Renovación del permiso de residencia por trabajo autónomo: el TAR de Liguria confirma el requisito de ingresos como condición esencial
Mediante una sentencia dictada en enero de 2026, el Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria confirmó la legalidad de la denegación de la renovación de un permiso de residencia por trabajo autónomo, basada en la falta de ingresos adecuados y continuados por parte del solicitante.
La decisión se inserta plenamente en una línea jurisprudencial ya consolidada que atribuye al requisito económico un valor sustancial y no meramente formal. Según el Tribunal, los ingresos no constituyen un dato burocrático abstracto, sino un indicador concreto de la capacidad real del extranjero para mantenerse de manera autónoma, integrarse de forma estable en el tejido económico y social y no generar cargas para el sistema público.
En el caso examinado, la Administración había constatado, a través de las bases de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, que los ingresos percibidos eran extremadamente bajos y discontinuos, y en cualquier caso muy inferiores al umbral mínimo establecido por la ley para la exención de la participación en el gasto sanitario. A la luz de estos elementos, el Tribunal consideró correctamente aplicada el artículo 26 del Decreto Legislativo n.º 286/1998, excluyendo expresamente cualquier interpretación “flexible” del parámetro económico en ausencia de elementos objetivos que acreditasen una autosuficiencia económica real.
Resulta especialmente relevante la motivación mediante la cual el juez administrativo se remite a la jurisprudencia más reciente del Consejo de Estado, reafirmando que la carga de probar la disponibilidad de ingresos lícitos y suficientes recae sobre el ciudadano extranjero y constituye un requisito no eludible a efectos de la renovación del permiso de residencia. Desde esta perspectiva, el trabajo autónomo no puede evaluarse de manera abstracta, sino que debe traducirse en un sustento económico efectivo y estable.
La sentencia ofrece, por tanto, una aclaración nítida sobre una cuestión que con frecuencia da lugar a litigios: la renovación del permiso de residencia no puede prescindir de una verificación rigurosa de la capacidad económica, incluso cuando el título se fundamente formalmente en una actividad autónoma. El elemento decisivo sigue siendo la sostenibilidad económica real y debidamente documentada en el tiempo.
Rapport sur l’activité de diffusion juridique menée au cours de l’année 2025
Environ 172 000 consultations au total sur la période janvier 2025 – janvier 2026
Au cours de l’année 2025, mon activité professionnelle d’avocat, exercée principalement dans le domaine du droit de l’immigration, s’est accompagnée d’une activité intense et continue de diffusion juridique, visant à favoriser une meilleure compréhension des institutions normatives, des orientations jurisprudentielles et des aspects procéduraux présentant une importance particulière pour le public.
Cette activité de diffusion a accompagné l’exercice de la profession d’avocat et s’est développée à travers la production et la diffusion de contenus informatifs et d’analyse juridique, avec pour objectif de rendre accessibles des thématiques complexes du droit de l’immigration, tout en maintenant une approche rigoureuse des sources normatives et jurisprudentielles et dans le respect des principes de loyauté et de mesure propres à la fonction d’avocat.
Dans une optique de transparence et de correction de l’information, il m’a paru opportun de rendre publics certains données agrégées relatives à la consultation des contenus diffusés sur la période allant de janvier 2025 à janvier 2026.
Sur la période considérée, les contenus juridiques diffusés dans le cadre de cette activité ont enregistré environ 172 000 consultations au total, entendues comme :
lectures d’articles et de contributions informatives ;
visualisations de contenus vidéo ;
écoutes de contenus audio et de podcasts.
Ces données se réfèrent exclusivement à des formes de consommation effective des contenus et n’incluent pas des indicateurs de simple exposition ou de visibilité, conformément à un critère prudent et méthodologiquement rigoureux.
Les contenus ont porté notamment sur :
les aspects normatifs et jurisprudentiels du droit de l’immigration ;
des clarifications de nature procédurale ;
des réflexions d’ordre systémique sur les institutions et les politiques migratoires ;
des contributions informatives destinées tant aux personnes concernées qu’aux professionnels du secteur.
À l’activité de diffusion s’est ajoutée une diffusion informative sur les canaux sociaux professionnels, en particulier sur LinkedIn, où, sur la même période, les contenus publiés ont généré plus de 112 000 impressions, atteignant environ 47 000 utilisateurs uniques.
Ces données sont indiquées séparément, car elles se rapportent à des indicateurs de diffusion et ne sont pas incluses dans le calcul des consultations mentionnées ci-dessus.
Le présent rapport vise à offrir une représentation synthétique et vérifiable de l’impact informatif d’une activité de diffusion juridique étroitement liée à l’exercice de la profession d’avocat, menée dans le respect des devoirs de loyauté, de rigueur et de responsabilité qui caractérisent cette fonction.
L’activité de diffusion se poursuivra également en 2026, dans la continuité de mon engagement professionnel, avec l’objectif de contribuer à une plus grande conscience juridique en matière de droit de l’immigration et de ses implications normatives et sociales.
