia de 12 de diciembre de 2025, registro general 13822 de 2025, se inserta en una línea jurisprudencial ya consolidada y contribuye a reforzar la concepción de la protección complementaria como un derecho subjetivo pleno, susceptible de tutela judicial. La decisión confirma que la valoración de la integración debe ser sustancial e individualizada y que la Administración no puede limitarse a apreciaciones estereotipadas o meramente formales.
El texto íntegro de la sentencia está disponible para su consulta y estudio en Calameo en el siguiente enlace:
https://www.calameo.com/books/0080797751165099142b8
Avv. Fabio Loscerbo
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