giovedì 12 febbraio 2026

New on TikTok: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy nos centramos en la señalización SIS, es decir, la inscripción en el Sistema de Información Schengen, una cuestión que en la práctica tiene un impacto decisivo sobre la libertad de circulación, el derecho a regresar a Italia y, en general, sobre la situación jurídica de las personas extranjeras. La pregunta clave es la siguiente: ¿qué ocurre con una señalización SIS cuando una medida de expulsión es anulada por un juez? La respuesta no siempre es la que se espera, y queda claramente explicada en una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Campania, Sección Séptima, publicada el 2 de febrero de 2026, sentencia número 724 de 2026, dictada en el procedimiento inscrito bajo el número de registro general 2589 de 2025. En este caso, el juez de paz había anulado un decreto prefecticio de expulsión. Como consecuencia de esa decisión, la Jefatura de Policía procedió correctamente a cancelar la señalización SIS vinculada a ese decreto concreto. Sin embargo, permanecía otra inscripción en las bases de datos, que no se basaba en la expulsión administrativa anulada, sino en una medida de expulsión de naturaleza penal, derivada de una condena penal firme dictada años antes. El recurrente promovió entonces un procedimiento de ejecución, sosteniendo que la anulación de la expulsión debía comportar la cancelación de cualquier señalización desfavorable. El Tribunal Administrativo Regional rechazó esta tesis y afirmó un principio fundamental que conviene expresar con claridad: la anulación de una medida de expulsión solo produce efectos respecto de la señalización SIS que se fundamenta jurídicamente en esa medida concreta. No invalida ni deja sin efecto otras señalizaciones basadas en títulos distintos, como una medida de expulsión impuesta a raíz de una condena penal. En otras palabras, el Sistema de Información Schengen no es una anotación única y homogénea. Es un sistema que puede contener varias señalizaciones, cada una jurídicamente autónoma. Cada señalización subsiste o desaparece en función de su propio fundamento legal. Mientras ese fundamento siga siendo válido, la señalización continúa siendo legítima. Este punto es esencial en la práctica jurídica. La anulación de una expulsión no implica automáticamente que la situación SIS quede completamente regularizada. Siempre es necesario verificar el origen concreto de la señalización, distinguir entre medidas administrativas y penales, y comprobar si siguen existiendo títulos jurídicos eficaces. La sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Campania deja claro, sin rodeos, que el derecho de la inmigración se construye sobre estratificaciones jurídicas y que la tutela efectiva depende de la precisión legal, no de automatismos. Volveremos sobre este tema, porque la señalización SIS sigue siendo uno de los aspectos más delicados y menos comprendidos de todo el sistema. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio del podcast Derecho de la Inmigración.

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New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

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