Conversión del permiso de residencia por trabajo estacional: extemporaneidad, control administrativo y límites de la discrecionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña
La conversión del permiso de residencia por trabajo estacional a trabajo por cuenta ajena sigue representando uno de los ámbitos de mayor fricción en la relación entre la Administración pública y los ciudadanos extranjeros. Sobre esta cuestión interviene una sentencia de especial relevancia dictada por el Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sección Primera, publicada el 22 de diciembre de 2025, en el procedimiento de registro general número 1710 de 2025, que ofrece aclaraciones de carácter sistemático con un impacto concreto en la práctica de las Oficinas Únicas de Inmigración.
El caso se origina en la denegación adoptada por la Prefectura de Módena respecto de una solicitud de conversión presentada por un trabajador estacional. El rechazo se basó en tres motivos recurrentes: la supuesta presentación extemporánea de la solicitud, el incumplimiento del requisito de las 39 jornadas laborales y la presunta irrelevancia de las observaciones defensivas presentadas durante el procedimiento administrativo. El Tribunal desmonta progresivamente este planteamiento, reafirmando principios que, aunque no son nuevos, con frecuencia resultan ignorados en la práctica administrativa cotidiana.
Desde el punto de vista procedimental, la sentencia pone de relieve de manera clara la importancia del contradictorio endoprocedimental, precisando que el incumplimiento del artículo 10-bis de la Ley n.º 241 de 1990 no puede considerarse un vicio meramente formal. La falta de valoración de las alegaciones del interesado afecta directamente a la legalidad del acto final, ya que compromete la instrucción administrativa y vacía de contenido la obligación de motivar. En este contexto, el Tribunal excluye expresamente la posibilidad de subsanación conforme al artículo 21-octies cuando el diálogo con el interesado resulta esencial para la adopción de la decisión.
En cuanto al requisito de las 39 jornadas laborales, el Tribunal reitera que, en el trabajo agrícola estacional, la verificación debe realizarse sobre la base de los días efectivamente trabajados y de las correspondientes cotizaciones a la seguridad social. En el caso examinado, la documentación acreditaba que el umbral mínimo había sido superado, mientras que la Administración se limitó a una afirmación genérica, carente de comprobaciones concretas. Ello determina un ulterior vicio por insuficiencia de la instrucción y de la motivación.
El aspecto de mayor relevancia sistemática se refiere a la supuesta extemporaneidad de la solicitud de conversión. El Tribunal reafirma que el artículo 24, apartado 10, del Texto Único de Inmigración no establece plazos perentorios y que la expiración del permiso estacional no constituye, por sí sola, un obstáculo automático para la conversión. El criterio decisivo es el de la razonabilidad, que debe evaluarse caso por caso. En la situación concreta, la continuidad de la actividad laboral del solicitante permitió superar incluso un retraso temporal significativo, excluyendo cualquier finalidad elusiva o abusiva.
La sentencia concluye estimando el recurso y ordenando a la Administración que reexamine el caso en el plazo de sesenta días. El mensaje que se desprende es claro y difícilmente eludible: la gestión administrativa de la inmigración no puede basarse en automatismos, interpretaciones restrictivas carentes de fundamento legal o investigaciones superficiales, sino que debe confrontarse con los hechos, con el trabajo efectivamente realizado y con las garantías procedimentales previstas por el ordenamiento jurídico.
Protezione complementare e integrazione: il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 riafferma la centralità dei diritti fondamentali
Con il decreto emesso il 5 dicembre 2025, il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, interviene in modo chiaro e strutturato su uno dei nodi più delicati dell’attuale diritto dell’immigrazione: la protezione complementare e il suo rapporto con l’integrazione sociale, lavorativa e familiare dello straniero, nel quadro normativo successivo al decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023.
Il Collegio bolognese prende posizione contro una lettura riduttiva della riforma del 2023, affermando che l’intervento legislativo non ha inciso sul nucleo essenziale delle tutele derivanti dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In particolare, viene ribadito che la protezione complementare continua a rappresentare lo strumento attraverso cui si dà attuazione al diritto d’asilo costituzionale ex art. 10, terzo comma, Cost., nonché alla tutela della vita privata e familiare sancita dall’art. 8 CEDU.
Il decreto si segnala per l’ampiezza e la profondità dell’argomentazione giuridica. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, chiarendo che, anche dopo le modifiche del 2023, permane il divieto di allontanamento ogniqualvolta l’espulsione o il respingimento comportino una lesione significativa dei diritti fondamentali della persona. In tale prospettiva, l’integrazione non viene intesa come requisito automatico o meramente formale, ma come elemento sostanziale da valutare in concreto, attraverso un giudizio comparativo tra la condizione di vita raggiunta in Italia e quella che il richiedente troverebbe nel Paese di origine.
Particolarmente rilevante è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità più recente, che il Tribunale utilizza per confermare come il radicamento sociale, lavorativo e familiare possa fondare, anche da solo, il riconoscimento della protezione complementare, quando l’allontanamento determini uno sradicamento incompatibile con uno standard minimo di vita dignitosa. Ne emerge una lettura coerente e costituzionalmente orientata dell’istituto, lontana da approcci emergenziali o meramente securitari.
Il provvedimento assume dunque un valore che va oltre il singolo caso deciso. Esso si colloca come punto di riferimento per operatori del diritto, giudici e avvocati, offrendo una ricostruzione solida dei criteri applicativi della protezione complementare e confermando che l’integrazione effettiva resta un parametro centrale nel bilanciamento tra interessi pubblici e diritti della persona.
