Según el TAR del Lacio, la residencia en una dirección convencional puede contar para solicitar la nacionalidad italiana
¿Puede una persona extranjera que vive legalmente en Italia, pero carece de vivienda estable y figura inscrita en el padrón municipal mediante una dirección convencional, computar esos años para solicitar la nacionalidad italiana por residencia? No es una cuestión puramente burocrática. La respuesta afecta a personas que trabajan, mantienen vínculos con una ciudad y cumplen las obligaciones de inscripción, aunque no puedan acreditar un domicilio físico ordinario. El Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio, sección V-bis, en su sentencia de 10 de abril de 2026, n.º 6471, examinó precisamente el valor jurídico de esa inscripción.
El caso: una solicitud declarada inadmisible
La Prefectura de Roma había declarado inadmisible una solicitud de nacionalidad por naturalización formulada al amparo del artículo 9, apartado 1, letra f), de la Ley italiana 91/1992. Consideraba que el solicitante no había demostrado diez años continuados de residencia legal. El interesado contaba desde noviembre de 2015 con permiso de residencia de larga duración de la Unión Europea y alegaba, entre otros argumentos, que la Administración estaba confundiendo la inscripción en una residenza fittizia o dirección convencional con la ausencia de residencia legal.
Además, señaló que su hermano, con un historial registral prácticamente equivalente, había obtenido la nacionalidad. Durante el proceso, la Prefectura explicó que, a partir del segundo semestre de 2023, había adoptado una interpretación más restrictiva sobre las inscripciones en direcciones ficticias. El tribunal examinó esa práctica a la luz de las normas nacionales de extranjería y empadronamiento, sin convertir la concesión otorgada al hermano en un derecho automático a obtener el mismo resultado.
La cuestión jurídica: dirección ficticia no significa residencia ilegal
La exigencia de diez años de residencia legal para la naturalización sigue plenamente vigente. El tribunal recordó que no basta estar físicamente en Italia: el requisito remite también al cumplimiento de las obligaciones de entrada, estancia e inscripción en el registro municipal. La residencia legal debe mantenerse en los términos exigidos por la normativa, y no se confunde con la mera permanencia de hecho.
Ahora bien, el artículo 2 de la Ley italiana 1228/1954 permite que las personas sin domicilio fijo sean inscritas como residentes en el municipio en el que han establecido su domicilio, entendido como centro de sus intereses. Para hacer efectivo ese derecho y deber, numerosos ayuntamientos utilizan direcciones convencionales, incluso calles creadas solo a efectos registrales. La denominación administrativa via fittizia no significa necesariamente que la inscripción sea falsa, fraudulenta o carente de efectos jurídicos.
El TAR relacionó esta disciplina con el artículo 1, apartado 2, letra a), del Decreto Presidencial 572/1993, que define la residencia legal también por referencia al cumplimiento de las reglas de inscripción registral. De esta combinación dedujo que la inscripción legítima en el padrón en una dirección convencional puede satisfacer el requisito de residencia legal para la nacionalidad. No cabe excluirla de manera automática solo por el nombre de la calle utilizada.
Por qué la Administración conserva facultades de comprobación
La decisión no convierte cualquier declaración de domicilio en prueba concluyente. El tribunal explicó que quien no dispone de domicilio fijo debe aportar los elementos necesarios para que el ayuntamiento compruebe que su domicilio y sus intereses se sitúan realmente en el municipio. También debe mantener los contactos que permitan localizarle y respetar las obligaciones de actualización que le correspondan.
Cuando se renueva el permiso de estancia, la normativa registral contempla deberes de confirmación de la situación de residencia. La pérdida de contacto, la cancelación del padrón por paradero desconocido o el uso de la dirección convencional para eludir normas pueden tener consecuencias. Pero esos hechos requieren una comprobación particular, no una presunción indiscriminada contra todas las personas inscritas en una dirección municipal ficticia.
El criterio resulta especialmente importante porque la propia institución de estas direcciones tiene una finalidad de interés público: permitir que se conozca y documente la presencia de las personas sin vivienda estable, facilitando el ejercicio de derechos y la actuación de los servicios públicos. A juicio del tribunal, la calificación jurídica de la inscripción no puede variar arbitrariamente de una Prefectura a otra por el mero cambio de una práctica interna.
