Protección complementaria y el test de integración: análisis del Decreto del Tribunal de Florencia de 4 de diciembre de 2025
El decreto dictado por el Tribunal de Florencia el 4 de diciembre de 2025 (R.G. 12055/2024) constituye una contribución relevante al debate sobre el alcance y la función de la protección complementaria en Italia, especialmente tras las reformas introducidas por el Decreto-Ley 20/2023. La decisión confirma un enfoque judicial firmemente anclado en las garantías constitucionales y en las obligaciones internacionales, pese a la creciente complejidad del marco normativo.
El texto completo del decreto puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f.
El Tribunal analizó el caso de un ciudadano marroquí cuya solicitud de protección internacional había sido rechazada por la Comisión Territorial. A pesar de la denegación administrativa, el órgano judicial reconstruyó minuciosamente el marco jurídico aplicable, subrayando que la esencia del artículo 19 del Texto Único de Inmigración permanece intacta: Italia no puede expulsar ni devolver a una persona a un país donde exista riesgo de tortura o trato inhumano, ni realizar expulsiones que vulneren obligaciones constitucionales o internacionales.
Del razonamiento se desprende claramente que, incluso tras la derogación de ciertas disposiciones en 2023, la protección complementaria sigue funcionando como un instrumento de salvaguardia de rango constitucional. El Tribunal hace referencia expresa a la jurisprudencia previa a 2020, en particular a las sentencias del Tribunal de Casación de los años 2018, 2019 y 2021, que establecieron los criterios de comparación entre el grado de integración en Italia y las condiciones de vida en el país de origen.
En el caso concreto, el Tribunal constató pruebas sólidas de una integración social y económica efectiva: empleo continuado que culminó en un contrato indefinido, estabilidad habitacional, progreso en el idioma italiano y un claro compromiso con un proyecto de vida duradero en Italia. Estos elementos no son meros indicadores formales, sino componentes reales de la vida privada y familiar protegidas por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal destacó que el retorno forzoso del solicitante a Marruecos provocaría un deterioro significativo de sus condiciones de vida, especialmente dada la debilitación de sus vínculos familiares y sociales en el país de origen. Este riesgo evidente, cuando se evalúa junto con el nivel de integración alcanzado en Italia, activa los límites constitucionales a la expulsión y hace obligatorio el reconocimiento de la protección complementaria.
La decisión también subraya un principio operativo esencial: cuando una expulsión vulneraría obligaciones constitucionales o internacionales, la concesión del permiso de residencia por protección especial no es discrecional, sino obligatoria. Al no existir amenazas para el orden público o la seguridad nacional, el grado de integración del solicitante se convierte en el elemento central del análisis.
Para abogados, operadores jurídicos y responsables de políticas públicas, el decreto de Florencia constituye un recordatorio de que la protección complementaria sigue siendo una herramienta fundamental en el sistema italiano y que no puede ser restringida mediante intervenciones legislativas rápidas. Las Comisiones Territoriales deben realizar una evaluación comparativa real y no una valoración estereotipada o simplificada de la “vulnerabilidad”.
En un plano más amplio, esta decisión contribuye a la construcción de una jurisprudencia más coherente en un ámbito sujeto a cambios constantes, clarificando los estándares que deben guiar la actuación administrativa y el control judicial en casos de personas que han construido una vida estable, lícita y significativa en Italia.
El texto íntegro del decreto está disponible en:
https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f
Avv. Fabio Loscerbo
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