محكمة فلورنسا تؤكد الحماية التكميلية: الاندماج ما زال معيارًا حاسمًا بعد إصلاح 2023 في إيطاليا
أصدر Tribunal of Florence بتاريخ 24 ديسمبر 2025 مرسومًا قضائيًا يحمل دلالات مهمة في النقاش الدائر حول سياسات الهجرة في إيطاليا. فرغم التعديلات التقييدية التي أدخلها المرسوم-القانون رقم 20 لسنة 2023، أكدت المحكمة أن الحماية التكميلية ما زالت تستند إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تتعلق القضية بمواطن مغربي رُفض طلبه بالحصول على صفة لاجئ أو حماية فرعية من قبل اللجنة الإقليمية المختصة. وخلال المرحلة القضائية، اقتصر طلبه على الحماية التكميلية، مستندًا إلى حقه في احترام حياته الخاصة التي بناها داخل إيطاليا. وقد قبلت محكمة فلورنسا هذا الطلب، وأمرت بمنحه تصريح إقامة للحماية الخاصة.
تكمن أهمية القرار في السياق التشريعي الذي صدر فيه. فقد اعتُبر إصلاح عام 2023، عند إقراره، محاولة لتقليص نطاق الحماية المرتبطة بالحياة الخاصة والعائلية. غير أن المحكمة اعتمدت تفسيرًا مختلفًا، معتبرة أن التعديل لم يُلغِ هذه الحماية، ولا يمكنه ذلك دون انتهاك الدستور والاتفاقيات الدولية، بل أعاد السلطة التقديرية إلى القاضي لتقييم كل حالة على حدة.
ركزت المحكمة بشكل خاص على مسار اندماج المعني بالأمر في المجتمع الإيطالي. فقد أثبت وجود عمل مستقر، وسكن قانوني، ومشاركة في دورات تدريبية، وبناء شبكة علاقات اجتماعية حقيقية. واعتبرت المحكمة أن هذه العناصر مجتمعة تشكل “حياة خاصة راسخة” يحميها الحق المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن إبعاده سيؤدي إلى مساس جسيم وغير متناسب بهذا الحق.
ومن النقاط اللافتة أن المحكمة شددت على أن الاندماج المتحقق أثناء فترة انتظار البت في طلبات اللجوء لا يمكن اعتباره أمرًا عارضًا أو غير ذي قيمة قانونية. فالوقت الذي يعيشه الشخص في حالة انتظار قانوني هو وقت فعلي تتشكل فيه روابط اجتماعية ومهنية لا يجوز تجاهلها.
يبرز هذا القرار الدور البنيوي للحماية التكميلية داخل نظام الهجرة. فهي ليست إجراءً استثنائيًا أو مؤقتًا، بل آلية توازن تميّز بين من اندمج فعليًا في المجتمع المضيف ومن لم يفعل، مع ضمان عدم انتهاك الحقوق الأساسية عند تطبيق سياسات العودة.
تبعث محكمة فلورنسا برسالة واضحة: الاندماج يظل المعيار القانوني الفاصل في تقييم حق البقاء. وفي المقابل، تظل سياسات العودة مشروعة عندما يغيب هذا الاندماج، شريطة احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية. إنه نموذج واقعي ومتوازن، لا يقوم على العاطفة بل على الوقائع.
Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”
Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa.
Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada.
El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia.
El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa.
تصاريح الإقامة، الإدانـات الجنائية والاندماج: العمل لا يكفي
المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي، حكم صادر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، رقم القيد في السجل العام 684 لسنة 2025
تم نشر حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي (TAR Marche)، الدائرة الثانية، الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 684 لسنة 2025، على منصة Calameo. ويتناول هذا الحكم مسألة بالغة الأهمية في قانون الهجرة، تتعلق بالعلاقة بين الاندماج القائم على العمل، والإدانـات الجنائية، ورفض منح تصريح الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل.
نشأ النزاع عن رفض جهة الشرطة منح تصريح إقامة لأسباب العمل لمواطن أجنبي كان قد سُحب منه سابقًا تصريح الإقامة الأوروبي طويل الأجل. وخلال سير الإجراء الإداري، صدرت بحق المعني إدانة جنائية بناءً على اتفاق على تطبيق العقوبة عن جرائم تتعلق بالعنف الأسري وإحداث إصابات.
وعلى الرغم من وجود علاقة عمل وادعاء وجود روابط أسرية في إيطاليا، رفضت الإدارة منح تصريح الإقامة على أساس أنّ طالب التصريح يُشكّل خطرًا على الأمن العام، وهو ما اعتُبر غير متوافق مع منح عنوان إقامة.
المبدأ الذي قررته المحكمة
في حكمها الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي الطعن، وقرّرت بشكل واضح أنّ الاندماج لا يمكن اختزاله في عنصر العمل وحده. فالعمل عنصر مهم في تقييم الاندماج، لكنه غير كافٍ بذاته لتجاوز تقدير الخطورة الاجتماعية، ولا سيما عندما تمسّ الأفعال الجنائية مصالح أساسية يحميها النظام القانوني، مثل سلامة الشخص والعلاقات الأسرية.