El fallo: anulación y nuevo examen, no nacionalidad automática
La sentencia estimó el recurso en los términos de su fundamentación y anuló la decisión de inadmisibilidad de la Prefectura. La Administración quedó obligada a examinar nuevamente la solicitud conforme a los principios fijados por el juez. Las costas fueron compensadas.
Es fundamental distinguir tres decisiones distintas: la admisibilidad de la solicitud, la comprobación de todos los requisitos legales y la decisión final de conceder o denegar la nacionalidad. El TAR resolvió la primera controversia y ordenó un nuevo examen. No concedió directamente la nacionalidad al demandante, ni afirmó que una inscripción virtual exonere de demostrar la continuidad de la residencia o los restantes requisitos de naturalización.
Qué documentación conviene reunir antes de solicitar la nacionalidad
La primera comprobación debe dirigirse al historial de inscripciones y cambios de residencia. La certificazione storica di residenza permite localizar períodos de inscripción, traslados y eventuales cancelaciones. Es igualmente importante conocer qué entidad gestionaba la dirección convencional, cuándo se inició la inscripción, si hubo renovaciones o confirmaciones y si el interesado recibió comunicaciones del ayuntamiento.
Cuando la persona vive sin domicilio fijo, conviene conservar la documentación lícita que permita acreditar la conexión real con el municipio: comunicaciones de servicios sociales, documentación laboral y fiscal, asistencia sanitaria, correspondencia administrativa y constancia de comparecencias. Estos elementos no sustituyen sin más al registro obligatorio, pero ayudan a esclarecer la regularidad de la inscripción y la posibilidad de localización.
Antes de presentar una solicitud de nacionalidad debe revisarse también la continuidad de los títulos de estancia, las eventuales cancelaciones registrales, las condiciones aplicables en la fecha del trámite y la necesidad de mantener los requisitos hasta el juramento. Una interrupción administrativa no se corrige simplemente afirmando que la persona «siempre estuvo en Italia»: es preciso identificar la causa, las fechas y el procedimiento pertinente para rectificar o impugnar el registro si existe un error.
Cómo reaccionar ante una inadmisibilidad basada en una «residenza fittizia»
Si la Prefectura anuncia que una dirección convencional no contará para la residencia legal, debe analizarse cuidadosamente la motivación. La respuesta puede aportar el certificado histórico de residencia y la base normativa de la inscripción, explicar la situación de ausencia de vivienda estable y pedir una valoración individualizada. Es esencial no confundir el trámite de observaciones ante un preaviso desfavorable con la impugnación judicial del decreto final.
Si ya existe una decisión definitiva de inadmisibilidad, un abogado debe verificar inmediatamente la vía jurisdiccional y los plazos efectivos en función de la naturaleza de la decisión. No debe presumirse que toda controversia relativa a la nacionalidad se tramita ante el mismo juez ni que cualquier recurso suspende automáticamente el procedimiento. La sentencia del TAR del Lacio aporta un argumento sobre el valor de la dirección convencional, no una fórmula procesal universal.
Alcance del precedente
La resolución distingue entre la irregularidad o inexistencia real de un requisito y el uso de una figura administrativa expresamente prevista para personas sin domicilio fijo. La enseñanza operativa es doble: para el solicitante, documentar la continuidad de la residencia legal y la autenticidad de sus vínculos; para la Administración, evitar decisiones automáticas que traten toda dirección convencional como si fuera una inscripción irregular.
En el régimen de nacionalidad por residencia el requisito temporal conserva su importancia. Precisamente por ello, su comprobación debe apoyarse en la legislación y en los hechos del expediente, no en una presunción desfavorable construida únicamente a partir del tipo de dirección que utiliza el ayuntamiento.
Referencia judicial comprobada
TAR Lazio, Roma, sección V-bis, sentencia de 10 de abril de 2026, n.º 6471. Texto íntegro: EIUS, sentencia del TAR del Lacio. El comentario diferencia el contenido del fallo de las recomendaciones prácticas; estas últimas no sustituyen el examen individual de documentos, requisitos y plazos.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal de Casación italiano (Avvocato Cassazionista);
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de los Diputados de Italia en materia de inmigración;
Representante de intereses inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de migración y asilo;
ORCID: 0009-0004-7030-0428.
Artículo elaborado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.