وأكدت المحكمة أنّ الاندماج يجب أن يُقيَّم تقييمًا جوهريًا وشاملًا، بما في ذلك احترام القيم الاجتماعية والثقافية للبلد المضيف. وفي هذا السياق، يكتسب السلوك في المجالين الخاص والأسري أهمية قانونية كاملة، خاصة عندما تكون الأفعال الجنائية قد وقعت تحديدًا ضمن هذا الإطار.
حظر القرارات الآلية والسلطة التقديرية للإدارة
ومن النقاط ذات الأهمية الخاصة تفسير المحكمة للمادة 5، الفقرة 5، من النص الموحد للهجرة. إذ شددت المحكمة على أنّ حظر القرارات الآلية لا يعني وجود حق ذاتي في الحصول على تصريح الإقامة. وتظل الإدارة ملزمة بإجراء موازنة بين مصلحة الأجنبي في البقاء على الإقليم ومصلحة المجتمع في حماية الأمن العام، وهي موازنة يمكن أن تنتهي بشكل مشروع إلى الرفض.
كما أوضحت المحكمة أنّ وجود روابط أسرية لا يكون حاسمًا بذاته، إلا إذا كان ضمن الفئات المحددة بدقة في القانون، ولا يمكن أن يتحول إلى “درع” يقي من تبعات سلوكيات تُعدّ ذات خطورة اجتماعية جسيمة.
طبيعة المادة 9، الفقرة 9، من النص الموحد للهجرة
قدّم الحكم كذلك توضيحًا صريحًا بخصوص المادة 9، الفقرة 9، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. إذ اعتبرت المحكمة أنّ إمكانية منح تصريح إقامة من نوع آخر بعد سحب تصريح الإقامة الأوروبي طويل الأجل تُعدّ سلطة تقديرية للإدارة وليست التزامًا عليها. ويظل استعمال هذه السلطة مشروطًا بالتحقق من جميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك انتفاء أي خطورة على الأمن العام.
ملاحظات ختامية
يندرج حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، رقم السجل العام 684 لسنة 2025 ضمن اتجاه قضائي يؤكد بشكل لا لبس فيه مبدأً غالبًا ما يُغفل في النقاش العام، وهو أنّ العمل ليس درعًا تلقائيًا في قانون الهجرة. فالاندماج ليس مجرد واقع اقتصادي، بل هو مسار معقّد يقوم على المسؤولية، واحترام القواعد، والالتزام بالقيم الأساسية للنظام القانوني.
ويتيح نشر الحكم كاملًا على منصة Calameo للمهنيين القانونيين والباحثين والمتخصصين في مجال الهجرة الاطلاع المباشر على نص القرار وفهم آثاره النظامية على نحو كامل.
La riforma della cittadinanza del 2025: quadro sistematico, ratio legis e linee di frattura con la disciplina previgente
Abstract
La riforma della cittadinanza introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, segna un punto di svolta nel diritto della cittadinanza italiano. Pur mantenendo formalmente il principio dello ius sanguinis quale criterio cardine di attribuzione dello status civitatis, il legislatore interviene in modo incisivo sull’automatismo tradizionalmente connesso alla discendenza, introducendo limiti generazionali, condizioni di effettività del legame con l’ordinamento statale e rilevanti innovazioni sul piano procedurale e probatorio. Il presente contributo intende ricostruire il quadro complessivo della riforma, analizzarne la ratio dichiarata e individuare le principali linee di discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992.
1. Inquadramento normativo e contesto di intervento
Il decreto-legge n. 36 del 2025 si inserisce in un contesto normativo e politico caratterizzato da una crescente tensione tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tradizionale apertura dell’ordinamento italiano verso il riconoscimento della cittadinanza per discendenza; dall’altro, la volontà di limitare fenomeni ritenuti di “cittadinanza meramente formale”, sganciata da un rapporto effettivo con lo Stato.
Come evidenziato nel dossier parlamentare predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato, la disciplina vigente – fondata sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 – ha rappresentato, per oltre trent’anni, un punto di equilibrio tra continuità storica e adattamento ai mutamenti sociali, senza mai mettere in discussione la preminenza dello ius sanguinis quale criterio strutturale di appartenenza alla comunità nazionale
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.
Il decreto-legge del 2025 non abroga tale principio, ma ne ridefinisce profondamente la portata applicativa, incidendo sul momento genetico dell’acquisto della cittadinanza e sulla stessa qualificazione giuridica dello status civitatis nei casi di nascita all’estero.
2. La ratio dichiarata della riforma: il “legame effettivo” con lo Stato
La relazione illustrativa e il dossier parlamentare richiamano espressamente il principio del genuine link, elaborato in ambito di diritto internazionale e ricondotto, in particolare, alla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Nottebohm del 1955. Secondo tale impostazione, la cittadinanza non può essere ridotta a un mero dato formale o genealogico, ma deve riflettere un rapporto reale, sostanziale e attuale tra individuo e Stato.
Il legislatore del 2025 assume tale principio come criterio ispiratore dell’intervento normativo, sostenendo la necessità di “oggettivare” il legame con l’Italia attraverso elementi verificabili: residenza qualificata, esclusività della cittadinanza degli ascendenti, attivazione tempestiva del procedimento amministrativo o giudiziario.
È significativo che la riforma venga presentata non come una misura di restrizione in senso proprio, bensì come un intervento di “chiarificazione” dei presupposti originari dell’acquisto della cittadinanza, volto a evitare un’estensione potenzialmente indefinita del corpo civico a soggetti privi di un rapporto concreto con l’ordinamento statale
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.
3. La tecnica normativa: dalla perdita al mancato acquisto originario
Uno degli snodi concettuali più rilevanti della riforma risiede nella scelta di qualificare le nuove limitazioni non come ipotesi di perdita o revoca della cittadinanza, bensì come casi di “mancato acquisto” originario.
L’introduzione dell’art. 3-bis nella legge n. 91 del 1992 stabilisce che il soggetto nato all’estero, in possesso di altra cittadinanza, deve essere considerato come colui che “non ha mai acquistato” la cittadinanza italiana, anche se nato prima dell’entrata in vigore della norma, salvo il ricorrere di specifiche condizioni derogatorie
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. Tale formulazione consente al legislatore di incidere retroattivamente su situazioni giuridiche consolidate solo in apparenza, evitando il confronto diretto con i principi costituzionali in materia di perdita dello status civitatis.
La scelta lessicale e concettuale non è neutra: essa mira a sottrarre la riforma al paradigma della sanzione o della decadenza, collocandola invece nell’alveo della disciplina genetica del rapporto di cittadinanza. In tal modo, il legislatore rilegge ex post il titolo di appartenenza alla comunità nazionale, subordinandolo alla verifica di requisiti ulteriori rispetto alla mera discendenza biologica.
4. Continuità e discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992
Sotto il profilo sistematico, la riforma del 2025 si presenta come un intervento di continuità solo apparente. È vero che il principio dello ius sanguinis non viene formalmente abbandonato; tuttavia, l’introduzione di limiti generazionali e condizioni di effettività segna una frattura profonda rispetto all’impostazione tradizionale della legge del 1992, che concepiva la cittadinanza come status trasmissibile lungo la linea genealogica senza necessità di un radicamento territoriale o relazionale attuale.
La nuova disciplina, pur richiamandosi alla tradizione, ne rielabora il significato, trasformando la cittadinanza da dato identitario tendenzialmente permanente a rapporto giuridico condizionato, suscettibile di verifica e delimitazione nel tempo.
5. Considerazioni introduttive
Il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, inaugura una stagione nuova nel diritto della cittadinanza italiano. Al di là delle singole disposizioni, esso introduce una diversa concezione del rapporto tra individuo e Stato, fondata sull’idea che l’appartenenza alla comunità nazionale debba essere il risultato di un legame effettivo e non esclusivamente di una continuità genealogica.
Nei contributi successivi della presente serie si procederà all’analisi puntuale delle singole innovazioni: dalla preclusione all’acquisto automatico per i nati all’estero, alle eccezioni previste, alla nuova disciplina dei minori, fino alle rilevanti modifiche in materia processuale e probatoria.
Fonti utilizzate e verificate – Dossier Servizi Studi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, D.L. n. 36/2025 – A.C. 2402, 15 maggio 2025
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– Testo coordinato del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, G.U. n. 118 del 23 maggio 2025
Conversion du titre de séjour pour travail saisonnier : tardiveté, contrôle administratif et limites du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne
La conversion du titre de séjour pour travail saisonnier en titre de séjour pour travail salarié demeure l’un des domaines les plus conflictuels dans les relations entre l’administration et les ressortissants étrangers. Sur ce point, une décision particulièrement significative a été rendue par le Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Première Section, publiée le 22 décembre 2025, dans le recours inscrit au registre général numéro 1710 de 2025, apportant des clarifications de portée systémique ayant des répercussions concrètes sur la pratique des guichets uniques de l’immigration.
L’affaire trouve son origine dans le refus opposé par la Préfecture de Modène à une demande de conversion présentée par un travailleur saisonnier. Le rejet reposait sur trois motifs récurrents : la prétendue tardiveté de la demande, le non-respect du seuil des 39 journées de travail et l’irrecevabilité supposée des observations défensives présentées au cours de la procédure administrative. Le Tribunal démonte progressivement cette approche, en réaffirmant des principes qui, bien que non nouveaux, sont fréquemment ignorés dans la pratique administrative quotidienne.
Sur le plan procédural, la décision souligne avec force l’importance du principe du contradictoire endoprocedural, en précisant que la méconnaissance de l’article 10-bis de la loi n° 241 de 1990 ne saurait être qualifiée de simple vice formel. L’absence d’examen des observations de l’intéressé affecte directement la légalité de la décision finale, en ce qu’elle compromet l’instruction administrative et vide de sa substance l’obligation de motivation. Dans ce contexte, le Tribunal exclut expressément la possibilité de régularisation sur le fondement de l’article 21-octies lorsque le dialogue avec l’intéressé est essentiel à la prise de décision.
S’agissant de l’exigence des 39 journées de travail, le Tribunal réaffirme que, dans le travail agricole saisonnier, la vérification doit être effectuée sur la base des journées effectivement travaillées et des cotisations sociales correspondantes. En l’espèce, les pièces produites démontraient que le seuil minimal avait été dépassé, tandis que l’administration s’était limitée à une affirmation générale, dépourvue de toute vérification concrète. Il en résulte un vice supplémentaire tiré de l’insuffisance de l’instruction et de la motivation.
L’aspect le plus pertinent sur le plan systémique concerne la prétendue tardiveté de la demande de conversion. Le Tribunal réaffirme que l’article 24, paragraphe 10, du Texte unique sur l’immigration ne prévoit aucun délai impératif et que l’expiration du titre de séjour saisonnier ne constitue pas, en soi, un obstacle automatique à la conversion. Le critère déterminant est celui du caractère raisonnable du délai, qui doit être apprécié au cas par cas. En l’espèce, la continuité de l’activité professionnelle du requérant a permis de surmonter même un retard temporel significatif, excluant toute intention élusive ou abusive.
La décision conclut par l’accueil du recours et par l’injonction faite à l’administration de réexaminer la situation dans un délai de soixante jours. Le message qui s’en dégage est clair et difficilement contournable : la gestion administrative de l’immigration ne peut reposer sur des automatismes, des interprétations restrictives dépourvues de base légale ou des investigations superficielles, mais doit se confronter aux faits, au travail effectivement accompli et aux garanties procédurales prévues par l’ordre juridique.
La actividad de divulgación ha acompañado el ejercicio de la profesión forense y se ha desarrollado mediante la producción y difusión de contenidos informativos y de análisis jurídico, con el objetivo de hacer accesibles cuestiones complejas del derecho de la inmigración, manteniendo un enfoque riguroso respecto de las fuentes normativas y jurisprudenciales y en pleno respeto de los principios de corrección y contención propios de la función del abogado.
Desde una perspectiva de transparencia y corrección informativa, considero oportuno hacer públicos algunos datos agregados relativos al consumo de los contenidos divulgativos en el período comprendido entre enero de 2025 y enero de 2026.
En el período considerado, los contenidos jurídicos difundidos en el marco de esta actividad han registrado aproximadamente 172.000 fruiciones totales, entendidas como:
lecturas de artículos y aportaciones informativas;
Este dato se refiere exclusivamente a formas de consumo efectivo de los contenidos y no incluye métricas de mera exposición o visibilidad, conforme a un criterio prudencial y metodológicamente riguroso.
Los contenidos han abordado, en particular:
perfiles normativos y jurisprudenciales del derecho de la inmigración;
aclaraciones de carácter procedimental;
reflexiones de orden sistémico sobre institutos y políticas migratorias;
aportaciones informativas dirigidas tanto a las personas interesadas como a los operadores del sector.
A la actividad de divulgación se ha sumado una difusión informativa a través de canales sociales profesionales, en particular en LinkedIn, donde en el mismo período los contenidos publicados han registrado más de 112.000 impresiones, alcanzando aproximadamente a 47.000 usuarios únicos.
Estos datos se indican de forma separada, ya que se refieren a métricas de difusión y no se incluyen en el cómputo de las fruiciones anteriormente mencionadas.
El presente informe tiene por objeto ofrecer una representación sintética y verificable del impacto informativo de una actividad de divulgación jurídica estrechamente vinculada al ejercicio de la profesión forense, desarrollada en el respeto de los deberes de corrección, rigor y responsabilidad que caracterizan la función del abogado.
La actividad de divulgación continuará también en 2026, en coherencia con mi compromiso profesional, con el objetivo de contribuir a una mayor concienciación jurídica en materia de derecho de la inmigración y de sus implicaciones normativas y sociales.
الحماية التكميلية والاندماج: قرار محكمة بولونيا الصادر في 5 ديسمبر 2025 يؤكد مركزية الحقوق الأساسية
بموجب القرار الصادر في 5 ديسمبر 2025، تتدخل Tribunale ordinario di Bologna – الدائرة المتخصصة في شؤون الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي – لتقديم موقف قانوني واضح ومفصل بشأن إحدى أكثر المسائل حساسية في قانون الهجرة المعاصر، وهي الحماية التكميلية وعلاقتها بالاندماج الاجتماعي والمهني والأسري للأجنبي، في الإطار التشريعي اللاحق للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023، المحوّل إلى القانون رقم 50 لسنة 2023.
ترفض المحكمة في هذا القرار أي تفسير تقليصي للإصلاح التشريعي لعام 2023، وتؤكد أن هذا التدخل لم يؤدِّ إلى تقويض جوهر الحماية المستمدة من الالتزامات الدستورية والدولية الواقعة على عاتق الدولة الإيطالية. وتعيد المحكمة التأكيد على أن الحماية التكميلية ما زالت الأداة التي يتم من خلالها إعمال حق اللجوء الدستوري المنصوص عليه في المادة 10، الفقرة الثالثة، من الدستور الإيطالي، فضلاً عن حماية الحياة الخاصة والعائلية المكفولة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويتميز القرار باتساع وعمق التحليل القانوني، حيث تعيد المحكمة بناء الإطار التشريعي للمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، موضحةً أنه حتى بعد تعديلات عام 2023 يظل حظر الإبعاد أو الطرد قائماً كلما كان من شأنه إحداث مساس جوهري بالحقوق الأساسية للشخص المعني. وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى الاندماج بوصفه شرطاً آلياً أو شكلياً، بل باعتباره عنصراً موضوعياً يتطلب تقييماً ملموساً، من خلال مقارنة حقيقية بين وضع الحياة الذي استقر عليه طالب الحماية في إيطاليا، والوضع الذي سيواجهه في بلد المنشأ.
وتكتسب الإشارة إلى أحدث اجتهادات محكمة النقض أهمية خاصة، إذ تعتمد عليها المحكمة لتأكيد أن التجذر الاجتماعي والمهني والأسري يمكن، بحد ذاته، أن يبرر منح الحماية التكميلية، متى كان الإبعاد سيؤدي إلى اقتلاع قسري من البيئة المعيشية المكتسبة، بما يتعارض مع الحد الأدنى لمعيار الحياة الكريمة. ويبرز من خلال ذلك تفسير منسجم مع الدستور، بعيد عن القراءات الطارئة أو الأمنية الضيقة.
ولا تقتصر أهمية هذا القرار على الحالة الفردية محل النزاع، بل يتجاوزها ليشكل مرجعاً مهماً للقضاة والمحامين والعاملين في مجال قانون الهجرة، لما يقدمه من تحديد دقيق لمعايير تطبيق الحماية التكميلية، ولتأكيده على أن الاندماج الفعلي يظل عنصراً مركزياً في الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الإنسان الأساسية.
Florence Court Reaffirms Complementary Protection: Integration Still Matters After Italy’s 2023 Reform
A decree issued by the Ordinary Court of Florence on 24 December 2025 sends a clear message to both practitioners and policymakers: despite the restrictive turn introduced by Italy’s 2023 immigration reform, complementary protection remains firmly anchored to constitutional principles and international human rights obligations.
The case concerned a Moroccan national whose application for refugee status and subsidiary protection had been rejected by the Territorial Commission. During the judicial phase, the applicant pursued only complementary protection, grounding his claim on the right to respect for private life developed in Italy. The Florence Court upheld the request, ordering the issuance of a residence permit for special protection.
What makes the decision particularly significant is its legal context. With Decree-Law No. 20 of 2023, later converted into Law No. 50 of 2023, the Italian legislature partially rolled back the broader formulation of Article 19 of the Consolidated Immigration Act that had been introduced in 2020. Critics argued that the reform aimed to narrow the scope of protection linked to private and family life. The Florence Court, however, adopted a different reading.
According to the judges, the 2023 reform did not eliminate the protection of private and family life, nor could it do so without violating constitutional and conventional obligations. Instead, it removed rigid legislative criteria, returning greater responsibility to judicial assessment on a case-by-case basis. In other words, the law changed its form, not its substance.
The court placed strong emphasis on the applicant’s integration in Italy. Over more than two years, he had established stable employment, secured lawful housing, attended training courses, and built a solid network of social relationships. These elements, taken together, constituted a “consolidated private life” under Article 8 of the European Convention on Human Rights. His removal, the court reasoned, would have resulted in a serious and disproportionate interference with that right.
Notably, the judges clarified that integration achieved while awaiting a decision on asylum claims cannot be dismissed as irrelevant or opportunistic. Time spent in legal limbo is still time lived, and the social and professional ties formed during that period are legally significant. This point directly echoes recent Italian Supreme Court case law, which the Florence Court expressly relied upon.
From a broader perspective, the ruling highlights an often-overlooked function of complementary protection. Far from being an emergency or residual measure, it operates as a structural safeguard within the migration system. It distinguishes between individuals who have effectively integrated into the host society and those who have not, ensuring that return policies do not result in unjustified violations of fundamental rights.
The Florence decision therefore fits into a wider debate on migration governance. It suggests that integration remains the key legal criterion for lawful stay, even in a more restrictive legislative environment. At the same time, it implicitly supports the idea that return policies are legitimate where integration has not occurred, provided that fundamental rights are respected.
In this sense, the ruling does not weaken state control over migration. Rather, it reinforces a balanced model: integration leads to protection, while lack of integration may justify return. The court’s message is clear and unsentimental—rights must be protected, but they must be grounded in real social facts.
Pubblicata la nuova puntata multilingue del podcast “Diritto dell’Immigrazione” sulla conversione del permesso stagionale
È online una nuova puntata del podcast Diritto dell’Immigrazione, dedicata a un tema di grande rilevanza pratica e giuridica: la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i limiti della tardività e il controllo dell’azione amministrativa, alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna.
L’episodio analizza una sentenza che chiarisce punti centrali nella prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, soffermandosi sul rispetto del contraddittorio procedimentale, sulla verifica del requisito delle 39 giornate lavorative e sulla nozione di “ragionevolezza” nella presentazione della domanda di conversione, escludendo automatismi e letture meramente formalistiche.
Per favorire la massima accessibilità e diffusione, la puntata è stata pubblicata in più lingue, tutte disponibili su Spreaker ai seguenti link:
L’iniziativa rientra nell’attività di divulgazione giuridica volta a rendere comprensibili, anche a un pubblico non specialistico e multilingue, i principali snodi del diritto dell’immigrazione e dell’azione amministrativa, con particolare attenzione alle ricadute concrete sui diritti delle persone straniere.
Report on Legal Outreach Activities Carried Out During the Year 2025
Approximately 172,000 total content views between January 2025 and January 2026
During the year 2025, my professional activity as a lawyer, primarily focused on immigration law, was accompanied by a sustained and structured activity of legal outreach, aimed at facilitating a clearer understanding of legal frameworks, case law developments, and procedural aspects of significant public relevance.
This outreach activity complemented my legal practice and developed through the production and dissemination of legal and informational content across various digital formats, with the objective of making complex aspects of immigration law more accessible, while maintaining a rigorous approach to legal sources and jurisprudence and fully respecting the principles of accuracy and professional responsibility inherent in the legal profession.
In the interest of transparency and accountability, I consider it appropriate to publish aggregated data relating to the consumption of outreach content produced during the period January 2025 – January 2026.
During the reference period, the legal content disseminated as part of this activity recorded approximately 172,000 total content views, understood as:
readings of legal articles and explanatory materials;
views of video-based legal content;
listens to audio content and podcasts.
This figure refers exclusively to actual content consumption and does not include metrics related to mere exposure or visibility (such as impressions or reach), in accordance with a prudent and methodologically rigorous approach.
informational contributions aimed both at affected individuals and legal practitioners.
Alongside content consumption, outreach activity was supported by professional dissemination through social media channels, particularly LinkedIn, where during the same period the published content generated over 112,000 impressions, reaching approximately 47,000 unique users.
These figures are reported separately, as they relate to visibility metrics and are not included in the calculation of content views mentioned above.
This report is intended to provide a concise and verifiable overview of the informational impact of a legal outreach activity closely connected to the exercise of the legal profession, conducted in accordance with the principles of accuracy, restraint, and professional responsibility that characterize the role of a lawyer.
Legal outreach activities will continue throughout 2026, in continuity with my professional practice, with the aim of contributing to greater legal awareness in the field of immigration law and to a more informed public understanding of its legal and social implications.
Relazione sull’attività di divulgazione giuridica svolta nel corso dell’anno 2025
Circa 172.000 fruizioni complessive nel periodo gennaio 2025 – gennaio 2026
Nel corso del 2025 la mia attività professionale di avvocato, svolta prevalentemente nell’ambito del diritto dell’immigrazione, si è accompagnata a un’intensa e continuativa attività di divulgazione giuridica, finalizzata a favorire una maggiore comprensione di istituti normativi, orientamenti giurisprudenziali e profili procedurali di particolare rilevanza pubblica.
L’attività di divulgazione ha affiancato l’esercizio della professione forense e si è sviluppata attraverso la produzione e diffusione di contenuti informativi e di approfondimento giuridico, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi del diritto dell’immigrazione, mantenendo un approccio rigoroso alle fonti normative e giurisprudenziali e nel rispetto dei principi di correttezza e continenza propri della funzione dell’avvocato.
In un’ottica di trasparenza e correttezza informativa, ritengo opportuno rendere pubblici alcuni dati aggregati relativi alla fruizione dei contenuti divulgativi nel periodo gennaio 2025 – gennaio 2026.
Nel periodo considerato, i contenuti giuridici diffusi nell’ambito di tale attività hanno registrato circa 172.000 fruizioni complessive, intese come:
letture di articoli e contributi informativi;
visualizzazioni di contenuti video;
ascolti di contenuti audio e podcast.
Il dato si riferisce esclusivamente a forme di effettivo consumo dei contenuti e non include metriche di mera esposizione o visibilità, adottando un criterio prudenziale e metodologicamente rigoroso.
contributi informativi rivolti sia ai cittadini interessati sia agli operatori del settore.
All’attività di divulgazione si è affiancata una diffusione informativa sui canali social professionali, in particolare su LinkedIn, dove nel medesimo periodo i contenuti pubblicati hanno registrato oltre 112.000 impressioni, raggiungendo circa 47.000 utenti unici.
Tali dati sono indicati separatamente in quanto riferiti a metriche di diffusione, e non rientrano nel computo delle fruizioni sopra richiamate.
La presente relazione intende offrire una rappresentazione sintetica e verificabile dell’impatto informativo di un’attività di divulgazione giuridica strettamente connessa all’esercizio della professione forense, svolta nel rispetto dei doveri di correttezza, rigore e responsabilità che caratterizzano la funzione dell’avvocato.
L’attività di divulgazione proseguirà anche nel 2026, in continuità con il mio impegno professionale, con l’obiettivo di contribuire a una maggiore consapevolezza giuridica in materia di diritto dell’immigrazione e delle sue ricadute normative e sociali.
تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا
لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة.
تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية.
من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب.
أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال.
وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون.
Communiqué de presse – Publication de nouveaux épisodes du podcast « Droit de l’immigration »
De nouveaux épisodes du podcast « Droit de l’immigration » ont été publiés, consacrés à une question d’une grande importance pratique et juridique : le lien entre les antécédents pénaux et le renouvellement du titre de séjour, ainsi que les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Ces épisodes s’inspirent d’une décision récente de la juridiction administrative et abordent, dans un langage clair mais juridiquement rigoureux, une problématique centrale de la pratique des préfectures de police et du contentieux en matière d’immigration : l’impossibilité de refuser un titre de séjour sur la base d’automatismes, en l’absence d’une évaluation concrète, actuelle et individualisée de la prétendue dangerosité sociale de la personne concernée.
Le contenu a été publié en plusieurs langues, dans le but de toucher un public large, comprenant notamment des ressortissants étrangers, des professionnels du droit et des chercheurs dans ce domaine.
Le podcast « Droit de l’immigration » poursuit ainsi son travail de diffusion juridique, avec l’objectif de rendre accessibles les principes fondamentaux de la matière sans renoncer à la rigueur technique ni à l’analyse critique de la pratique administrative.
